Esa gran interrogante para López Obrador

 

  • La plena adhesión del Estado Mexicano a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, una de las grandes demandas que el gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a suscribir

 

Foto: T E

 

José Luis Camacho López.-Durante un seminario sobre los derechos humanos de las personas mayores, se planteó por parte de la doctora Aída Díaz-Tendero Bollain, la gran interrogante que ha dejado sin  resolver el presidente Andrés Manuel López Obrador: la plena adhesión del Estado Mexicano a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, una de las grandes demandas que el gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a suscribir.

 

En este seminario efectuado el pasado 6 de junio en la sede del ,Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadores universitarios y de las Naciones Unidas, como la doctora Díaz-Tendero Bollain, abocaron sus participaciones a esa Convención de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los derechos humanos de las personas mayores del continente, una convención que reivindica la vida digna de las personas de más de 60 años hasta el final de sus vidas, con un enfoque de derechos “mucho más amplios” para esta creciente población latinoamericana y del Caribe.

 

Esta Convención- aprobada en 2015 por la Organización de Estados Americano- obliga a los Estados vinculados a esa organización continental a cumplir una serie de compromisos que implican una atención prioritaria a los derechos de las personas mayores articuladas desde un concepto integral que obliga a crear políticas públicas que den prioridad al envejecimiento de la población con los recursos humanos, materiales y financieros que permitan su realización.

 

En el Gobierno de Peña Nieto, la firma de la Convención no pasó de los cajones de los escritorios de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, a pesar de que desde instancias del Consejo Nacional de Población (CONAPO) daban por hecho esa adhesión a la Convención de la OEA de 2015 y del Senado de la República.

 

Al cumplirse un año de la elección de un gobierno, que llegó al poder con una coalición de diversas fuerzas políticas, de antagónicas y contradictorias visiones ideológicas- integrada por ex comunistas, ex socialistas, ex priistas, religiosos, derechistas- esa Convención se encuentra flotando. Grupos y asociaciones de derechos humanos que apoyaron la llegada de este gobierno, ya daban por hecho que López Obrador la firmaría con su elección el pasado julio de 2018.

 

 

Hasta ahora el presidente López Obrador, líder de la principal fuerza política que lo llevó al poder, el Movimiento de Regeneración Nacional, se ha mostrado renuente a dar su firma, que para otros gobiernos, de Uruguay, Costa Rica, Chile, Bolivia, El Salvador y Ecuador y Argentina, les resulta imprescindible por el peso de un liderazgo que México, a lo largo de su historia de política exterior, ha representado. Con la firma de tres gobiernos más, incluyendo la de México, la Convención sobre los derechos humanos de las personas mayores entraría en vigencia.

 

En esta renuencia de López Obrador hacia esa Convención es posible que influyan las presiones que desde la Organización de Estados Americanos se han sentido sobre México por enarbolar su política exterior de no intervención y solución pacífica de las controversias, en el caso de Venezuela.

 

En el Instituto Nacional de Atención a las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que estuvo a punto de desaparecer, incluso se ha formulado una iniciativa de nueva Ley de Personas Mayores, a la luz del contenido de esa Convención de 2015, que rescinda a la legislación similar aprobada en junio de 2002.

 

En el Senado, su líder, Martí Batres, y en la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordera, la ratificación de esta Convención cuenta con su apoyo, pero finalmente como la secretaria del Bienestar del gobierno federal, María Luisa Albores González, le respondió a TE en una breve entrevista, esta decisión depende del presidente López Obrador.

 

López Obrador niega su firma hasta ahora no obstante que su gobierno reconoce a través de su secretaría del Bienestar que “la mayor parte de ellos- refiriéndose la población de personas mayores- se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena”, pero lo más grave es que “26% de las personas adultas mayores no tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales”.

 

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México es un país con un envejecimiento acelerado. En el año 2000 la población era de seis millones 900 mil personas de más de 60 años; en 2010, diez millones 100 mil, y 2019, la población de personas mayores creció a unos 15 millones de personas de más de 60 años de acuerdo con el registro federal de electores del Instituto Nacional Electoral.

 

Un 78 por ciento de esa población de personas mayores en las 32 entidades de la República no gozan de ninguna pensión retributiva de algunas de las dos instituciones que las proporciona, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

 

Esta numerosa población de personas mayores depende casi exclusivamente de los programas sociales del gobierno federal, ahora de la llamada Tarjeta del Bienestar por la cual unos ocho millones de personas de más de 68 años recibirán bimestralmente dos mil 550 pesos para atenuar sus más ingentes necesidades de alimentación y de medicinas. A la fecha es aún un accidentado proceso para que toda esta población reciba este beneficio asistencialista.

 

Sin embargo, existe un gran vacío de atención social entre las personas mayores entre los 60 y 68 años, la mayoría para sobrevivir tiene que  realizar tareas en empleos donde no gozan de derechos, como empacadores sin sueldos en las tiendas de autoservicio, solamente recibiendo propinas de los consumidores; cuidando vehículos en la vía pública o de empleos donde sus ingresos no superen los salarios mínimos y en casos extremos, solicitando dádivas en las calles o fuera de las estaciones del Metro, como ocurre en la capital mexicana. En las familias mexicanas existe la tendencia a excluir a las personas mayores, hacerlas víctimas de distintas formas de violencia física y psicológica.

 

Según datos consignados por el INAPAM, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI), el 85% de las personas adultas mayores entre 60 y 75 años de edad son independientes para realizar sus actividades de la vida diaria, gozan de salud y la mayoría aporta un ingreso económico a la familia; un 45% de las personas mayores de 76 años requieren de algún tipo de asistencia o apoyo para realizar sus actividades cotidianas.

 

El tiempo de vida funcional e independiente para las personas entre 65 y 69 años es de 10 años; entre 80 y 84 años es de 4.7 años; y para los mayores de 85 años es de 2.9 años de funcionalidad, según esas estadísticas, lo cual implica cambios profundos en las políticas públicas gubernamentales, sobre todo para las nuevas generaciones de personas mayores en México.

 

Cuando los tres países faltantes de ratificación de la Convención de 2015 y asuma un carácter de obligación, las personas mayores latinoamericanas y del Caribe estarán en posibilidades de modificar sus vulnerables y precarias vidas.

 

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En esta Convención se obliga a los gobiernos a “la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos y hacer efectivos los derechos de la persona mayor y destacando la necesidad de eliminar toda forma de discriminación”.

 

Igualmente se deben “facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

 

Esta Convención reafirma “la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad”.

 

Para esta Convención “la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano”.

 

Esta Convención reconoce “que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades”.

 

También subraya “la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza”.

 

Para las Naciones Unidas, como lo ha citado la actual administración del INAPAM, “los cambios bio-psico-sociales que caracterizan el envejecimiento poblacional y a las personas mayores, más allá de las cifras, implican una readecuación y transformación de políticas, programas, estrategias y acciones específicas”.

 

Asimismo, sostiene la ONU “las intervenciones que hagamos, permitirán gozar a este grupo etario de un mayor bienestar, por lo que debemos seguir formando y capacitando recursos humanos especializados, desarrollar infraestructura, equipamiento y generar políticas públicas con programas preventivos y de rehabilitación”.

 

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