Hacia el derecho a la eutanasia en México

 

  • El Estado debe fundar una institución que supervise, regule y establezca las condiciones para decidir cuándo y cómo morir
  • Ya lo incluye en su texto como muerte digna la Constitución de la Ciudad de México desde 2017 como un derecho humano y de autodeterminación personal

Foto: T E

 

 

En mayo de 2018, el científico australiano de origen británico, David Goodall, cuando cumplió 104 años, decidió recurrir al suicidio asistido después de ser discriminado como académico Universidad Edith Cowan de Perth. En 2016 se alegó riesgos para su seguridad en su movilidad cuando se le pidió que dejara su cargo de investigador honorífico de esa universidad. Goodall viajó a Basilea, Suiza, un país donde está legalizado el suicidio asistido.

 

Goodall no sufría de ningún padecimiento, simplemente alegó que su calidad de vida se había deteriorado. Viajó a Suiza porque en su país le impedían tomar esa decisión de una muerte digna y alegó tener derecho al suicidio asistido. Este científico australiano murió inyectándose Nembutal escuchando la novena sinfonía de Beethoven, el Himno de la Alegría. Este científico era un activista de la eutanasia.

 

La eutanasia, el suicidio asistido es uno de los temas que han estado pendientes de resolver para la comunidad jurídica y médica mexicana. Es la capacidad legal de una persona en condiciones de salud terminales para que pueda decidir su muerte digna, que como figura constitucional ya incluye en su texto la Constitución de la Ciudad de México desde 2017 como un derecho humano y de autodeterminación personal.

 

Hasta ahora existe la Ley de Voluntad Anticipada que la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó desde 2008, una regulación legal en la Ciudad de México y en los estados de Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala.

 

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El tema que el pasado febrero abordó la abogada Imelda González Guevara, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM durante la conferencia Derecho a la Muerte Digna en la Ciudad de México, ahora es retomada durante el coloquio Eutanasia hoy: retos y dilemas, por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

Para la abogada González Guevara decidir por uno mismo si se prefiere seguir vivo, a veces artificialmente, o morir con dignidad ante un escenario de enfermedad terminal en la que se está desahuciado para los próximos seis meses, es el objetivo de la Ley de Voluntad Anticipada.

 

Este instrumento legal existe y está vigente en Ciudad de México, dijo por entonces la abogada y profesora universitaria, quien señaló que hay un desconocimiento público casi generalizado sobre él y un todavía escaso análisis de juristas y médicos.

 

En esa conferencia dictada en el auditorio Isidro Fabela de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria, la abogada González Guevara recomendó a todo el público, pero especialmente a los juristas, documentarse sobre esta ley, sobre la que cada persona puede adquirir una postura de acuerdo con sus principios y valores, a su voluntad y forma de vida.

 

“Hay que aprender a respetar la voluntad del enfermo terminal”, afirmó la experta, quien reconoció la necesidad de hablar en familia del tema de la muerte para que padres, hijos, cónyuges, hermanos y demás familiares conozcan abierta y francamente la posición de cada individuo ante un escenario de muerte terminal”, expresó esta universitaria mexicana.

 

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Este tema que causa aún escozar y toca las fibras más sensibles de la sociedad mexicana como lo es su pensamiento religioso o conservador sobre sus cultos tradicionales vuelve a retomarse pero ahora en la figura de la eutanasia que ha sido retomado por otros universitarios mexicanos.

 

En este coloquio realizado apenas hace unos días en Ciudad Universitaria participaron Jorge Linares Salgado, director de la Facultad de Filosofía y Letras; Paulina Rivero del Programa Universitario de Bioética, así como Asunción Álvarez del Río, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina.

 

El Estado debe fundar una institución que supervise, regule y establezca las condiciones para decidir cuándo y cómo morir, coincidieron Jorge Linares Salgado, Paulina Rivero y Asunción Álvarez del Río

 

Para estos expertos México debe avanzar en la regulación médica y legal que establezca el derecho a decidir, de manera autónoma, cuándo y cómo morir. Para ello, el Estado debe fundar una institución que supervise, regule y establezca, en el marco de una discusión abierta y plural, las condiciones para que alguien tome esta determinación, coincidieron además estos expertos de la máxima casa de estudios mexicana.

 

Durante ese coloquio Eutanasia hoy: retos y dilemas, los directores de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), consideraron que la eutanasia es el acto médico llevado a cabo a petición expresa de un paciente desahuciado para adelantar su deceso y no vivir por tiempo indefinido con dolor o sufrimiento.

 

“La eutanasia no es cualquier tipo de muerte. Se trata de un acto médico que el paciente ha pedido porque se encuentra en una situación de sufrimiento irremediable; es algo por lo que debemos luchar, pero que nuestros gobernadores no se atreven a legalizar”, explicó Paulina Rivero.

 

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En el Aula Magna de la FFyL, Linares Salgado aseguró que con los medios e instituciones que ahora tenemos se podría encontrar un sistema de regulación eficiente y adecuado encaminado a ese objetivo.

 

“El sufrimiento físico y mental, o la inhabilidad de la vida, son condiciones suficientes, aunque no lo sean para todos, para que una persona en circunstancia irreversible e incurable, y que no se encuentre en estado de alteración mental, tenga la oportunidad de decidir morir de manera eficiente e indolora”.

 

El tema de la eutanasia no podrá ser eludido por ningún gobierno que se diga democrático, y tarde o tempano tendremos que discutirlo en términos legales, sentenció Linares Salgado.

 

Para evitar abusos se debe asegurar que las instituciones, reglamentaciones y regulaciones sean eficientes y adecuadas; de esta manera se certifica la autodeterminación para extender las posibilidades de decisión de vida.

 

Finalmente, Asunción Álvarez del Río hizo notar que los países donde se permite alguna forma de eutanasia médicamente asistida, como Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Además precisó que el suicidio médicamente asistido se permite en estas naciones, con la excepción de Colombia, y en ocho estados de la Unión Americana.

 

La voluntad Anticipada

 

¿En qué consiste la Ley de Voluntad Anticipada? La bogada González Guevara lo explicó en su conferencia de febrero pasado: posibilita que las personas en etapa terminal puedan decidir, mediante un formato, si son sometidos a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida o no. Para que alguien diagnosticado así tenga la capacidad de decidir si quiere alargar su vida o no, el diagnóstico médico no tiene que ir más allá de los seis meses de vida.

 

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Una vez certificado ante un notario público, el documento tiene que anexarse al expediente clínico del paciente para dejar constancia de que la persona en estado terminal fue quien tomó la decisión y realizar el proceso de forma legal, explicó la especialista.

 

La voluntad anticipada expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando alguien se encuentre en una situación en que las circunstancias no le permitan expresar personalmente su deseo. En el documento puede designarse a un representante que será el interlocutor con el médico, y que sustituirá al enfermo en caso de que no pueda expresar su voluntad.

 

El formato de voluntad anticipada se tramita ante notario público y necesita cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años; estar en pleno uso de sus facultades mentales; acudir ante un notario público; elegir un representante y un representante sustituto; firmar ante dos testigos; presentar identificación oficial vigente de solicitante, representantes y testigos, y cubrir el costo. Se otorga en instituciones de salud públicas, privadas y sociales.

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