Impunes los crímenes de personas defensoras de los derechos humanos

Impunes los crímenes de personas defensoras de los derechos humanos

Entre el  2009 y lo que va de 2018, cuarenta personas dedicadas a defender derechos humanos en México  han sido asesinadas. Otras cinco se encuentran desaparecidas. Margarito Díaz González, un líder marakamé y defensor de Wirikuta, es una de ellas.

El pasado 8 de septiembre de este 2018,  Margarito Díaz González,  marakamé y defensor de Wixárika,  fue asesinado, el líder indígena y defensor del medio ambiente de la comunidad Wixárika. El crimen ocurrió  en su casa ubicada en Aguamilpa, municipio del Nayar, en el estado de Nayarit. Un grupo de hombres armados ingresó su domicilio  y lo mató a balazos. Margarito se dedicaba a defender  los sitios sagrados del pueblo huichol.

Margarito, una persona mayor,  demandaba  detener a construcción de la presa “La Maroma” en Real de Catorce, en San Luis Potosí, lugar sagrado de los huicholes que abastecería de agua a los estados de Durango, Jalisco y Guanajuato.

El título de Marakame que ostentaba Díaz González representaba el de un defensor del bienestar de la comunidad Wixárika. Era considerado “un hombre de mucha fe en su cultura”. Wixárika  es uno de los Sitios Sagrados Naturales más importantes de los Wixárika, es uno de los cinco puntos cardinales de donde emanaron los dioses y al que periódicamente se dirigen en peregrinación las distintas comunidades del pueblo Wixárika para recrear el recorrido que hicieron sus antepasados para dar origen al mundo.

Wirikuta, que fue declarada Área Natural Protegida (ANP) en 1994, abarca prácticamente la totalidad de la Sierra de Catorce y se enmarca en la ecorregión del Desierto Chihuahuense.

El 20 de mayo de 2017 fueron asesinados otros dos líderes de la misma comunidad,  Miguel y Agustín Vázquez Torres.

Como línea de investigación de este asesinato, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió que se centrara  como defensor del medio ambiente   por la construcción de la presa de almacenamiento “La Maroma” y obras integradas a ese proyecto ubicadas en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, San Luis Potosí”.

Margarito es uno de las 40 personas dedicadas a defender derechos humanos que entre el  2009 y lo que va de 2018, han sido asesinadas.

De las 40 víctimas de esos proditorios asesinatos,  15 corresponden a mujeres y 25 hombres. Cinco  personas defensoras más se encuentran desaparecidas.

Las entidades con mayor número de homicidios de personas defensoras son Chihuahua (14), Guerrero (6), Oaxaca (6), Sinaloa (2) y Veracruz (2), por lo que el 75% de homicidios se concentra en estas entidades.

EN Washington la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para América Central, América del Sur, Colombia, Guatemala, Honduras y México, han documentado con gran alarma un aumento de casos de amenazas, hostigamiento, vigilancia, campañas de desprestigio, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, criminalización, tortura, e incluso desapariciones forzadas y homicidios en contra de personas defensoras de derechos humanos en la región.

Debido a la violencia ejercida en su contra, señalan estos organismos internacionales, es urgente aunar esfuerzos para frenar y revertir una tendencia que sitúa a la región como la más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos.

“Los Estados deben tomar medidas concretas, adecuadas y eficaces en materia de protección, prevención, investigación y acceso a la justicia para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su importante función social con libertad y seguridad”, señaló en un comunicado la CIDH.

 Por su parte, en ocasión del 20 Aniversario de la Declaración sobre Personas Defensoras— que se conmemora el 9 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la situación alarmante que enfrentan en el país las personas defensoras de derechos humanos por esos 40 homicidios que permanecen impunes y las cinco desapariciones.

La CNDH  advirtió de la  omisión con que se han conducido hasta ahora las autoridades de esos estados y del país ante el aumento de agresiones contra esas personas que, a riesgo de su propia vida, defienden los derechos humanos de  quienes han sido víctimas del abuso de poder.

 

Este Organismo Nacional considera que los ataques, agravios, descalificaciones y crímenes en su contra deber ser tema prioritario de las nuevas autoridades gubernamentales, que deben tener una actitud de reconocimiento, confianza y cooperación con quienes defienden a las víctimas de la vulneración de sus derechos y dignidad.

Para esta Comisión Nacional la actividad de las personas defensoras de derechos humanos es vital, “pues son la voz de diversos colectivos y temáticas que requieren atención pronta y decidida de las autoridades, ya que desarrollan una intensa labor en distintos ámbitos y sus iniciativas crecen cada día en un contexto en que la intervención de los gobiernos federal, estatales y municipales no ha sido suficiente para garantizar de manera integral la vigencia de los derechos en el país”.

 

La CNDH lamentó el aumento de estigmatizaciones y descalificaciones desde el poder contra esas personas que pretenden restringir su influencia y campo de acción, sin comprender que su labor es complementaria del servicio público.

 

De ahí, dice la CNDH en un comunicado, la importancia de consignar que cuando se pretende silenciar o inhibir la labor de las y los defensores se niega, al mismo tiempo, a muchas personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a sus derechos fundamentales.

 

Para esa Comisión Nacional, los estándares de la Declaración sobre Personas Defensoras y aquellos que derivan de la jurisprudencia de tribunales internacionales buscan reconocer y salvaguardar la labor que realizan estas personas.

 

Para la CNDH un aspecto transversal relacionado con su protección tiene que ver con el reconocimiento público de la labor que realizan, de ahí que es indispensable para su protección la promoción de una cultura que reconozca pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen en coadyuvancia de la democracia en el país.

 

Ante la importancia de la labor de las personas defensoras, la CNDH presentó ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) diversas propuestas sobre la importancia de prevenir y atender las agresiones y crímenes contra esas personas, e impulsó que los Ombudsperson del mundo suscribieran la Declaración de Marrakech, sobre su promoción, protección y la cooperación con las asociaciones.

 

De igual manera, presentó a sus homólogos a nivel mundial la campañ“Para que un día no tengamos que ser defensor@s de derechos humanos”, mediante la cual el Organismo Autónomo difunde y respalda el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos al que los gobiernos han hecho caso omiso ante el aumento de agresiones en su contra.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfatiza que solamente con la generación de contextos en que las personas defensoras puedan realizar su labor de manera segura podremos transitar hacia estadios más democráticos, donde los derechos humanos se ejerzan a plenitud.

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