Causa miedo que las iglesias sean convocadas para para la reconstrucción del tejido social en México

 

  • Desde las mismas iglesias se han cometido discriminación y violencias, que se siguen reproduciendo desde las jerarquías eclesiales
  • Persiste “la invisibilidad de la violencia ejercida desde esas instituciones”
  • Ni en los asilos permiten a parejas de la población de la diversidad sexual

 

Foto; T E

 

María Trinidad Gutiérrez es una persona mayor. Pertenece a la población LGBTTTIQA+.

 

Tiene miedo cuando pregunta: ¿Desde qué mirada a las iglesias han sido convocadas para la reconstrucción del tejido social cuando las iglesias de este país y del mundo tienen un desprestigio enorme?

 

Para esta persona mayor de la diversidad sexual desde las mismas iglesias se han cometido discriminación y violencias, que se siguen reproduciendo desde las jerarquías eclesiales, Persiste “la invisibilidad de la violencia ejercida desde esas instituciones”.

 

María Trinidad habló durante el Conversatorio sobre los Derechos de la Población LGBTTTIQA+ efectuado en el salón Digna Ochoa del inmueble que ocupa la Comisión de Derechos humanos de la Ciudad de México. En este Conversatorio sale este tema porque desde las iglesias han sido el foco desde donde se lanzan las violentas e iracundas andanadas de un discurso contra la población de la diversidad sexual.

 

“Hoy- dijo María Trinidad- se cuestiona si existen las izquierdas”. Pero lo que sí existe, afirmó, es la derecha. Y lanza un reproche a la IV Transformación de la República y lo expresó: “Las iglesias han tenido cada vez más espacios en la gestión pública federal”. Es un hecho que le espanta mucho dado la animosidad de los credos eclesiásticos contra la población de la diversidad sexual.

 

Señaló con preocupación que a las organizaciones sociales se les haga un lado y a las organizaciones de las iglesias no.

 

En este Conversatorio María Trinidad habló de la discriminación alcanza los asilos o casas de reposo, como el de La Mundet, donde no están previsto que las personas mayores no puedan relacionarse ni hacerse parejas.

 

 

Habló además de que una de las ausencias es la falta de investigaciones sobre el acceso a la justicia de esta población altamente discriminada. No hay información sobre los atentados y violencias que sufren. Las personas de esta población son discriminadas desde el mismo ángulo de las políticas públicas, sobre todo de las federales. Son la más empobrecida, sobre todo en los servicios de salud.

 

No se valora la diversidad y la vejez de la diversidad sexual es la más marginada y excluida. No están incorporadas a los programas sociales. No tienen derecho al trabajo después de los 60 años. Y entre los 64 años y 68 no existe ninguna atención, no les dan trabajo ni sujetas de ninguna política pública. Su vida se manifiesta con miedo, sobre todo cuando salen a las marchas. Y lo peor en su contra se cometen crímenes de odio.

 

El pasado 17 de junio, en un acto previo al Conversatorio, la Comisión de Derechos Humanos emitió la Recomendación 02/2019 a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) por la falta de debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación del transfeminicidio de Paola Buenrostro.

 

Durante la presentación, la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que también se constataron los agravios en contra de Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes, quien era compañera de trabajo y amiga. Ambas se consideraban familia.

 

 

Este Organismo documentó la violación de los Derechos a la identidad de género en relación al derecho a la igualdad y no discriminación, a la vida privada, a la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad; Derechos de acceso a la justicia y derecho a la verdad con perspectiva de género; así como el Derecho a la integridad de Kenya.

 

Lamentablemente, dijo Ramírez Hernández, Paola fue sumada a las cifras no oficiales que registran la alta incidencia de mujeres trans asesinadas en razón de su identidad de género.

 

A tal condición de discriminación se añadió un factor adicional de vulnerabilidad: el hecho de que era trabajadora sexual en un contexto urbano en el que no existe una política que lo regule para que las personas que lo ejercen puedan hacerlo en condiciones de seguridad tal como lo ha recomendado la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

La presidenta de esa Comisión consideró que ambos factores determinaron la calidad de acceso a la justicia que le brindaron las instituciones públicas encargadas de investigar, juzgar y sancionar un homicidio doloso que, como muchos otros, debió de ser calificado como crimen de odio en función de la identidad de género.

 

Durante las primeras diligencias y a lo largo del proceso, tanto Paola – ya fallecida- como Kenya, fueron discriminadas y se les negó el derecho a la identidad cuando reiteradamente se refirieron a ellas con un nombre distinto, a pesar de que -también reiteradamente- Kenya insistió en la forma correcta de ser nombrada.

 

Ramírez Hernández hizo un llamado a la PGJ para considerar el contexto en el que viven las personas trans frecuentemente, quienes, al ser rechazadas por sus familias, establecen lazos familiares no biológicos:

 

 

“La falta de reconocimiento jurídico de esos vínculos, entorpecen -por ejemplo-, la entrega del cuerpo cuando ocurren asesinatos como el de Paola, por esa razón los protocolos deberían reconocer esa realidad para facilitar a la red familiar de las personas, el honrar la memoria de su ser querido. Familia por comunidad, familia por elección, más que la visión de familia biológica”.

 

La Recomendación 02/2019 consta de seis puntos, entre los que destacan: generar un plan integral individual de reparación para Kenya; un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad; que la PGJ capitalina publique en su página de internet el texto de la Recomendación acompañado del compromiso expreso de garantizar la no repetición de los hechos.

 

Esta presentación de la Recomendación se realizó días después de que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, hizo un llamado a no discriminar y a no generar más violencia en contra de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual, queer, asexual y otras (LGBTTTIQA+).

 

Ramírez Hernández hizo esta exhortación en una ceremonia previa a la que se efectuará el próximo 28 de junio Día Internacional del Orgullo LGBT. La Ombudsperson capitalina consideró que aún falta mucho por hacer para erradicar discriminación y violencia hacia este grupo.

 

La Marcha del Orgullo Gay, a celebrarse el próximo 29 de junio con el lema “Orgullo 41: Ser es resistir”, en un mes de junio denominado como de la diversidad en la Ciudad de México, se realiza con el despliegue de banderas que, junto con las luces que iluminan cada año la Plaza de la Constitución, representa un grito para celebrar la diversidad humana y por detener los abusos en su contra.

 

“Aún persiste la autoridad policial, ministerial y judicial, de educación, laboral y salud pública o penitenciaria, sesgada en su actuación por prejuicios y estigmas que tienen por efecto lesionar los derechos humanos de las personas, lamentablemente, incluso la vida”, lamentó la defensora de los derechos humanos de la población capitalina.

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