Asumirá el Estado mexicano el derecho al cuidado digno de las personas mayores

 

  • Se aprueba en la Cámara de Diputados elevar a rango constitucional este derecho y crear el Sistema Nacional de Cuidados
  • “Todas las personas requieren de cuidados adecuados al ciclo vital, la condición de salud o de discapacidad, lo que debe de representar una prioridad para cualquier Estado y, por tanto, debe de ser asumido como un asunto de interés público”

 

Foto: T E

 

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, elevar a rango constitucional el derecho a cuidar y ser cuidado y crear del Sistema Nacional de Cuidados al reformar los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de la República.

 

El dictamen de esa Comisión legislativa, que será aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados para después pasar al Senado de la República y luego a las legislaturas de los estados por ser una reforma constitucional, establece que “toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida, así como a cuidar”.

 

El Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado, así como la libertad que tienen las personas para decidir si adquieren o no como obligación el cuidar a quien lo requiera, y el derecho para decidir la distribución del tiempo propio acorde con sus necesidades e intereses, refiere el documento legislativo.

 

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Para garantizar este derecho se implementará el Sistema Nacional de Cuidados, que dará atención económica, social, política, cultural y biopsicosocial, así como políticas y servicios públicos con base en diseño universal, ajustes razonables, accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad. Se establece la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México en este sistema.

 

Sobre el dictamen que reforma los artículos 4º y 73 de la Constitución en materia del Sistema Nacional de Cuidados, la diputada Lorena Alavez Ruiz, del Movimiento de Regeneración Nacional y una de las autoras de la iniciativa, explicó que el derecho a cuidar y ser cuidados supera el ámbito familiar y se vincula a condiciones socioeconómicas diversas.

 

Por considerarse responsabilidad del Estado garantizar la calidad, accesibilidad y suficiencia de los cuidados dignos, se requiere elevar a rango constitucional esta garantía, a partir de la coordinación interinstitucional, dijo la legisladora durante el debate en comisiones.

 

Tendrán prioridad las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, niñas y niños, personas mayores y quienes vivan en condiciones de extrema pobreza y las personas que realicen actividades de cuidado sin remuneración alguna, subrayó la legisladora.

 

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Por su parte la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) se congratuló de la aprobación de esa iniciativa y reiteró su compromiso con el reconocimiento del derecho al cuidado digno a nivel constitucional y saluda los esfuerzos legislativos encaminados a la aprobación del dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados y su pronta concreción en el Senado de la República.

 

Éste es el primer paso necesario en el proceso legislativo para contar con una modificación constitucional federal que reconozca el derecho de las personas a ser cuidadas y a contar con un Sistema Nacional de Cuidados, destacó esa Comisión de Derechos Humanos en un comunicado.

 

Asimismo, esa Comisión a cargo de Nashieli Ramírez Hernández, consideró esa decisión legislativa como un avance “para reconocer que todas las personas requieren de cuidados adecuados al ciclo vital, la condición de salud o de discapacidad, lo que debe de representar una prioridad para cualquier Estado y, por tanto, debe de ser asumido como un asunto de interés público”.

 

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En la Ciudad de México, el derecho a cuidar y ser cuidado fue reconocido en su primera Constitución de 2017, sin embargo, aún está pendiente la publicación de la ley en la materia, precisó esa Comisión al referirse a la Constitución de la capital mexicana que determina ese Derecho al Cuidado a través de un sistema en su artículo 9 desde la niñez hasta la vejez. En la capital a pesar de ser un derecho constitucional sigue pendiente su ejercicio en la vida práctica.

 

La Comisión de Derechos capitalina menciona que los cuidados son brindados mayoritariamente por mujeres como resultado de una histórica división sexual del trabajo, lo que incrementa la desigualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

 

Para esa Comisión el contexto actual derivado de las medidas de prevención y atención de la enfermedad COVID-19, ha hecho evidente la urgencia de la intervención del Estado para garantizar el cuidado de las personas mediante apoyos a las familias para su desarrollo.

 

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La carga recae en las mujeres

 

En el debate, la diputada Lorena Villavicencio Ayala, afirmó que la pandemia develó la importancia de cuidar y ser cuidado, actividad no retribuida y cuya carga recae en las mujeres.

 

Consideró que no puede seguirse concibiendo como responsabilidad sólo de ellas, sino de la sociedad. Es un tema de trato digno y de igualdad de género para romper estereotipos y no dejar a la mujer encasillada.

 

Por el Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Tagle Martínez, también promotora de la reforma, sostuvo que el cuidado de las personas es uno de los temas más relevantes que se aprueben en la actual Legislatura. La pandemia ha puesto el tema en el centro, si no hubiera personas que estén encargadas de los diversos cuidados la vida se vuelve un caos y las medidas sanitarias no hubieran funcionado.

 

El Estado tiene que garantizar este derecho mediante políticas públicas, aseveró q al destacar que el cuidado es una responsabilidad de mujeres y hombres, no únicamente de ellas.

 

De su lado la diputada de Morena, Paola Tenorio Adame destacó la importancia de reconocer el derecho universal a los cuidados y diseñar un sistema integral que privilegia la dignidad de las personas.

 

De la misma fracción parlamentaria, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero señaló que al elevar a rango constitucional el derecho al cuidado el Estado asume una nueva responsabilidad ineludible que desatendió.

 

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La pandemia, dijo, puso al descubierto desigualdades brutales que están agudizadas por el confinamiento obligado recayendo en las mujeres. Esta reforma establece “una nueva ética del cuidado”, sin visión de mercado y utilitaria.

 

Por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña consideró que esta reforma debe “garantizar y no promover” el derecho a ser cuidado y a cuidar, a través de un sistema nacional que asegure la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

 

Cuestionó que se estereotipe al referir las acciones del Instituto Nacional de Mujeres, por lo que pidió otra redacción que comprometa a todos a cumplir este derecho y no quedar solamente en la demagogia.

 

Por el Partido del Trabajo, el diputado Silvano Garay Ulloa aseveró que con esta reforma se paga una deuda histórica con la gente que requiere cuidados y a quienes los han ofrecido. Es un tema muy importante elevar a rango constitucional este derecho.

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2018 el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalió a 5.5 billones de pesos. Esto corresponde a una participación de 23.5 % respecto al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional. El 17.7 % de esa participación es aportada por mujeres y dentro de ellas. Quienes más asumen los trabajos de cuidado son aquellas con menores ingresos, por lo que son las que más retribuyen al PIB Nacional en ese rubro.

 

 

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