Permanece en México la ausencia del Estado de Derecho: CNDH

 

• Falta de resultados positivos de la estrategia fallida de más de una década de combate a la inseguridad y criminalidad organizadas que se ha centrado en el uso extensivo de la fuerza pública

 

 

León, Guanajuato.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, insistió en que México atraviesa por una ausencia de Estado de Derecho en diversos ámbitos, como corrupción, violencia, impunidad y violación de derechos humanos.

 

Existen pendientes, dijo, como las desapariciones de personas, desigualdad, pobreza, desempleo, insuficiencia salarial, educación, déficit en la atención de la salud y vivienda de calidad.

 

Asimismo, al participar en el 2° Congreso Internacional de Derecho “Derechos Humanos, Ombudsperson y Contexto Actual”, organizado por el Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, puso en relieve la falta de resultados positivos de la estrategia fallida de más de una década de combate a la inseguridad y criminalidad organizadas que se ha centrado en el uso extensivo de la fuerza pública, que derivó en la creación de la Guardia Nacional para dar continuidad a un modelo de reacción, dejando de lado la prevención y abatimiento de la impunidad, a lo que debe aumentarse la ampliación del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

 

Para el presidente de la CNDH es preocupante que apueste por el mismo modelo basado en el uso de la fuerza pública, con rasgos de incidencia militar, sin fortalecer los cuerpos civiles de seguridad y el sistema de procuración y administración de justicia, y sin considerar las muchas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, de organizaciones civiles, académicos y especialistas.

 

La Comisión Nacional, dijo en el mismo contexto, es un contrapeso sano que debe ser vista como un colaborador del Gobierno que hace notar las áreas en donde se producen violaciones a derechos humanos.

 

Entre sus funciones está la defensa de la dignidad de las personas y realizar las tareas que tiene conferidas con autonomía y no el erigirse en opositor del gobierno, por lo que si el Ombudsperson fuera suprimido y sus funciones atribuidas a cualquiera de los tres poderes, se lesionaría gravemente el Estado democrático de Derecho, de ahí que los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) se pronuncien porque no se revierta el Sistema Nacional no Jurisdiccional de Protección a los Derechos humanos, sino se le fortalezca para hacer respetar los derechos fundamentales.

 

González Pérez subrayó que en un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley, ni es irresponsable de sus actos, ni tiene derechos sin obligaciones.

 

“Pero, indudablemente, a quien en última y más decisoria instancia se dirige el Estado de Derecho es precisamente al propio Estado, a sus órganos y poderes, a sus representantes y gobernantes, obligándoles en cuanto tales a actuar en todo momento en apego a las normas jurídicas, con el imperio de la ley, con el principio de legalidad, en el más estricto sometimiento a dicho marco institucional y constitucional”, aseguró.

 

Puntualizó que no es concebible una democracia liberal sin un Estado de derecho vigente, que garantice la acción del Estado y, al mismo tiempo, el respeto a los derechos de las personas.

 

Los gobiernos democráticos –dijo— generan certidumbre basados en las leyes y en la práctica.

 

 

En este sentido, subrayó que los derechos humanos deben colocarse como el centro que oriente todos los mandatos y políticas de Estado, haciendo explícita la obligación de todas las autoridades de someter, invariablemente, sus actos a su estricto cumplimiento, de lo que resulta necesario crear, comunicar y generar una “cultura de los derechos humanos”, además de contar con un presupuesto público elaborado, ejercido y vigilado con perspectiva de derechos humanos que permee todas las actividades y rincones del país.

 

Gonzáklez Pérez reconoció el reforzamiento de la protección de distintos colectivos como: las mujeres, niñas, niños y jóvenes, las familias, personas mayores, migrantes, víctimas del delito, personas con discapacidad, defensores civiles y particularmente, las personas afromexicanas, cuya situación de discriminación ha sido visibilizada por este Organismo Nacional.

 

En cuanto a la política social del actual gobierno, que ha priorizado la creación de once nuevos programas de transferencias, brindando ayudas mediante becas y otros subsidios por conducto de su distribución, González Pérez puntualizó que se trata de un objetivo coincidente del gobierno y la CNDH para erradicar la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, dijo, no compartimos la misma estrategia.

 

“Nuestra perspectiva es la de ver a las personas como sujetos de derecho, trascendiendo la política asistencial. Los Programas Integrales de Bienestar son una forma de atender la urgencia social; sin embargo, se olvidan de las acciones gubernamentales y políticas públicas que provean un conjunto de servicios que garanticen a las personas sus derechos reconocidos constitucionalmente, como son: escuelas, hospitales, transporte, guarderías, entre otros”.

 

 

Expresó su acuerdo con las medidas drásticas para combatir la corrupción. Empero, apuntó que las políticas para controlarla, superarla y vencerla han sido contradictorias, ya que debilitar las instituciones en nombre del combate a dicho flagelo no servirá para erradicarlo ni para contribuir a un México más justo y con equidad social.

 

De ahí, advirtió que, si las causas que motivaron la eventual desaparición o recorte de recursos de diversas instituciones son presuntos actos de corrupción, desvío o indebido uso de los recursos públicos, o la ineficacia y falta de efectividad de los programas que implementen, el Gobierno debe llevar a cabo los diagnósticos para verificar si son ésos u otros los problemas que inciden en su desempeño

 

El Ombudsperson nacional concluyó que el compromiso con los derechos humanos no supone ignorar los valores de la estabilidad o la seguridad jurídicas, pero sí implica buscar las soluciones y adoptar las decisiones que, como ordena la Constitución, favorezcan en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.