Incapaces las autoridades mexicanas para acreditar a la discriminación como delito

 

  • El artículo primero constitucional establece el derecho fundamental a la no discriminación, y obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar si se presenta

 

Foto: T E

 

Las autoridades mexicanas han sido incapaces para acreditar como delito, la queja por discriminación , aseguró Francisco Javier Galicia Campos, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la más importante universidad mexicana, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

Aunque se han tomado medidas para evitar la discriminación racial, presente en todos los países, esta problemática sigue latente en nuestro país, añadió.

 

México cuenta con mecanismos legales que la prohíben y castigan, pero la ley ha sido laxa, dijo en una entrevista el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la mayor universidad mexicana, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

Las razones que esgrimió Galicia Campos para argumentar sus afirmaciones son la falta de una cultura ciudadana de la denuncia para evidenciar estos actos, y la incapacidad de las autoridades para acreditar la queja como delito, pues se persigue por querella, no por oficio.

 

El penalista indicó que en nuestro país el artículo primero constitucional establece el derecho fundamental a la no discriminación, y obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar si se presenta.

 

Galicia Campos mencionó que gracias a la exigencia social, en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 

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No obstante, destacó, que en 12 de los 32 estados –Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas– no tienen tipificada la discriminación racial como delito, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

 

En la Ciudad de México, si un individuo incurre en conductas de este tipo, la ley impone una pena alternativa: prisión de uno a tres años, o de 10 a 25 días de trabajo en favor de la comunidad y multa, afirmó

 

Como sociedad civil debemos pronunciarnos contra estas conductas, y en la academia nos corresponde difundir una cultura de la no discriminación, puntualizó Galicia Campos.

 

Desde hace años, El Instituto de Investigaciones Jurídicas imparte un diplomado sobre el derecho a la no discriminación. Está dirigido a servidores públicos, investigadores, activistas en derechos humanos, miembros de organizaciones sociales y civiles, así como estudiantes de licenciatura de diversas áreas, el diplomado pretende dotar a los participantes de las herramientas necesarias para la investigación, protección y promoción del derecho a la no discriminación, desde sus respectivas funciones y actividades.

 

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El 21 de marzo se designó como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial para recordar los hechos violentos contra un grupo de ciudadanos negros que se manifestaban de forma pacífica contra la segregación racial, conocida como Apartheid, en Sharpeville, Sudáfrica, en 1960.

 

Tras la muerte de al menos 69 personas y 100 heridos, la Asamblea General de la ONU instó a la comunidad internacional a eliminar todas las formas de discriminación racial.

 

La Convención Internacional sobre toda forma de discriminación racial (ICERD) es uno de los principales tratados internacionales dirigidos explícitamente a la eliminación de la discriminación racial.

 

Conformada por 174 Estados parte y adoptada en 1965, la ICERD consta de 25 artículos y una serie de recomendaciones generarles para dar solución de este problema. Al ser señalado como país racista, el gobierno mexicano decidió ratificar este convenio en 2002.

 

La convención da voz a la sociedad civil, por lo que se convierte en una herramienta útil para hacer valer sus derechos, señaló finalmente este abogado mexicano.

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