Aún incierto y desolador el futuro de la población de más de 60 años en México

 

• Como cada año se celebra el Día de las Personas Mayores cada 28 de agosto
• El Estado mexicano, aún con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dejado pendiente, como lo hizo su antecesor Enrique Peña Nieto, la ratificación de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA de la que México forma parte

 

 

De la Redacción de TE, el Diario de las Personas Mayores, recuperamos informaciones que nos parecen pertinentes volver a difundir en ocasión del cercano Día de las Personas Adultas de más de 60 años, ahora con el nuevo gobierno de la IV Transformación de la República, una oportunidad para que México se adelante al futuro y su gobierno pueda crear una política con una visión de largo alcance sobre el envejecimiento de la población, dada su complejidad, más allá de las pensión universal para las personas mayores de 68 años.

 

En la realidad del país, con una población de personas mayores en crecimiento con el aumento de la esperanza de vida, pero sin calidad, a pesar de esta política pública de pensión, no existe aún en el país una política pública realmente y efectivamente integral, que avizore las crudas realidades que vivirán las futuras generaciones de personas mayores en México.

 

En agosto de 2017, en la víspera del recordatorio del Día Nacional del Adulto Mayor, Isalia Nava, una de las jóvenes investigadoras universitarias dedicadas a ver con lupa el proceso de envejecimiento de la población mexicana, tras señalar que para 2050, 32.4 millones de mexicanos serán personas mayores, el 21.5 por ciento de la población total, advirtió que de no tomarse acciones y políticas públicas, en algunos años tendremos un país con población envejecida, enferma y en mayor pobreza.

 

El Estado mexicano, aún con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dejado pendiente, como lo hizo su antecesor Enrique Peña Nieto, la ratificación de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos de la que México forma parte.

 

Esta Convención, aprobada en 2015 y que ha sido ratificada por países como Bolivia, El Salvador, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, representa una alternativa viable de darle certeza a los derechos humanos de las personas mayores en México y en toda la región latinoamericana y del Caribe.

 

 

Son 27 derechos de las personas mayores de más de 60 años los que se inscriben en esta Convención entre los que destacan el derecho a una vida de dignidad en la vejez sin discriminaciones, con independencia y autonomía; salud, participación, seguridad social, a una vida sin ningún tipo de violencia, derecho a la información y de libertad de expresión; derechos al trabajo, a la educación, a la cultura, al deporte, a la vivienda, a un ambiente sano, al pleno reconocimiento de sus derechos políticos, entre otros.

 

Esta Convención, pesar de contar con las simpatías de integrantes del gabinete del presidente López Obrador, su gobierno se niega hasta ahora a ratificarla, no obstante que una de sus políticas públicas de bienestar está dirigida a ofrecerles para este año 2019, un apoyo económico de $1,275 pesos mensuales a las personas mayores de 68 años, entregados bimestralmente cada dos meses a más de ocho millones de personas mayores de 68 años y a la población indígena de más de 65 años.

 

Isalia Nava, del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra Universidad Nacional, señaló hace dos años que en México vive un visible proceso de envejecimiento. A partir de las proyecciones del Consejo Nacional de Población, para el año 2050 32.4 millones de habitantes serán personas mayores, el 21.5 por ciento de la población total.

 

De no tomar medidas, insistió hace dos años, ese segmento quedará con menores posibilidades de contar con seguridad social y económica.

 

La Convención Interamericana de 2015 apenas es una visión de protección de derechos humanos, pero que no resuelve la gravedad del conflicto que ya está en puerta en México con personas mayores que tienen la urgencia de vivir en condiciones menos precarias.

 

 

Isalia Nava, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya citaba que en 2014 alrededor del 35 por ciento de esa población vivía en pobreza moderada, y casi nueve por ciento en pobreza extrema. Es decir, añadió, 43.7 por ciento de la gente de 60 años estaba en esa condición.

 

De continuar así, “en algunos años tendremos un país de viejos, enfermos y en mayor pobreza”, dijo en una entrevista.

 

En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, que se conmemora cada 28 de agosto, hace dos años esta experta resaltó hace dos años que las tendencias hacia la informalidad y la formalidad precaria disminuyen las posibilidades de los esquemas de capitalización individual y se anticipa que las pensiones resultantes serán insuficientes.

 

Si revisamos las condiciones actuales de las personas en edades avanzadas, encontramos una serie de deficiencias, como que muchas de ellas no tienen seguridad económica, y el panorama para las siguientes décadas es desalentador, en términos de una mayor desprotección, dijo esta joven investigadora universitaria en esa ocasión.

 

En México, a partir de la encuesta intercensal se identificó que en 2015 había 119.5 millones de personas; 10.4 por ciento correspondía a las mayores de 60 años, 12.4 millones. Para 2050, con la estimación de 21.5 por ciento, habrá un aumento en términos absolutos y porcentuales, fenómeno que define el proceso de envejecimiento en el país.

 

Isalia Nava subrayó que se debe considerar la rapidez del fenómeno del envejecimiento. En México, señaló, la cifra se elevó en sólo cuatro décadas, a comparación de Europa, en donde tardaron dos siglos, y eso implica que no tendremos tiempo suficiente para prepararnos y enfrentar los retos para que esa población satisfaga sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y cuidados.

 

Lo ideal para esta universitaria sería que al llegar a esa edad se tenga una pensión que permita cubrir esas necesidades. Sin embargo, advirtió, en 2013 sólo 26 por ciento de los individuos de 60 años y más años tenía una pensión contributiva.

 

Aún más grave es la diferencia por sexo: 35 por ciento de varones y 18.5 por ciento de mujeres cuentan con esa protección, y más de la mitad de ellas tiene pensión por condición de viudez, no porque hubieran participado en una actividad laboral.

 

Ante la situación, ese segmento debe buscar otras fuentes de ingreso, que provienen generalmente de la participación en la actividad económica. “Tienen que seguir trabajando porque no cuentan con ninguna garantía de ingreso”, mencionó esta investigadora universitaria.

 

 

Y hace dos años, la mitad de la población de hombres en esas edades participa en una actividad económica; entre las mujeres el porcentaje es de apenas 19.6 por ciento. No obstante, más del 70 por ciento está en la informalidad y predominan las labores que están en desprotección social, como las agropecuarias, en localidades rurales, y de servicio, en el caso de los varones, y las de servicio y comercio, para ellas.

 

Si bien en el gobierno de la Ciudad de México, entre 2000-2006, López Obrador fue el pionero en crear la pensión alimentaria para las personas mayores y en su gobierno de la República la aplica en todo el país, la política pública hacia el proceso de envejecimiento aún no se configura.

 

Las condiciones de vida de las personas mayores en México, a pesar de este tipo de pensión que mitiga en parte las necesidades de este grupo de población a partir de los 68 años, se requiere una política pública de mayores proporciones y alcances que incluso superen los derechos que propone la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA.

 

Para Isalia Nava uno de los temas de las personas mayores es la necesidad de que la población que aún no alcanza la tercera edad ponga más cuidado en su salud para llegar a los 60 años en condiciones óptimas y prevenir enfermedades como las crónico-degenerativas; de otro modo, lo que “nos espera son más años de vida, pero en malas condiciones”.

 

Una política pública en este contexto debe señalar que la salud para las personas mayores depende de un proceso de envejecimiento que se inicia desde edades tempranas. México es un país con un enorme problema de obesidad y sobre peso en su población infantil y adulta que provoca enfermedades como la diabetes, una de las perores amenazas para la salud pública en el país.

 

En el país los médicos dedicados a la geriatría no superan los 600 especialistas, lo que indica la ausencia de una política pública integral que considere que el envejecimiento de la población nacional requiere de una estrategia integral que se inicie desde los nuevos nacimientos de las futuras personas mayores en las décadas por venir.

 

Isalia Nava ha propuesto que en la parte económica, se requieren medidas y acciones de gobierno, como la revisión del sistema de pensiones y una reforma a la seguridad social, medidas que permitan proteger a esa población.

 

Ya en la Facultad de Derecho de la UNAM se advierte que las próximas generaciones de personas mayores, las pensiones no superaran ni el 25 por ciento de los ingresos que recibieron las personas durante su vida laboral.

 

Hay que pensar en mecanismos que refuercen el ahorro de quienes sí contribuyen a la seguridad social. Una medida podría enfocarse al aumento de los salarios, “pero también hay que pensar en reestructuraciones que nos lleven a tener una sociedad más productiva”, ha citado Isalia Nava.

 

En el presente, dijo en esa ocasión esta investigadora universitaria, la gente cuenta con pocos ahorros y se espera que en el futuro sea menor. Entre las generaciones recientes está el antecedente de un patrimonio, casa o terreno, que contribuye al bienestar de las familias, pero en las generaciones actuales y por venir esa posibilidad se reducirá, al tiempo que aumentarán los problemas de salud.

 

“Debemos atender con celeridad los desafíos del envejecimiento demográfico”, concluyó Nava en una entrevista.

 

Violencia y abandono sufren las personas mayores

 

Otro experto universitario, Mario Enrique Tapia, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, de la UNAM, también se ha referido al tema del envejecimiento de la población.

 

Tapia recalcó que en México, la población de 60 años o más es un sector social y económicamente vulnerable y estimó que cerca del 47 por ciento vive en pobreza, y entre 20 y 30 por ciento sufre violencia física, psicológica, económica o abandono.

 

Esta situación representa un reto en términos de políticas públicas y de atención, dijo, pues el país atraviesa por un proceso de envejecimiento: actualmente, cerca del 8.9 por ciento de la población –unos 10 millones de personas– son ancianos, pero en el 2050 representarán casi el 30 por ciento.

 

“Para 2050, la esperanza de vida de los mexicanos será de 85 u 86 años, pero el hecho de vivir más no implica que la calidad sea mejor. Desafortunadamente, el entorno y contexto de las personas de la tercera edad en nuestro territorio no es favorable, y sí estamos llegando a más edad, pero en condiciones muy deterioradas”, dijo en en 2018, también el marco del Día del Adulto Mayor en México, que se rememora cada 28 de agosto.

 

Para Tapia un tema prioritario es la atención a su salud, pues se considera que un adulto mayor acude cuatro veces más a consulta que otros grupos poblacionales, y el costo es siete veces mayor, porque muchos de ellos tienen padecimientos crónicos o enfermedades discapacitantes.

 

 

También, mencionó, se requiere atender aspectos sociales y psicológicos; por ejemplo, aunque no hay estadísticas confiables se calcula que entre un 20 y 30 por ciento sufre violencia psicológica, económica, sexual, física o abandono. Las mujeres son quienes la padecen más, debido a factores socioculturales y a que su esperanza de vida es mayor.

 

Otro reto, añadió, es formar recursos humanos necesarios para su atención, pues es insuficiente el número de trabajadores sociales, enfermeras, gerontólogos, geriatras y personal médico en atención primaria de la salud con orientación hacia el manejo del adulto mayor.

 

Los cuidadores primarios son los familiares, pero si no cuentan con una capacitación formal pueden caer en omisiones por desconocimiento, sobre todo si atienden a adultos frágiles o dependientes.

 

Además, prosiguió el universitario, hay poca investigación para prevenir síndromes geriátricos, y los modelos de atención, tanto en instituciones de salud como asistenciales, no se han modificado en décadas. “Se les sigue atendiendo como hace 40 años”.

 

En los últimos años se ha invertido en organismos gubernamentales y no gubernamentales para su atención (como el Instituto Nacional para la Atención de los Adultos Mayores o el Instituto Nacional de Geriatría), pero sigue siendo insuficiente para el tamaño de esta población, que es vulnerable social y económicamente.

 

De igual forma, dijo, se requiere avanzar en el respeto de sus derechos humanos, relacionados con su cuidado y no abandono, la prevención de la violencia y la atención oportuna de los síndromes geriátricos.

 

Finalmente, el año pasado, el académico insistió en la necesidad de políticas de salud públicas y asistenciales para establecer mejores condiciones de vida y lograr una cultura del envejecimiento exitoso.