Ninguna autoridad puede estar por encima de la ley ni vulnerar los derechos fundamentales*

 

  • Toda conducta de autoridad que se aparta de la ley e incide en la vigencia de un derecho humano es un abuso de poder

 

Foto: T E

 

Raúl González Pérez.- Al término de mi gestión como Ombudsperson nacional y en congruencia con los principios de publicidad y transparencia que han sido parte relevante en el desarrollo de la misma, hoy se presenta la “Memoria de Gestión de la CNDH 2014-2019” la cual da cuenta a la sociedad mexicana de algunos de los aspectos más relevantes de la actividad sustantiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante el periodo comprendido de noviembre de 2014 a noviembre de 2019, constituyendo un informe, pero también un testimonio público de la misma.

 

Quiero dejar en este testimonio mi reconocimiento al equipo de trabajo que me acompañó durante estos cinco años, a las y los trabajadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los titulares de las áreas que trabajaron también para el contenido de esta Memoria de Gestión y a Laura Gurza dentro de ellas, que es la Directora General de Planeación. Aquí está contenida la Memoria de Gestión en un CD, pero repito el acceso está también la página de la Comisión y aquí está un impreso que muestra, pincela lo más relevante de cinco años de gestión.

 

Durante esta gestión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desarrolló sus actividades en medio de un entorno crítico en el ámbito de los derechos humanos, actuando a favor de la legalidad, de la vigencia efectiva de los derechos de las personas y por la defensa de las víctimas frente a los abusos de poder, con independencia y al margen de intereses políticos, ideológicos o de autoridades y gobiernos. La prioridad y el interés de este Organismo Nacional estuvo en la gente, en el respeto y defensa de sus derechos, lo cual únicamente se pudo realizar mediante el ejercicio responsable e íntegro de su autonomía, atributo indispensable para que el Ombudsperson cumpla con sus funciones.

 

En cuanto a las cifras más relevantes, en términos generales, durante el periodo que se reporta, la CNDH brindó 1’533,377 servicios de atención al público, habiéndose iniciado como consecuencia de ello 133,979 nuevos expedientes, concluyéndose 135,737 casos. Se emitieron 399 recomendaciones ordinarias, 30 por violaciones graves a derechos humanos y 20 de carácter general, habiéndose realizado 28 Informes Especiales y 147 Estudios especializados en temas relevantes de derechos humanos. De igual forma, se promovieron 230 demandas de acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN y se emitieron 1,699 medidas cautelares. Debo señalar que cerca del 55% de expedientes resueltos lo constituyeron la conciliación, los resueltos durante el proceso y los que quedaron sin materia.

 

Foto: T E

 

Como se puede apreciar en el Informe que se presenta, la gente acude cada vez más a la CNDH y los asuntos que plantea son cada vez más complejos, lo cual ha ocasionado que la gestión institucional se tenga que hacer más eficaz y eficiente para hacer frente a la creciente demanda de servicios y a las características inherentes a la misma. No en pocos casos, en particular en aquellos vinculados a la existencia de violaciones graves a los derechos humanos, la atención e integración de expedientes se enfrentó a la negativa u omisión de las autoridades para proporcionar la información que les era requerida, lo cual ocasionó dilación en la resolución de los expedientes en tanto esta Comisión Nacional tuvo que obtener por su cuenta, la evidencia y elementos objetivos de convicción necesarios para sustentar debidamente sus pronunciamientos.

 

Obstáculos, omisiones e indiferencias

 

Pese a los obstáculos, frente a la indiferencia u omisión institucional, este Organismo Nacional pudo investigar y pronunciarse a favor de las víctimas, la legalidad y la defensa de los derechos, en casos de violaciones graves como Tlatlaya, reclasificamos como grave la misma, Apatzingán, Tanhuato, Tierra Blanca, Papantla, Nochixtlán, Allende, Palmarito Tochapan, Iguala, Temixco, San Fernando y Luvianos, entre otros. Casos en los que su investigación ha evidenciado la ilegalidad de la conducta de diversas autoridades y contribuido a llegar a la verdad y a la justicia a la que las víctimas tienen derecho.

 

Durante la gestión, este Organismo Nacional no ha sido ni es cómplice o protector de gobiernos o autoridades, su compromiso ha sido con la legalidad y las víctimas y su trabajo da muestra y prueba de ello. Con hechos se prueba, no con narrativas.

 

Con el objetivo de combatir la impunidad relacionada con los actos u omisiones de servidoras y servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones vulneraron los derechos humanos de las personas, este Organismo elabora y presenta denuncias penales y/o administrativas ante las autoridades competentes. En este sentido, a lo largo de la gestión se presentaron 924 denuncias, de las cuales 275 son del ámbito penal y 649 del administrativo. De las denuncias por responsabilidad administrativa presentadas, desde el 16 de noviembre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2019, porque ahí hicimos este corte para estos efectos, 364 han sido concluidas y se han sancionado a 412 servidores públicos, mientras que, en el ámbito penal, se han emitido 14 sentencias condenatorias y se da seguimiento a 253 procedimientos de índole penal.

 

Toda conducta de autoridad que se aparta de la ley e incide en la vigencia de un derecho humano es un abuso de poder, lo cual ha sido denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde su creación en junio de 1990, siendo en estos casi 30 años, una vía para que las víctimas reivindiquen sus derechos y se reparen las vulneraciones que han sufrido.

 

Las recomendaciones y pronunciamientos de la CNDH dan testimonio de las investigaciones y actuaciones realizadas en casos que, por su gravedad y trascendencia, impactaron los ámbitos públicos y sociales en México, y en los cuales, frente al silencio, omisión, indiferencia, e inclusive complicidad de algunas autoridades, la CNDH evidenció los abusos cometidos y exigió que la ley se aplicara a los responsables de violar derechos humanos, con independencia de grupos de poder, ideologías o filiaciones políticas.

 

Para la CNDH ninguna autoridad puede estar por encima de la ley ni vulnerar los derechos fundamentales que la misma reconoce, siendo en razón de ello que ha señalado en sus pronunciamientos la persistencia en México de prácticas como la tortura, las detenciones y retenciones ilegales, las ejecuciones arbitrarias, y las desapariciones forzadas, cuestión que asimismo se ha planteado ante instancias internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De igual forma se han evidenciado problemáticas tan graves como la violencia en contra de las mujeres, de periodistas y defensores de derechos humanos, de miembros de la comunidad LGBTTTI, la trata de personas, así como los abusos en contra de las personas migrantes, entre otras.

 

Luis Raúl González Pérez.

 

La corrupción también ha sido objeto de pronunciamientos por parte de la CNDH, la cual ha emitido informes especiales y estudios al respecto, documentando y señalando el vínculo que esta práctica guarda con las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, resulta relevante la recomendación emitida por el caso conocido como “Paso Exprés”, mejor conocido como socavón en el que se evidenciaron posibles actos de corrupción por parte de autoridades en la contratación y realización de obra pública, que derivaron en la muerte de 4 personas. En el ámbito público, la corrupción es un abuso o ejercicio indebido del poder, que vulnera derechos fundamentales e implica, necesariamente, la actuación de autoridades al margen o por encima de la ley, para obtener de un beneficio económico o de cualquier otra índole. Donde la ley se respeta es más difícil que la corrupción se presente y más fácil que los casos en que exista, se investiguen y sancionen.

 

Defender los derechos humanos no es denostar o pretender debilitar instituciones o autoridades, por el contrario, lo que se busca es fortalecerlas al pugnar por que las leyes se respeten, se apliquen, y lograr que los derechos sean vigentes y se preserven. México es un país plural y diverso, el sustrato en el que nuestras diferencias pueden encontrar un piso común lo integran la ley, las instituciones y los derechos humanos. Más que profundizar o pretender crear divisiones ideológicas, nuestro país requiere unidad y trabajo conjunto por la legalidad, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas, y por el respeto de la dignidad humana. Los graves problemas que enfrentamos de violencia, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, sólo se podrán superar mediante el diálogo y la construcción de acuerdos en el marco de la ley, en unión, tolerancia y respeto a la pluralidad y respeto al disenso.

 

El auténtico compromiso de una autoridad o gobierno con los derechos humanos trasciende el ámbito discursivo, ya que la única forma en que el mismo se puede verificar es cuando en los hechos se demuestra que cada acto, política, acción o programa busca el respeto y vigencia de los mismos, conforme los principios constitucionales de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad. Más allá de discusiones doctrinales, en nuestro país sólo las autoridades pueden violar derechos humanos, las personas particulares que afectan la integridad, vida o derechos legales de otras cometen, en todo caso, delitos, cuya persecución y sanción corresponde a las autoridades ministeriales que, de no hacerlo, incurrirían en una violación a derechos humanos y, en último caso, al Poder Judicial.

 

De ahí que la autonomía en la actuación como Ombudsperson, fue un elemento indispensable para el debido desarrollo de la gestión, ya que cualquier subordinación a autoridades o gobiernos habría condicionado o impedido la posibilidad de denunciar la ilegalidad y los abusos de poder. El Ombudsperson, al defender los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios o ilegales de la autoridad, necesariamente se vuelve un contrapeso sano, que opera a favor de las personas y de la sociedad en su conjunto, fortaleciendo nuestra institucionalidad democrática.

 

Las instituciones trascienden personas y coyunturas de toda índole, siendo uno de los cimientos esenciales de toda democracia. Si consideramos que las instituciones marcan pautas e imponen límites a la actuación de personas y autoridades, generando certidumbre en la sociedad y dando cauce a la conciliación de intereses individuales y colectivos, es claro que en la medida en que las mismas se debilitan, se abre la puerta para que la actuación del Estado sea más discrecional y la vigencia de las normas se diluya, lo cual termina afectando los términos de convivencia entre las personas. Frente al predominio del Poder Ejecutivo, cuestión que reiteradamente evidenció y criticó, Jorge Carpizo consideraba que las instituciones constituían un medio de control para evitar que existiera la posibilidad de arbitrariedades y que, si éstas se daban, el derecho violado fuera susceptible de ser resarcido.

 

Foto: T E

 

Las instituciones son garantía de que los derechos sean vigentes y se respeten. El que una institución sea un contrapeso efectivo ante el poder, implica ejercer sus atribuciones, ante casos o situaciones que así lo ameriten, al margen de intereses o influencias de cualquier índole, buscando el respeto de la ley y la vigencia de los derechos. Bajo ningún concepto se debe buscar denostar instituciones o autoridades, los contrapesos deben fortalecer la institucionalidad democrática y republicana, no debilitarla.

 

De la gestión institucional realizada en los últimos años dan cuenta el informe que se presenta, así como los demás que este Organismo Nacional ha hecho públicos. Es claro que existen múltiples aspectos institucionales susceptibles de perfeccionarse y que la gestión de la CNDH debe ser objeto de reflexión, análisis y mejora, para adecuarse a las necesidades y cambios que el país demanda. Pueden existir, y es sano que haya, diversas opiniones sobre el trabajo de este Organismo Nacional, pero no pueden desconocerse los hechos objetivos y públicos que dan constancia de su trabajo.

 

El trabajo por el respeto y vigencia de los derechos humanos no conoce y hay que decirlo fuerte de ideologías o filiaciones políticas. El contexto actual que atraviesa el país, demanda que nos centremos en el trabajo a favor de la dignidad humana, de los derechos que son inherentes a la misma, así como por que las víctimas encuentren la verdad, la justicia y la reparación que les corresponde. A la Mtra. Rosario Piedra Ibarra, nueva Ombudsperson Nacional, le deseo el mayor de los éxitos en la gestión que mañana inicia. Los retos que encuentra son muchos y las problemáticas complejas. Casos como los de Culiacán, Iguala, Tamaulipas, Tlahuelilpan, las agresiones a la familia LeBarón, las múltiples demandas sobre atención y servicios de salud, medicamentos o el lograr hacer efectivos los derechos de las niñas y niños de la primera edad, así como los de las madres y padres trabajadores, y lo correspondiente a consultas previas libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe a pueblos originarios en megaproyectos, son tan sólo algunos de los asuntos relevantes que integran la agenda de este Organismo Nacional.

 

Con independencia de personas, la CNDH es, ha sido, y seguirá siendo, una institución viva, al servicio de México, que alce la voz por defender los derechos y trabaje, junto a las demás instancias del Estado, para que en nuestro país el respeto y vigencia real de los derechos sea una realidad. El trabajo que realice a favor de la legalidad y el empoderamiento efectivo de la gente mediante la vigencia de sus derechos ha sido y será el mejor testimonio de ello.

 

*Palabras del maestro Luis Raúl González Pérez en la presentación de la Memoria durante su gestión como presidente de la Comisión de Derechos Humanos 2014-1019

Ciudad de México, 15 de noviembre de 2019.

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