Por despojo a personas mayores en la Ciudad de México elevan las penas hasta 16 años de cárcel

 

• El delito de feminicidio, la violación más grave a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, será sancionado con penas que van de 35 a 70 años de prisión

 

 

 

Susana Sánchez.-El despojo de inmuebles o bienes de las personas mayores de más de 60 años con violencia o con documentación falsa, es uno de los delitos más comunes en la capital mexicana es ya clasificado como agravado. Se sancionará con 6 a 10 años de prisión y hasta 16 años de prisión si hay reincidencia.

 

El despojo es uno de los delitos que más ha crecido en la capital mexicana, dos mil 400 por ciento, de acuerdo a datos del gobierno de la Ciudad de México.

 

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad reformas al Código Penal local, con lo que se incrementan las penas de prisión para ese delito de alto considerado de alto impacto social.

 

El texto del artículo del Código Penal aprobado es el siguiente:

 

Artículo 238. Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean mayores de tres personas, además de la pena señalada en el artículo anterior, se impondrá a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de seis a diez años de prisión.

 

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad o con discapacidad, las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en una tercera parte.

 

A quienes cometan en forma reiterada el despojo de inmuebles urbanos en la Ciudad de México, se les impondrán de doce a dieciséis años de prisión y de cinco mil a diez mil unidades de medida de actualización.

 

Otro de los delitos que sufren las personas mayores es el de la extorsión. Se sancionará con 5 a 10 años de cárcel a quien extorsione, pena que aumentará al doble cuando lo realice o participe un servidor o ex servidor público; si es vía telefónica, la penalidad aumenta dos terceras partes.

 

Tras su publicación en la Gaceta Oficial, entró en vigor este tipo de delito en la Ciudad de México con las reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica, aprobadas por Congreso local el martes 31 de julio.

 

Otros delitos a los cuales se les aumentan las penas son el feminicidio, la reincidencia, el robo a celular, a cuentahabiente, casa habitación y automóvil, robo con portación de arma, extorsión y despojo, serán sancionados con mayor gravedad.

 

El delito de feminicidio, la violación más grave a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, será sancionado con penas que van de 35 a 70 años de prisión.

 

Se ha determinado detener la llamada “puerta giratoria”. La reforma pretende inhibir la repetición de conductas delictivas, esto es, la reincidencia, y a quienes incurran en ella se les negará todo sustitutivo y beneficio penitenciario, independientemente del delito cometido; y en cuanto a delitos graves la pena se agravará en dos terceras partes.

 

El robo a celular constituye no sólo una afectación patrimonial sino también una sustracción de información personal o confidencial que puede derivar en otros delitos. Se castiga con 2 a 6 años de prisión.

 

El robo a cuentahabiente se sanciona con 2 a 6 años de prisión, mientras que el de casa habitación se agrava de 4 a 10 años.

 

Asimismo, el robo de automóvil se sanciona ahora con 4 a 8 años de prisión.Si el robo se comete a bordo de una motocicleta, la sanción será de hasta seis años de prisión

 

Quien cometa un delito con medios violentos o con arma será sancionado con 3 a 8 años de prisión.

 

Con las modificaciones penales legisladores y autoridades buscan “cerrar la puerta giratoria” a los delincuentes reincidentes, a quienes se les retiran todos los beneficios penales.

 

De acuerdo con el portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México dichos delitos se han comportado de la siguiente forma: entre junio de 2018 y junio de 2019, robo en vehículo particular o transporte público 164.8%; robo de automóvil o autopartes 108%; robo en contra de transeúnte 70.2%; robo en contra de cuentahabiente 393.8%, extorsión 9,100%; despojo 2400%.

 

En el documento “Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes”, citado por la iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que a nivel mundial el 70% de las personas que cometen un delito vuelven a cometer conductas delictivas”.

 

En ese documento, la ONU considera, que una estrategia integral debe tener en cuenta el hecho de que la seguridad pública se ve afectada por una gran cantidad de delitos cometidos por individuos que ya han confrontado penas pero que todavía no han desistido de realizar dichas conductas.

 

Dicho organismo internacional agrega: “Sin intervenciones eficaces, la reincidencia sigue siendo probable. Muchos delincuentes, incluso después de un período de prisión, no se reintegran a la comunidad como ciudadanos respetuosos de la ley”.

 

“Es por eso que se requieren urgentemente programas de integración o reintegración social, dado que son los medios esenciales para prevenir la reincidencia y aumentar la seguridad pública, que son dos objetivos de política social muy importantes en todos los países”, destaca ese documento de la ONU.

 

En cuanto a la Ley de Cultura Cívica se sancionará con 20 y hasta 36 horas de trabajo comunitario a quien veje, intimide, maltrate físicamente o incite a la violencia contra un elemento policial.

 

Las modificaciones al marco legal, de acuerdo a una comunicación oficial, buscan contribuir a la disminución de índices delictivos como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de la Ciudad junto a los rubros de atención a las causas, mayor presencia policiaca, trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional. En sesión ordinaria extraordinaria, el Poder Legislativo local, al fundamentar el dictamen de aprobación de estas reformas al Código Penal capitalino, el diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, indicó que para la integración del proyecto se analizaron las iniciativas presentadas por los diputados locales y por la Jefa de Gobierno.

 

“Se hizo una valoración, una sistematización, para generar un dictamen que retoma el interés de tener instrumentos jurídicos y legislativos eficientes”, explicó.

 

El diputado Santillán expresó: “El Congreso de la Ciudad de México asume su responsabilidad que le corresponde. Con estas reformas se otorgan instrumentos útiles para el Gobierno de la Ciudad de México en la lucha contra la delincuencia. Este Congreso está haciendo una aportación importante en el fortalecimiento de la estrategia en materia de seguridad”.

 

Resaltó además que las diputadas y los diputados, con sus propuestas, fortalecen el marco jurídico, que se complementará con transición de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia, instancia que tendrá los instrumentos necesarios para garantizar que las investigaciones se lleven de manera adecuada.

 

De acuerdo con el documento aprobado por el pleno del Congreso local, distintos legisladores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentaron iniciativas para endurecer las sanciones ante el elevado nivel de incidencia delictiva, así como de la violencia que la acompaña y que agravia a los habitantes de la capital.

 

Durante la discusión del dictamen, el diputado Diego Orlando Garrido, del PAN, presentó una reserva al artículo 29 TER del Código Penal, con el propósito de establecer que las personas reincidentes en delitos graves no tuvieran ningún beneficio penal, “que se les aplique la máxima pena: cadena perpetua”.

 

Al respecto, el diputado Ricardo Fuentes argumentó que “la cadena perpetua va contra el espíritu de la reinserción”. El legislador Gaviño resaltó “es un debate viejo”. La propuesta no prosperó.

 

El diputado Santillán argumentó desde tribuna, que las modificaciones realizadas al marco jurídico fueron elaboradas con base en análisis de la estadística e incidencia criminal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

 

Este legislador local dijo que estas reformas están encaminadas no sólo a reforzar el estado de Derecho, sino a elevar la eficacia en la persecución de los delitos, inhibir la repetición de las conductas delictivas, fortalecer la política criminal y dar respuesta a las exigencias ciudadanas en materia de procuración de justicia.

 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), los diputados Diego Orlando Garrido, Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Héctor Barrera Marmolejo fijaron un posicionamiento.

 

Garrido aseguró que en la ciudad se vive una crisis en materia de seguridad. “A pesar de esto, el Gobierno de la Ciudad no tendrá pretextos; como oposición ya aprobamos la Guardia Nacional, la Prisión Preventiva Oficiosa, ahora aprobamos esta serie de elementos y le damos al gobierno las herramientas; confiamos en que no le eche la culpa a otros y cumpla con su trabajo”.

 

Von Roehrich de la Isla apoyó a su compañero y resaltó que la solución de fondo al problema de inseguridad no es el simple aumento de penas. “Debemos hacer cambios de fondo al sistema de justicia, no sólo hacer leyes por hacerlas, hay que tener mecanismos para aplicarlas. Estas reformas son el principio de una labor en materia de procuración de justicia que atiende las demandas de las víctimas de delitos”.

 

Héctor Barrera Marmolejo advirtió que esas reformas no funcionarán si no trabajamos con la debida aplicación de las medidas cautelares; “no funcionará si no trabajamos con la sociedad en materia de prevención de delitos, si no atacamos las causas de la inseguridad”.

 

Por la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el diputado Temístocles Villanueva Ramos se congratuló del trabajo hecho en el Congreso local, principalmente en la defensa de las mujeres, ya que “el enfoque del dictamen se ajusta al principio constitucional de interdependencia de los derechos humanos”.

 

La diputada Lourdes Paz Reyes manifestó su acuerdo con el incremento de las penas a diversos delitos; “celebro las sanciones al delito de robo en sus diversas modalidades, ya que es una queja recurrente de la ciudadanía y es –el robo- un flagelo que pega directamente al patrimonio de las personas. Esto es el comienzo de más reformas en materia penal”.

 

Carlos Hernández Mirón, del mismo grupo parlamentario, hizo un reconocimiento a las diputadas, diputados y a la Jefa de Gobierno por las iniciativas presentadas, mismas que fueron la base para reformar el Código Penal.

 

Su compañero, Eleazar Rubio Aldarán remató: “Estas reformas ayudarán al Gobierno de la Ciudad a disminuir los índices delictivos. Esto es una gran reforma, pero se requiere tiempo para reducir los índices”.

 

Después, el diputado Nazario Norberto Sánchez calificó como “un gran momento” la aprobación de reformas. “Ahora se está cerrando la puerta giratoria a los delincuentes. Ciertamente, no se trata sólo de aumentar las penalidades. Los gobiernos federal y local tienen programas que son la base para disminuir la delincuencia”.

 

Por el PRI, el legislador Armando Tonatiuh González Case resaltó que “hoy fortalecemos el andamiaje en la administración y procuración de justicia. En este Congreso de la Ciudad de México se hacen leyes para fortalecer los derechos humanos y sancionar a los delincuentes”.

 

Más adelante, el diputado Jorge Gaviño, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hizo énfasis en que está comprobado que el aumento de penas sólo tiene efecto cuando hay políticas públicas integrales. “Si hay reincidencia es porque hay impunidad. Si a una persona no se le persigue y se somete a los dictados del Código, esta persona repite el delito. Por ello es importante acabar con la impunidad”.

 

Por la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, el parlamentario Miguel Ángel Álvarez Melo dijo estar de acuerdo con las modificaciones y endurecimiento de las penas, “pues esto le da tranquilidad a la ciudadanía. Es un avance importante en la procuración de justicia”.

 

La diputada Jannete Guerrero Maya, por el Partido del Trabajo, puntualizó que las iniciativas presentadas, analizadas y discutidas representaron instrumentos para fortalecer la procuración de justicia y con ello ayudar en el mejoramiento de la percepción de seguridad. “Con estas reformas se sientan las bases para materializar los beneficios en favor de la ciudadanía”.

 

Finalmente, la diputada Teresa Ramos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresó su satisfacción porque en el análisis y la discusión de las modificaciones se haya tomado en cuenta su propuesta para castigar severamente el delito de feminicidio.