Más importante que nunca construir una política pública de cuidados de personas mayores

 

  • Son pocos los países que cumplen sus obligaciones relacionadas con los estándares internacionales de derechos humanos
  • La imprevisión prácticamente puede provocar que las personas mayores no reciban la atención que necesitan de manera adecuada, accesible y oportuna

 

Foto: T E

 

Para Sandra Huenchuan en su estudio Envejecimiento, Personas Mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Perspectiva Regional y de Derechos Humanos, si bien la atención de la salud de las personas mayores ha mejorado con el tiempo, aún son pocos los países que cumplen sus obligaciones relacionadas con los estándares internacionales de derechos humanos.

 

Cabe recordar que el derecho a la salud conlleva obligaciones, y una de ellas es la de garantizarlo por medio de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias, entre otras.

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha insistido en la necesidad de replantear la protección social de forma que responda de manera inmediata a las consecuencias de las transformaciones demográficas y que pueda anticipar respuestas a las demandas de una población en constante cambio, subraya esta investigación de Sandra Huenchuan.

 

En este contexto, señaló esta especialista, la construcción de una política pública de cuidados a largo plazo es más importante que nunca. Su fundamento, incluso por encima de la demanda, radica en el creciente aporte al empleo que las labores de atención de las personas mayores pueden representar para la economía de muchos países.

 

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Junto con ello, la previsión prácticamente nula de la necesidad de este tipo de cuidado en los sistemas de protección social puede provocar que las personas mayores no reciban la atención que necesitan de manera adecuada, accesible y oportuna. De este modo, una parte considerable de la población puede quedar excluida de los servicios sociales, y su patrimonio e ingresos pueden verse comprometidos en la búsqueda de ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

 

De no efectuarse cambios aprovechando la coyuntura actual, advirtió, es evidente que se verán afectadas las posibilidades de brindar protección social a toda la población tal como busca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 

Como ha manifestado, apunta esta autora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud de 2015: “Se necesita con urgencia una acción de salud pública integral sobre el envejecimiento. Aunque falta mucho por aprender, tenemos pruebas suficientes para actuar ahora, y hay cosas que todos los países pueden hacer, independientemente de su situación actual o nivel de desarrollo. El primer paso será centrarse en optimizar la capacidad funcional, que es el objetivo del Envejecimiento Saludable” (OMS).

 

De forma paralela, es indispensable reforzar los cuidados de largo plazo como tercer pilar de la protección social en la vejez. El envejecimiento de la población trae aparejado el riesgo de sufrir dependencia, y las personas mayores pueden necesitar los cuidados de otras personas debido a una discapacidad, una enfermedad crónica o un trauma, situaciones que pueden limitar su capacidad para llevar a cabo actividades de cuidado personal básico o tareas cotidianas.

 

Es necesario transitar, dijo esta experta, hacia la categorización del cuidado de largo plazo como un asunto de responsabilidad colectiva que debe ejercerse mediante prestaciones y servicios para, en el marco de los sistemas de protección social, maximizar la autonomía y el bienestar de las familias y de los individuos. Las respuestas públicas a esta problemática han de concebirse como parte del quehacer estatal e imponer ciertas obligaciones inmediatas con respecto a los que precisan ayuda y los que la brindan.

 

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“Tal y como se documenta en este estudio, la demanda de cuidado de largo plazo seguirá aumentando en la región. Sin embargo, la posibilidad de las sociedades de ofrecerlos a sus miembros es limitada: según las estimaciones para la primera mitad del siglo XXI, en la región no alcanzaría a una persona por cada miembro que necesita ayuda. Tal vez esto bastaría para satisfacer las necesidades de una parte de la demanda, pero no de aquellos que requieren una asistencia diaria permanente, intensiva y especializada”.

 

Por otro lado, señaló, la capacidad demográfica de una sociedad para prestar ayuda está condicionada por el contexto sociocultural y económico, en el que se aprecia claramente la incidencia de tres factores clave: la desigualdad de género que caracteriza la división de las tareas de cuidado, las diferencias generacionales en el ejercicio de la solidaridad y las inequidades por ingreso, que se traducen en la desprotección de segmentos específicos de la población.

 

“La heterogeneidad regional en este sentido es evidente. La composición demográfica actual de la carga de cuidados y la disponibilidad de cuidadores potenciales difiere de un país a otro según la etapa de transición demográfica que estén atravesando y, mientras que ciertos países cuentan con sistemas de protección social desarrollados, en otros ellos se encuentran debilitados”.

 

De ello se deriva precisamente uno de los grandes retos de aquí a 2030: avanzar hacia el reconocimiento y la inclusión del cuidado en las políticas públicas en un marco de interdependencia e igualdad, mencionó.

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