La visibilidad, el derecho humano más violado de las personas mayores

 

• En el Salón Digna Ochoa, de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, se presentó el Manual de Capacitación sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su tercera edición, donde se volvió a escuchar el reclamo al gobierno mexicano de que ratifique esa Convención que garantiza los derechos humanos de personas de más de 60 años

 

 

José Luis Camacho López.-Pasa inadvertido. La población usuaria de la Estación Derechos Humanos de la Línea 3 del Metro no lo ve y mucho menos lo escucha. Es un hombre de 71 años que trabaja de siete de la mañana a tres de la tarde todos los días, excepto el jueves que es su día de descanso. Se dedica a barrer y recoger la basura de esa estación del Sistema de Transporte Colectivo capitalino. Se llama Juan Canchola Michet, originario de La Piedad, Michoacán. No es visible.

 

El derecho humano más violado de las personas como él es el de la visibilidad. Juan es una persona mayor, de acuerdo con la Convención de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 2015 de la Organización de Estados Americanos, que México aún con la IV República no ratifica.

 

En el Salón Digna Ochoa, de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, se presentó el Manual de Capacitación sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su tercera edición, donde se volvió a escuchar el reclamo de que el gobierno mexicano ratifique esa Convención que garantizaría los derechos humanos de personas como Juan, los haga visibles para el conjunto de la sociedad mexicana.

 

En la presentación de este Manual se menciona las obligaciones de la autoridad sobre los derechos humanos de las personas mayores: respetarlos, garantizarlos, prevenirlos y promoverlos. Juan no está al tanto de esos derechos.

 

En ese Salón se encontraba Leovigilda Montiel Ordaz, de 87 años, ojeaba el Manual, no aprendió bien a leer y escribir. Nació en Santa Mónica, estado de Hidalgo, trabajo siempre en “casas”, como trabajadora del hogar, pero ahora es parte de un grupo que busca que se reconozcan los derechos de las personas mayores, como el de la visibilidad.

 

La presidenta de esa Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez Hernández, presentó un informe sobre las quejas que ha recibido esa institución desde el 2012 a 2019: mil 627 quejas calificadas como presuntamente violatorias a derechos humanos de personas mayores. En las últimas fechas fueron por diversas irregularidades en el proceso de federalización de las pensiones alimentarias, que recibían de unos mil 250 pesos cada mes y que ahora serán dos mil 500, pero cada dos meses.

 

En este proceso hay confusiones, la mayoría de las personas mayores receptoras de ese programa estaba convencida de que los dos mil 500 pesos serían cada mes.

 

 

El 30% de estas mil 627 quejas se presentaron entre 2012 y 2017, en cinco años; la mitad de ellas se presentaron sólo el año pasado. El 20% de ellas se presentaron en los primeros cuatro meses del año. Esta defensora de derechos humanos se preguntó: ¿a qué se debe esto?

 

Ramírez Hernández lo atribuyó a que en su mayoría las personas mayores de la capital las presentaron por retrasos, suspensión, desinformación, desaparición de saldos de las Tarjetas de Pensión Alimentaria, que recibían más de 525 mil personas de más de 68 años de la Ciudad de México, un programa social iniciado durante el gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue Jefe de Gobierno de la capital del país.

 

Dado el enorme nivel de quejas, en la Comisión de Derechos Humanos se organizó una reunión en abril pasado, las instalaciones fueron rebasadas, unas ochocientas personas mayores presentaron sus diversas quejas por deficiencias en el proceso de federalización de ese programa social que ahora estará a cargo, a partir de junio de la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal.

 

Esos centenares de personas mayores que acudieron a presentaron sus quejas se hicieron visibles, pusieron a trabajar a marchas forzadas a todo el personal de esa institución fundada hace 25 años. No cabían en los espacios de la Comisión.

 

En la presentación de ese Manual, la directora de la Agenda de esa Comisión de Derechos Humanos, Rocío Angélica Quintana Rivera, mencionó que la mayor discriminación hacia las personas mayores es no ser vista, como le ocurre a Juan Canchola, un trabajador de limpieza en el Metro pero que no es trabajadores del Metro con un salario menguado con caprichosos cobros a su salario que no rebasa los mil 500 pesos quincenales.

 

Quintana Rivera citó que la invisibilidad es una forma de violencia contra las personas mayores, otra forma de maltrato y discriminación.

 

El retraso en los pagos, la incorporación a los padrones federales, es un derecho que tuvo impactos fuertes en las personas mayores receptoras de ese programa social, por eso hubo esa gran cantidad de quejas, dijo la presidenta de esa Comisión, quien destacó además que, a pesar de ser un problema federal, correspondería a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo siguen atendiendo porque “para nosotros la gente en la Comisión no es un papel o una burocracia”.

 

“Las personas son personas desde un inicio- dijo Ramírez Hernández- si lo decimos para afuera lo decimos para adentro, son dignas de nuestra atención. Por lo tanto, más allá de que el programa sea federal o local, nosotros a seguir atendiendo y estando presentes con todos nuestros peticionarios hasta que se solucionen su problema. No podemos repetir lo mismo de lo que nos quejamos del de la puerta de enfrente. Es muy importante ser congruentes”.

 

 

Sobre el Manual de Capacitación sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana exhorta a trabajar en la comunidad, en las propias familias, a cambiar “ante estas inercias que se vienen acrecentando más, que son visiones discriminatorias y que son visiones minoristas”.

 

Para Nashieli Ramírez Hernández las personas mayores son sujetas de derechos hasta el último, dignamente hasta la muerte.

 

Juan Canchola trabajó en una fábrica de rines para automotores, después en una fábrica de hilos, más tarde en una maderería y ahora de trabajador de una empresa de limpieza que da servicios en el Metro, una empresa que cambia de razón social y esporádicamente le hace descuentos en su nómina, hasta 500 pesos, con lo cual su salario es cada vez más precario. Se lo “transan”, dijo en una breve entrevista.

 

Vive con su yerno, el esposo de su hija que falleció de cáncer hace tres meses, en una vivienda en los Pedregales de Santo Domingo, una zona popular al sur de la Ciudad de México. Para que su hija tuviera atención de un cáncer avanzado se endeudó con un banco por la cantidad de 70 mil pesos, que ahora paga con su pensión del Seguro Social que no rebasa los tres mil pesos, por lo que le quedan unos 300 pesos. Por eso tiene que trabajar en la limpieza de las estaciones del Metro.

 

Sin embargo, Juan no es visible para la población usuaria de esa Estación del Sistema de Transporte Colectivo, el pasaje apenas lo ve barriendo, recogiendo la basura que dejan en los andenes y escaleras. Atribuye a que personas mayores trabajan en la limpieza del Metro porque son más responsables que los jóvenes, por eso lo contratan, pero con derechos vulnerados, como el de recibir un salario íntegro, sin moches. Es Juan, el aún invisible.