En Chalco, López Obrador inicia su política pública hacia las personas mayores

 

  • Es una de las zonas más pobres del país
  • Se propone el gobierno de México apoyar a ocho millones 500 mil personas mayores de 68 años
  • Unifica las Tarjetas de Pensión Alimentaria con un apoyo de dos mil 550 pesos

 

 

Susana Sánchez.-Chalco, México.- En una de las zonas de mayor marginación e inseguridad del país, de una miseria desbordada, y en el contexto de las tensiones sociales por los sabotajes a las tuberías de hidrocarburos que provocan la escasez en el abasto de gasolinas en el centro del país, Rosario Cabrera López, Bernarda López Palomeque, José Toral Favela, Basilio Ciro Arredondo Cruz, personas mayores de más de 68 años, fueron las primeras receptoras de la nueva política pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las personas mayores del país.

 

El presidente mexicano, quien nació en 1953 y ya es una persona mayor al contar con 65 años, se propone que ocho millones 500 mil personas mayores del país de más de 68 años reciban una Tarjeta de Pensión Alimentaria al que se le acredita un carácter universal.

 

El gobierno de López Obrador ofreció a las personas mayores mexicanas de más de 68 años, este tipo de pensión por la cual recibirán durante el curso de sus vidas, la cantidad de dos mil 550 pesos cada dos meses. “Todos los adultos mayores de México van a tener este apoyo”, dijo el mandatario mexicano en un acto efectuado en esta población cercana a la Ciudad de México.

 

Una excepción en la edad para esta política pública es la de la población de personas mayores de las zonas indígenas que recibirán esta Tarjeta a partir de los 65 años.

 

“Vamos a llegar a finales de febrero, esa es la meta, ya entregando ocho millones 500 mil tarjetas. Todos los adultos mayores de México van a tener este apoyo. Ya contamos con el presupuesto para este año, son 100 mil millones de pesos para nuestros ancianos respetables”.

 

Chalco es una zona conurbada con la capital del país que en los años noventa del siglo pasado, fue uno de los graneros de votos del derrotado Partido Revolucionario Institucional y donde uno de los presidentes neoliberales, Carlos Salinas de Gortari, que gobernó entre 1998 y 1994, con quien López Obrador mantuvo una ríspida guerra ideológica, inició una frustrada cruzada contra el hambre que denominó “Solidaridad”.

 

A partir de este lunes, dos millones 500 mil de personas mayores recibirán este apoyo- antes era de unos mil 200 pesos cada dos meses- con el doble de la cantidad que percibían la administración priista del gobierno anterior, una política pública que López Obrador inició cuando era Jefe de Gobierno de la capital mexicana a principios del siglo.

 

En la Ciudad de México poco más de 520 mil personas mayores de 68 años reciben este apoyo económico por medio de la Tarjeta de Pensión Alimentaria, que ahora se federalizará en todo el país a partir del próximo marzo.

 

 

Foto: T E

En México, estudios e investigaciones realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) han detectado que el 70 por ciento de la población de personas mayores de 60 años carecen de algún tipo de pensión, la gran mayoría tiene que trabajar en empleos pésimamente más remunerados, por propinas como empacadores en las tiendas de autoservicio, limpiando vehículos o en servicios de vigilancia.

 

Otra de las instituciones dedicadas a estudios del envejecimiento con grandes limitaciones, es el Instituto Nacional de Geriatría, cuyas instalaciones fueron parte de una escuela para jóvenes infractores al sur de la Ciudad de México.

 

Un Instituto Nacional de las Personas Mayores, que forma parte de lo que ahora se llama secretaría del Bienestar Social, solamente se le conoce como la entidad dedicada a expedir credenciales a las personas de más de 60 años para ingresar gratuitamente a los transportes públicos gubernamentales, el Sistema de Transporte Público o en la red de trolebuses o del Tren Ligero.

 

Dentro de esa población de personas mayores, más de 15 millones de personas mayores con credencial de elector, sufren maltratos físicos, psicológicos, abandonos, despojos de sus bienes y en las instituciones de procuración de justicia, sus derechos humanos son comúnmente violados.

 

En este Valle de Chalco, una zona de alta marginalidad y de inseguridad, López Obrador, acompañado del gobernador priista Alfredo del Mazo, a quien se le vincula con el poderoso grupo político de Atlacomulco que domina el poder den el Estado de México, y de funcionarias del área social del gobierno federal, decidió iniciar su programa de política pública de atención a personas mayores, una población que crece a un ritmo de aproximadamente 800 personas diarias.

 

México se encuentra entre los países que carecen de una estrategia nacional que enfrente el envejecimiento de su población con la multitud de conflictos que ya plantea en la sociedad mexicana por la carencia, por ejemplo, de geriatras, especialistas en la atención de los padecimientos de la vejez.

 

Estimaciones conservadoras calculan que apenas México cuenta con unos 500 especialistas en geriatría. Los estudios sobre la vejez en México apenas se remontan a finales del siglo pasado.

 

Sus políticas de atención a las personas mayores se han limitado a otorgar limitadas pensiones alimentarias, transporte gratuito en la zona urbana de la Ciudad de México, descuentos en transportes terrestres para viajar por el país. Pero el gran tema de atención es el de la salud, ya que un importante número de su población anciana padece carencias alimentarias, enfermedades cardiacas, hipertensión, diabetes, y demencias, como el halzheimer, que representa uno de los grandes desafíos de la medicina moderna.

 

El gobierno anterior del priista Enrique Peña Nieto, el gran perdedor de las elecciones presidenciales de julio de 2018, dejó sin firmar la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2015, apenas firmado por un puñado de naciones latinoamericanas, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador y Uruguay. Esta Convención plantea una política pública integral hacia el envejecimiento de la población en la región, que sobre todo tenga como eje los derechos humanos de las personas mayores.

 

En el acto efectuado en Chalco, López Obrador dijo que se realizaba un censo casa por casa para la conocer el número de personas mayores que requieren de este tipo de política pública de Tarjetas de Pensión Alimentaria.

 

La política pública del gobierno de López Obrador incluye 25 proyectos estratégicos de atención a la población más vulnerable de la nación, entre los que figuran con algún tipo de discapacidad, jóvenes que carecen de empleo y no estudian, becas para estudiantes del medio superior de la educación, damnificados de los sismos de septiembre de 1917.

 

El programa de pensión alimentaria hacia las personas mayores del país incluye a pensionados de instituciones del gobierno afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y afiliados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

 

“Vamos a llegar, a finales de febrero, esa es la meta, Ya contamos con el presupuesto para este año, son 100 mil millones de pesos para nuestros ancianos respetables” dijo López Obrador a un público mayoritariamente integrado por personas mayores de esta localidad del Estado de México, una de las 32 entidades de la República Mexicana.

 

López Obrador está dispuesto a llevar esta política pública hacia las zonas más marginadas y alejadas de la metrópoli, como las montañas del estado de Guerrero, zonas dominadas por los sembradores de amapola y donde existen los grupos de organizaciones criminales más despiadadas del país.

 

A la pugna entre esos grupos de criminales se atribuye la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en la simbólica población de Iguala, donde en 1821 consumó el plan que terminó con la guerra de independencia iniciada en 1910.

 

La semana anterior, en la población de Tlapa, en ese estado del sur del país, el gobierno lopezobradorista inició la entrega de un millón tarjetas de apoyo económico a personas con alguna discapacidad, niños y niñas de las zonas pobres del país.

 

En otra población del estado de México, Tlalnepantla, López Obrador también inauguró el apoyo a jóvenes desempleados, un programa de capacitación dirigido a incorporarlos a los mercados de trabajo del país, talleres, comercios, pequeña, mediana y gran industria. Durante su capacitación los jóvenes mexicanos desempleados recibirán tres mil 600 pesos mensuales.

 

Para ser recepcionista de este tipo de beca, los jóvenes solamente requerirán de un tutor, puede ser un maestro, un familiar, un técnico, electricista, carpintero, un albañil, que invite a los jóvenes desempleados a formar parte de este programa de capacitación. Entre las ofertas de capacitación se ofrecen la de conductores de tráileres.

 

López Obrador se propone integrar a este programa de capacitación a dos millones 600 mil jóvenes con un presupuesto de 44 mil millones de pesos. “Y si falta más, vamos a conseguir presupuesto, pero no le va a faltar el apoyo a los jóvenes”, dijo el mandatario mexicano en esta poblado donde fácilmente los jóvenes son atrapados por la delincuencia.

 

Foto: T E

 

Para los jóvenes de educación media de escasos recursos, este mandatario mexicano les ofrece diez millones de becas. Cada estudiante de hogares humildes recibirán mil 600 pesos cada dos meses.

 

Los apoyos de los programa sociales del actual gobierno se entregarán de manera directa a los beneficiarios y se propone acabar con el clientelismo de diversas organizaciones políticas y partidos que han tomado a los beneficiarios como rehenes de sus políticas clientelares.

 

López Obrador ha prometido acabar con los llamados “moches” una forma con la cual los líderes, funcionarios y legisladores que servían de intermediarios de estos programas, se quedaban con parte de esos presupuestos públicos.

 

“La gente va a recibir su apoyo de manera directa, porque hay el vicio que se destinan los recursos desde arriba para beneficio de la gente y no llegan, no bajan o, cuando llegan, llegan ya con moche, incompletos”, aseguró el mandatario mexicano que apenas tomó posesión de su cargo el pasado primero de diciembre.

 

López Obrador se ha comprometido a distribuir para los programas sociales de su gobierno, entre 300 y 500 mil millones de pesos desde la Tesorería de la Federación a la gente de manera directa sin pasar por ninguna oficina administrativa del gobierno.

 

Un banco que en el sexenio pasado se encargaba de distribuir los apoyos a los damnificados y resultó que muchos de ellos se quedaron esperando en un fraude que hasta ahora se desconoce su magnitud, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, conocido como Bansefi, que ahora se va a llamar Banco del Bienestar se encargará de distribuir los recursos de esos programa sociales del gobierno de López Obrador.

 

Ese banco, según dijo el presidente mexicano, tendrá sucursales en todo el país, “hasta en las regiones más apartadas”.

 

El nuevo gobierno de México ha iniciado una batalla contra uno de los cánceres más profundos en el país, la corrupción. Para obtener los recursos para sus 25 proyectos de políticas públicas de carácter social, López Obrador dijo que se obtendrán de ese combate y de la austeridad de su gobierno.

 

“Vamos a tener estos apoyos, porque se está combatiendo la corrupción, se va a acabar la corrupción, ya nadie se va a robar el dinero que es del pueblo, que es de la nación. Y todo lo que ahorremos: para el pueblo, para la gente, para combatir la pobreza, para que haya justicia”.

 

Dentro de su discurso aludió a la guerra que ha declarado quienes se han beneficiado de la extracción ilegal de los hidrocarburos, que hasta ahora este gobierno ha sumado en extraordinarias sumas de un robo que supera los 65 mil millones de pesos al año.

Please follow and like us: