Los abusos del poder hacen peligrar la vigencia de los derechos humanos en México

Alerta la CNDH a los Ombudsperson del país sobre los cuestionamientos que enfrentan, de diversos modos y desde diversas instancias, los sistemas de protección y defensa de los derechos humanos, así como la utilidad y vigencia de tales prerrogativas.

Zacatecas.- Ante los abusos del poder en el país, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, planteó a sus homólogos del país adoptar un plan básico de acción enfocado a tres puntos fundamentales: fortalecer la tarea pedagógica sobre el Ombudsperson; defender la autonomía y atribuciones de los Ombudsperson y reforzar su presencia pública en la atención a los requerimientos de las víctimas para actuar en beneficio de los derechos de las personas, de la legalidad y de la institucionalidad democrática y republicana en nuestro país.

Al inaugurar el L Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), en el Museo Rafael Coronel, de esta ciudad de Zacatecas, alertó a los Ombudsperson del país sobre los cuestionamientos que enfrentan, de diversos modos y desde diversas instancias, los sistemas de protección y defensa de los derechos humanos, así como la utilidad y vigencia de tales prerrogativas.

Advirtió que no debe permitirse que los avances del país en materia de derechos humanos se reviertan y se vea a esos derechos como simples postulados teóricos o meras disposiciones programáticas, sin posibilidad real de defensa o vías para exigir su cumplimiento, más allá de la promoción de acciones judiciales sujetas a formalismos y requerimientos técnicos.

González Pérez señaló que los retos que enfrentan los Organismos Públicos de Derechos Humanos no son sencillos, ya que van desde afectaciones presupuestales, que restringen y condicionan la capacidad operativa de los Ombudsperson, hasta iniciativas de reformas normativas que, al desconocer y desnaturalizar la esencia de su trabajo, lo debilitarían al reducir sus funciones a las de un participante más en los procedimientos judiciales y le imposibilitarían ejercer su papel como contrapeso frente a las autoridades, guardián de la legalidad y factor en el equilibrio constitucional entre poderes.

Refirió que la tan repetida frase “trabajemos por la consolidación y vigencia de los derechos humanos en México” es más actual que nunca.

González Pérez refrendó que la función de los Ombudsperson es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos; salvaguardar y protegerlos mediante las acciones que legalmente tienen encomendadas, de ahí que sus pronunciamientos no buscan denostar o debilitar gobiernos, autoridades o instituciones, sino fortalecerlos, al darles la oportunidad de hacer expreso su compromiso con la legalidad y la dignidad humana, reparando las violaciones a derechos humanos que se cometieron.

Precisó que los ciudadanos mexicanos renovaron su compromiso democrático, que no puede lograr todo por sí mismo, sino a partir de una relación con los valores que dan sentido al constitucionalismo, es decir, con el respeto a los derechos humanos. Y agregó que no necesariamente las decisiones adoptadas por el principio de la mayoría o con la simpatía popular son acordes con los valores constitucionales.

Los derechos humanos, dijo, solo pueden ser vigentes en el marco del Estado democrático de Derecho, por lo que es preciso que todo acto de autoridad respete y fortalezca el respeto y vigencia de los derechos fundamentales en nuestro país.

González Pérez estuvo acompañado en este evento por la Presidenta de la FMOPDH, Namiko Matzumoto Benítez, y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos,

El Ombudsperson nacional insistió en que la Guardia Nacional no representa por sí misma la solución a todos los problemas de inseguridad y violencia, por lo que suponer que su entrada en operación cambiará la situación imperante en el país es, cuando menos, ingenuo. Si se integra y opera debidamente, puede ser parte de la solución del problema, pero no es la solución en sí misma.

Indicó que por mejor capacitado que esté un cuerpo que asuma funciones policiacas, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con 33 fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles.

Criticó la falta de integralidad en la respuesta del Estado a la violencia e inseguridad, ya que las modificaciones al artículo 19 Constitucional, para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, son un contrasentido a la reforma al sistema de justicia penal en detrimento de los derechos fundamentales de las personas y del diseño normativo que aún se encuentra en proceso de implementación.

Aseguró que es una perspectiva errónea centrar en el uso de la fuerza las esperanzas de que en México alcancemos verdadera seguridad y justicia; “no podemos seguir apostando a la reacción y al uso de la fuerza sobre la prevención, porque la violencia no acabará con la violencia, en todo caso servirá para controlar temporalmente situaciones concretas”.

Finalmente, González Pérez señaló que la reforma en materia de Guardia Nacional no agota la necesaria revisión y replanteamiento de nuestras políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia, que debe continuarse de manera integral y multidisciplinaria, tomando como premisa el respeto y defensa de los derechos humanos.