Una designación que apenas alumbra la equidad de género

 

  • La designación de María del Rosario Piedra Ibarra en la CNDH obliga y compromete a revitalizar la esperanza de que en esta nueva etapa de la institución, representará lealmente las causas de una lucha social por los derechos humanos en México

 

Foto: Internet

 

Susana Sánchez.- En el mes de Enero 2011, en el Senado de la República se recomendaba que una selección de las o los candidatos en la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apegada al principio de la equidad de género, en esa institución fundada en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

 

Entre las senadoras que hicieron esta recomendación se encontraba Rosario Ibarra de Piedra, quien presidía la Comisión de Derechos Humanos de ese cuerpo legislativo y la suscribían todos los integrantes de esa Comisión legislativa.

 

La CNDH fue creada en un ríspido y controvertido contexto político nacional donde los derechos humanos obligadamente empezaban a emerger en México, después de las polémicas y sospechas que desataron las elecciones del 1988, oscurecidas por las sombras de un fraude electoral.

 

Aún persiste la idea de que la CNDH surgió más como acción política para atender la sombra de esa elección presidencial, que para crear una conciencia pública sobre la defensa y vigencia de los derechos humanos en México.

 

Foto: T E

 

El 6 de junio de 1990 por decreto presidencial nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el 28 de enero de 1992 se le otorgó a la CNDH rango constitucional como Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y finalmente el 13 de septiembre de 1999 se constituyó con una supuesta autonomía de gestión y presupuestaria, una autonomía que era objeto de incredulidades dado la previsible elección de las personas que ocupaban sus presidencias cercanas al poder Ejecutivo federal, una duda que permanece ahora con la designación de María del Rosario Ibarra Piedra, quien ahora está obligada a disiparla con sus acciones.

 

La nueva designación de María del Rosario Piedra Ibarra irrumpe una automática tradición de usos y costumbres políticos, la cual recaía en un grupo de juristas de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos ellos vinculados al poder presidencial y parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas: Jorge Carpizo, Jorge Madrazo, Mireille Roccatti, José Luis Soberanes Fernández, Raúl Plascencia Villanueva y Luis Raúl González Pérez. Solamente una mujer en esta historia de designaciones ha presidido ese organismo.

 

María del Rosario Piedra Ibarra, la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024; es hija de Rosario Ibarra de Piedra, una extraordinaria mujer mexicana que sembró la lucha tesonera y audaz por la aparición de los desaparecidos políticos en el país.

 

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La nueva presidenta de la CNDH es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y maestra en Psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación, antecedentes que si bien no reúnen requisitos académicos del ejercicio del Derecho de su más inmediato antecesor y de los anteriores, la distingue sobre ellos su actividad terrenal de luchadora de los derechos humanos, parte de la herencia desplegada por su madre por la desaparición de su hermano.

 

Un antecedente de una elección similar se encuentra en Nashieli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuya vida se ha caracterizado por su militancia social a favor de los derechos humanos.

 

A María del Rosario Ibarra y Nashieli Ramírez las vinculan acciones concretas en el terreno de las luchas sociales por los derechos humanos, méritos que hablan de la reciente composición de las presidencias de organismos, que merecen nuevas rutas para la defensa de esos derechos y realmente prosperen más allá de las Recomendaciones; un imperativo para corregir las graves y lacerantes violaciones a derechos humanos que aún no forman parte de la agenda de las burocracias banales, mientras no existan los mecanismo jurídicos sancionadores para los infractores en los ámbitos de las instituciones gubernamentales, donde reina la impunidad.

 

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Para esta mujer, el ser hija de Rosario Ibarra de Piedra, de una incansable activista por la aparición de los desaparecidos en México, fundadora del Comité ¡Eureka!, la organización de madres y familiares de personas desaparecidas, la obliga doblemente y compromete a revitalizar la esperanza de que en esta nueva etapa de la institución representará lealmente las causas de una lucha social,  todavía deficitaria y esté muy por encima de intereses de grupos y cuotas y de la propia presidencia actual del país; se encuentre con una población mayoritaria aún agraviada por el origen de las graves violaciones a los derechos humanos en México, la insondable desigualdad social y económica como fuente de la inseguridad pública.

 

A casi nueve años de la recomendación que hizo la entonces senadora Rosario Ibarra de Piedra, apenas se empieza a vislumbrar el principio de la equidad de género en un organismo que requiere hasta un cambio de nombre como Defensoría del Pueblo para ejercer la defensa y vigencia de los derechos humanos en México, con énfasis en contribuir a extinguir ese perturbador cautiverio de terror que representan en el país las dolorosas desapariciones de personas por diversos motivos, que la familia Ibarra de Piedra ha padecido desde la desaparición forzada de uno de sus integrantes en la ominosa década de los sesenta de ese México oscurecido por los crímenes de los disidentes políticos.

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