Miseria y demagogia es la vida real de las poblaciones “indígenas”

 

  • Más de ocho millones personas denominadas indígenas, se encuentran en diferentes condiciones de pobreza multidimensional
  • Afecta en mayor grado a las personas mayores

 

Foto: T E

 

Susana Sánchez.-En este 2019, la Organización de las Naciones Unidas estableció como eje principal del Día Internacional de los Pueblos Indígenas –celebrado cada 9 de agosto– preservar, revitalizar y promover las lenguas de los pueblos autóctonos para evitar su desaparición, en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

 

La población llamada indígena en México, un concepto que a juicio de juristas universitarios no deja de ser discriminatorio, se integra con los más de 12 millones de personas que conforman estas comunidades en México, el 10.1% de la población total del país de sus 127 millones de habitantes, más de ocho millones de esta población, con un importante número de personas mayores, se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional en diferentes formas.

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a partir de la Encuesta Intercensal 2015 y el criterio de hogar indígena, se cuantifica una población indígena de 12 millones 25 mil 947 personas; de ese total, 7 millones 387 mil 341 personas mayores de 3 años de edad sí son hablantes de lenguas indígenas, representan 6.5% del total de población de esas características de edad en el país, y de ellas el 12.3% son monolingües, mientras que 4 millones 623 mil 197 no hablan la lengua, pero viven y guardan relación de parentesco con el jefe, el cónyuge o algún ancestro que habla la lengua indígena.

 

En México, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), existen 62 agrupaciones lingüísticas relacionadas, respectivamente, con un pueblo indígena. De cada una de estas agrupaciones se pueden desprender dos o muchas más variantes lingüísticas, por ejemplo, el náhuatl tiene 30 variantes, el mixteco tiene más de 80 variantes y el zapoteco más de 60.

 

Sin embargo, esta celebración se oscurece cuando esa mayoría de más de ocho millones personas denominadas indígenas, se encuentran en diferentes condiciones de pobreza multidimensional.

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su informe 2018, reconoce “las condiciones de carencia social y ausencia de bienestar económico que caracterizan a los grupos discriminados se agudizan para el caso de la población indígena o hablantes de lengua indígena (HLI)”.

 

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De ese informe dado a conocer hace unos días se dice lo siguiente:

 

El país tiene una diversidad cultural y étnica que se extiende a lo largo del territorio nacional, en 6 estados se concentra 64.8% de la población indígena: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla y Yucatán.

 

Del conjunto de la población en pobreza o vulnerada, la población indígena es la que mayores obstáculos y dificultades enfrenta para el ejercicio de sus derechos sociales.

 

Hasta 2016, 8.3 millones de personas indígenas se encontraban en situación de pobreza, es decir 71.9% del total de esa población.

 

Si este dato se pone en relación puede observarse la brecha entre ser indígena y no serlo; del conjunto de población no indígena 40.6% se encuentra en situación de pobreza. La existencia de 3.2 millones de indígenas con 3 o más carencias sociales y sin la capacidad económica para adquirir la canasta básica (en situación de pobreza extrema) refleja las desventajas que enfrentan los indígenas del país y, que el objetivo establecido en la Constitución de igualar las oportunidades de todos los mexicanos, aún es un reto pendiente.

 

En términos de la distribución geográfica, aquellos estados con población mayoritariamente indígena son, al mismo tiempo, los que tienen niveles de pobreza superiores al promedio nacional.

 

Por ejemplo, Oaxaca y Chiapas con 70.4 y 77.1% de su población, respectivamente. Respecto a las carencias sociales, la de mayor incidencia es por acceso a la seguridad social, hasta 2016, 8.9 millones de personas indígenas no tenía acceso.

 

La segunda carencia con mayor porcentaje de población indígena fue la de servicios básicos en la vivienda con 56.3% y 64.6 para los HLI.

 

Es importante resaltar que en esta carencia se observa la mayor brecha entre la población indígena y no indígena, poco más de 40 puntos porcentuales de diferencia, dado que la población no indígena solo registró 15.5%.

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 8 de cada 10 viviendas en el país en las que habita una persona que habla lengua indígena tienen rezago habitacional, situación que se agrava en los estados de Chiapas (93.5%), Guerrero (92.5%), Veracruz (91.1%), y San Luis Potosí (90%).

 

Sin duda, los sismos ocurridos profundizarán las brechas, de por sí amplias, entre la población indígena y no indígena pues, como se mencionó, los estados del sur concentran a la mayor parte de los indígenas del país.

 

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En esta breve descripción de la población indígena del Coneval se dibuja un panorama nada alentador que presenta carencias en todos los derechos sociales y estas se vuelven más agudas dependiendo de la zona geográfica del país a la que se haga referencia.

 

Las expresiones de marginación o precariedad que experimentan las personas pertenecientes a los pueblos indígenas las vuelven particularmente objeto de discriminación sobre todo cuando además de ser indígena, se es pobre, mujer, adulto mayor, entre otras características.

 

Este organismo recomienda: Implementar políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas que contribuyan a mejorar sus capacidades para que compitan en el mercado laboral y así, además de impulsar el empleo de calidad, puedan acceder a la seguridad social.

 

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pugna por que se reconozcan plenamente sus derechos y como “un baluarte de identidad nacional, cuyos derechos fundamentales deben ser reconocidos, respetados y tutelados por las instituciones del Estado mexicano”.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó a los tres órdenes de gobierno del país, organizaciones de la sociedad civil, las y los legisladores, defensores de derechos humanos, académicos e investigadores, a refrendar su compromiso y quehacer común para erradicar la pobreza, exclusión, desigualdad, abusos y marginalidad que sufren los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos del país, dinámicas que impiden que sus derechos constitucionales sean efectivamente vigentes y respetados.

 

En ocasión de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora de cada 9 de agosto, este Organismo Nacional reafirmó su compromiso en favor de los derechos colectivos de esta población y las reconoce como un baluarte de identidad nacional, cuyos derechos fundamentales deben ser reconocidos, respetados y tutelados por las instituciones del Estado mexicano.

 

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Durante los últimos cinco años, la CNDH ha dirigido Recomendaciones Generales a autoridades federales y estatales del país, con el propósito de coadyuvar a la creación de marcos legales y prácticas administrativas en temas que afectan los derechos humanos de los pueblos originales.

 

Ejemplo de ello, las Recomendaciones Generales 27/2016, sobre la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana; la 31/2017, relacionada con la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, y la 35/2019 sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas del país.

 

En Washington la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) advierte que los pueblos indígenas enfrentan actualmente un contexto de graves desafíos en la implementación de sus derechos.

 

Preocupa a la CIDH la existencia de retrocesos legislativos o en la implementación de políticas públicas alcanzadas desde hace décadas en la región de Latinoamérica y en el Caribe.

 

Esta Comisión también observa que las actividades de defensa indígena han sido restringidas, y en ocasiones, reprimidas con violencia. Por otra parte, señaló la CIDH, continúan reportándose casos de asesinatos, agresiones, amenazas, hostigamientos y criminalización de autoridades y liderazgos indígenas, aumentando la sensación de indefensión e impunidad en el resto del colectivo a lo largo de todo el continente.

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