Aún falta difundir la Ley de Voluntad Anticipada

 

  • Hasta ahora 14 entidades de la nación cuentan con este tipo de regulación: Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala

 

 

En Ciudad Universitaria, la abogada Imelda González Guevara habló de un tema aún tabú en la sociedad mexicana, el Derecho a una Muerte Digna que configura la Ley de Voluntad Anticipada para personas en situaciones de enfermedades o padecimientos terminales.

 

Además, la catedrática González Guevara mencionó que hasta ahora 14 entidades de la nación cuentan con este tipo de regulación: Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala.

 

Esta profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante una conferencia ante estudiantes, mencionó que a pesar de que instrumento legal existe y está vigente en Ciudad de México, hay un desconocimiento público casi generalizado sobre él y un todavía escaso análisis de juristas y médicos.

 

Después de las elecciones de julio de 2018, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, adelantó que una de las líneas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador sería promover la Ley de Voluntad Anticipada en todas las legislaciones civiles del país.

 

En una reunión efectuada en esas fechas en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México con jueces y magistrados, Sánchez Cordero les informó de esa iniciativa. Les dijo que “se promoverá en todo el territorio la Ley de Voluntad Anticipada, y en todas las entidades federativas que aún no cuenten con ella se promoverán reformas en los códigos civiles para consagrar el derecho a una muerte digna”.

 

Sánchez Cordero fue una de las redactoras de la Constitución de la Ciudad de México que incorporó la figura de la muerte digna que en otros países como Suiza tienen otra interpretación y otros alcances en la figura de un suicidio asistido, como al que recurrió el científico australiano de origen inglés el pasado diez de mayo de 2018. David William Goodall, un ecologista australiano, decidió fallecer por voluntad propia a los 104 años, mientras escuchaba la Novena Sinfonía de Beethoven. Goodall era un defensor de la muerte digna voluntaria.

 

“Mi sentimiento es que una persona mayor como yo debe beneficiarse de sus plenos derechos de ciudadano, incluido el derecho al suicidio asistido”, dijo Goodall días antes de su viaje a Suiza para someterse a la eutanasia, una palabra que estremece y perturba a los círculos conservadores, sociales, eclesiásticos y políticos del planeta.

 

La Constitución de la capital mexicana incorporó dentro de otro contexto y otra interpretación, este derecho humano en el marco del derecho a la autodeterminación personal de que puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. “La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”, dice escuetamente este texto constitucional.

 

En marzo del año pasado se cumplieron una década de la entrada en vigor de la Ley de Voluntad Anticipada. En esos diez años alrededor de 10 mil personas se habían adherido a esa ley. Siete mil 500 lo habían hecho en notarías 75 por ciento y el 25 por cierto ante instituciones de salud. El 60 por ciento de ellas aceptó dar su consentimiento para donar órganos, de acuerdo a un informe de la administración anterior de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

 

La Voluntad Anticipada consiste y tiene por objeto establecer y regular “las normas, requisitos y formas de realización de la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio, respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona, cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural”.

 

Esta Ley, empero, advierte para no interpretarla ni confundirla como un suicidio asistido al que llegó el científico australiano, que “la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente ley, son relativas a la Voluntad Anticipada de las personas en materia de Ortotanasia, y no permiten ni facultan bajo ninguna circunstancia la realización de conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida”.

 

En el informe de dependencia del gobierno capitalino se informó que en 2016 el total de decesos de personas de 65 años y más fueron de 43 mil 658, de los cuales 58 por ciento fue por alguna enfermedad crónico degenerativa que en alguna etapa llegó a una situación determinante. De haber suscrito ese documento, según ese informe, muchas de esas personas habrían tenido la oportunidad de decidir en qué forma querían ser tratadas en el momento al final de su vida.

 

En su conferencia en el auditorio Isidro Favela, para la profesora Imelda González Guevara decidir por uno mismo si se prefiere seguir vivo, a veces artificialmente, o morir con dignidad ante un escenario de enfermedad terminal en la que se está desahuciado para los próximos seis meses, es el objetivo de la Ley de Voluntad Anticipada.

 

En el Auditorio Isidro Fabela de la FD, la especialista recomendó a todo el público, pero especialmente a los juristas, documentarse sobre esta ley, sobre la que cada persona puede adquirir una postura de acuerdo con sus principios y valores, a su voluntad y forma de vida.

 

“Hay que aprender a respetar la voluntad del enfermo terminal”, afirmó la jurista, quien insistió en la necesidad de hablar en familia del tema de la muerte para que padres, hijos, cónyuges, hermanos y demás familiares conozcan abierta y francamente la posición de cada individuo ante un escenario de muerte terminal.

 

“Si ya se tuvo el derecho a vivir, también se tiene el derecho a morir con dignidad”, dijo la jurista, quien presentó el formato de Voluntad Anticipada del Enfermo Terminal, un documento que, recomendó, todos deberíamos firmar con plena conciencia, para prever qué hacer en caso de convertirnos en enfermos terminales ante un futuro incierto.

 

González Guevara explicó con detalle que La Ley de Voluntad Anticipada posibilita que las personas en etapa terminal puedan decidir, mediante un formato, si son sometidos a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida o no. Para que alguien diagnosticado así tenga la capacidad de decidir si quiere alargar su vida o no, el diagnóstico médico no tiene que ir más allá de los seis meses de vida.

 

Una vez certificado ante un notario público, el documento tiene que anexarse al expediente clínico del paciente para dejar constancia de que la persona en estado terminal fue quien tomó la decisión y realizar el proceso de forma legal, explicó la especialista.

 

Mencionó que la capital del país fue la primera entidad de la nación en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada. En 2008, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal promulgó una ley a partir de tres iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, señaló la profesora de esa Facultad que pertenece a la más importante universidad de Latinoamérica.

 

La voluntad anticipada expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando alguien se encuentre en una situación en que las circunstancias no le permitan expresar personalmente su deseo. En el documento puede designarse a un representante que será el interlocutor con el médico, y que sustituirá al enfermo en caso de que no pueda expresar su voluntad.

 

El formato de voluntad anticipada se tramita ante notario público y necesita cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años; estar en pleno uso de sus facultades mentales; acudir ante un notario público; elegir un representante y un representante sustituto; firmar ante dos testigos; presentar identificación oficial vigente de solicitante, representantes y testigos, y cubrir el costo. Se otorga en instituciones de salud públicas, privadas y sociales, explicó esta abogada al final de su conferencia.

 

Hasta el mes de abril el Mes de la Voluntad Anticipada el costo en general era mil 200 pesos la suscripción de ese documento.