La tragedia nacional de un país convertido en una “gran fosa común”
La tragedia nacional de un país convertido en una “gran fosa común”
- Cuarenta mil personas desaparecidas, mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar
- Crea el gobierno de López Obrador Sistema Nacional de Búsqueda
- Son las víctimas de la guerra al narcotráfico
Después de una cruenta guerra contra las organizaciones del crimen organizado de más de una década, que ha convertido en una gran fosa común a extensas zonas del país con cuarenta mil personas desaparecidas, mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió crear el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) ante la espantosa tragedia nacional para atenuar el dolor y la incertidumbre de las miles de familias que esperan hasta ahora en forma infructuosa saber de sus familiares.
Saber del paradero de las cuarenta mil personas desaparecidas, la mayoría jóvenes entre los 17 y 29 años, resulta por hoy una odisea incierta para una débil estructura de gobierno que requiere de expertos forenses para analizar y dictaminar la personalidad de cada una de las víctimas que se encuentren en las fosas comunes.
Apenas han egresado de las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el principal centro de educación superior del país, 15 especialistas en medicina forense. La tarea de búsqueda con estas limitaciones, por tanto, es descomunal.
El gobierno mexicano tendrá que recurrir al auxilio forense internacional para dar respuesta a las miles de familias que buscan a sus hijos, hermanos, hermanas, tíos, padres desaparecidos.
Entre un ocho y diez por ciento de los desaparecidos son migrantes que procedían de los países del norte de Centroamérica.
La desaparición de estos miles de personas se ha detectado en las zonas de trasiego de drogas y trata de personas en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Sinaloa…
En esta búsqueda se incluye a periodistas cuyo número se desconoce con precisión y viene desde principios de siglo.
El gobierno mexicano ha dado otra voz de alerta, el cada vez más creciente número de infantes desaparecidos.
Alejandro Encinas Rodríguez, un economista egresado de la UNAM, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, es el responsable de tan intrincado y complejo encargo. Este Sistema es resultado, insistió Encinas, de amplias consultas con colectivos de víctimas y recomendaciones de organismos internacionales que busca prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.
También, citó, es resultado de un amplio proceso de consulta con familias de víctimas y con el acompañamiento y asesoría de diversos organismos internacionales.
En este contexto el Gobierno de México presentó a un día de un aniversario más de la Constitución mexicana de 1917, el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que parte del principio básico de nunca usar la fuerza del Estado para atender los problemas sociales y trabajar con pleno respeto a los derechos humanos.
El presidente se ha mostrado cauto en no dar esperanzas a los familiares. Prefirió esa mañana del lunes 4 de febrero, compartir su dolor, sentir su pesar y verse afectado por tal monumental número de víctimas de desapariciones y crímenes. Pero se comprometió a que el Estado mexicano no escatimará en recursos para asistir a víctimas, atender la legítima demanda de justicia y emprender verdaderas acciones de búsqueda:
Se hará, prometió López Obrador, todo lo que humanamente sea posible para saber de los desaparecidos y ayudar a los familiares. Ofreció que no faltarán recursos y destacó que lo más importante de todo, además de la voluntad que tenemos, es que quien está a cargo de este asunto tan lamentable “es uno de los mejores servidores públicos que tiene la nación, Alejandro Encinas”.
“Eso es lo que podemos dar en garantía”, dijo al destacar el nombre de Encinas.
Para el presidente mexicano que ha roto radicalmente con el presidencialismo neoliberal que gobernó al país desde 1982 al sumarse al Consenso de Washington que determinó desarmar el Estado del Bienestar y disponía la desnacionalización de los energéticos, ha optado por la estrategia de atender las causas sociales que originaron esta terrible tragedia.
López Obrador no ha dudado en señalar que tan cruento balance es “un saldo doloroso, terrible de la política económica neoliberal… Esta es la consecuencia de una política fracasada, inhumana, corrupta, que ya no puede volver a imponerse en nuestro país”.
Durante la presentación del plan, Alejandro Encinas Rodríguez, al mencionar el saldo actual de la tragedia de 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar, dijo que este crudo diagnóstico de muertes “da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país”.
Encinas Rodríguez indicó que el objetivo del plan “es diseñar, con la participación de las familias de las víctimas”, “las bases generales, las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos”.
El plan del gobierno mexicano consta de once puntos:
- Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). Queda atrás la simulación y por primera vez se reinstalará el SNB en estrecha coordinación con las entidades federativas y sus fiscalías. Se espera que la consolidación definitiva de este sistema quede lista en marzo.
- Nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Esta semana se realizarán entrevistas con los once postulantes; se prevé que el viernes 8 de febrero se dé a conocer al nuevo (a) titular.
- Comisiones locales de búsqueda. A la fecha se han conformado comisiones locales en ocho entidades. Se exhorta al resto de ellas a cumplir el ordenamiento legal en la materia, expedido hace más de un año.
- Presupuesto 2019. Para este año se han asignado 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Asimismo, se busca acceder a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados (que asciende a 7 mil 500 millones de pesos para 2019) con el fin de realizar acciones de identificación forense, búsqueda, exhumación y tareas relativas al Sistema Único de Información.
- Protocolo de Investigación y de Búsqueda. Abarca protocolo homologado de investigación de los delitos vinculados con la desaparición forzada, así como protocolos homologados para búsqueda, exhumación e identificación. Lo anterior, con un enfoque diferenciado por región.
- Coordinación y Células de Búsqueda en Vida. Se favorecerán las tareas de carácter preventivo y se dará prioridad a la búsqueda en vida. Ello permitirá, entre otras cosas, prevenir y atender lo relativo a delitos vinculados con la trata de personas.
- Atención a Víctimas. Se dará atención especial a las víctimas de delitos vinculados con trata de personas y migrantes. Asimismo, serán replanteadas las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
- Instituto Nacional de Identificación Forense. Se creará dicha instancia con el fin de coordinar los servicios forenses de todo el país. Se ha trabajado en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja Mexicana, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), esperando tener listo el INIF en marzo.
- Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI). Será sistematizada la información disponible en hospitales, centros de atención siquiátrica, Sistemas DIF, centros de salud y de atención de adicciones, así como el sistema penitenciario del país, servicios médicos forenses, Registro Nacional de Personas Fallecidas, albergues públicos y privados, panteones o lugares donde se depositan restos mortales.
- Asistencia Técnica Internacional. Se han establecido convenios con organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para el Desarrollo; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): Comité Internacional de la Cruz Roja; Agencia de Cooperación Internacional Alemana; Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se han entablado pláticas con la Unión Europea.
- Justicia y Tipificación del Delito. Implica el cabal cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; establecer la plena responsabilidad en delitos de desaparición forzada por parte de superiores jerárquicos de agencias del Estado. Además, brindar beneficios de ley por colaboración eficaz, lo que incluye mecanismos de protección a testigos a las personas que proporcionen la información para el esclarecimiento de estos hechos.
El subsecretario Encinas anunció que en breve la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estará a cargo de la instalación de la Mesa de Reconciliación y Diálogo que dará las bases para la pacificación del país.
Asimismo, anunció que se presentará un plan específico para la atención a feminicidios.
