Las mujeres mexicanas son más vulnerables en la pandemia

 

  • Aumentaron aumentado en 60 por ciento las llamadas por distintos tipos de agresión hacia las mujeres
  • Con la Ley Olimpia que sanciona la violencia mediática se confía en reducir la violencia de género que padece la población femenina del país
  • Penaliza el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de Internet o redes sociales

 

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Susana Sánchez.- No hay datos precisos, la estadística no las alcanza, apenas se conocen datos aislados por desesperadas llamadas telefónicas. Llegan a pedir auxilio, asilo en refugios. Las mujeres mexicanas, sobre todo las de mayor edad, callan las agresiones que sufren en sus ámbitos familiares y laborales. Sus agresores llegan a ser sus esposos, sus hijos y sus jefes laborales; en el ámbito educativo, sus profesores.

 

A la miseria, pobreza, desigualdad y explotación laboral en que vive la mayoría de las mujeres mexicanas, se suma un mayor agravio, la violencia de género, que en los feminicidios asoma su rostro más cruel, despiadado y brutal. Es un secreto a voces la violencia feminicida es otra de las pandemias en el país.

 

Al machismo se atribuye la violencia de distinto tipo que las afecta. Sus condiciones de vulnerabilidad aumentaron durante este periodo de la emergencia sanitaria de la pandemia. Las mujeres mexicanas sufren abusos, acosos u hostigamientos sexuales, violaciones, violencias de pareja y familiar. La Red Nacional de Refugios registra que subieron 30 por ciento las peticiones de asilo y en el 911 se han atendido más de 41 mil llamadas de emergencia.

 

La Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México registra un cada vez más inquietante panorama sobre la violencia que padecen las mujeres mexicanas de todas las edades, al citar los estudios realizados por la ONU Mujeres los cuales confirman que durante la pandemia han aumentado en 60 por ciento las denuncias por distintos tipos de agresión hacia las mujeres.

 

Nueve de cada 10 mujeres denuncian que han sido agredidas en el hogar por un familiar, pero también en los espacios públicos (calles, parques, transporte), laborales y escolares, cita esta Coordinación universitaria a cargo de la doctora Tamara Martínez, al reiterar que ante el confinamiento por la COVID-19, grupos vulnerables como las mujeres y las diversidades sexo-genéricas padecen desigualdad y violencia.

 

Esta situación vulnerable se incrementa con los actos sexistas y la difusión del discurso de odio contra las mujeres en medios de comunicación.

 

Foto: T E

 

Por unanimidad, con una reforma al Código penal, el Senado de la República propone salir al paso de esta violencia de género que se ha hecho costumbre en la sociedad mexicana, en la mayoría de sus sectores familiares, sociales, laborales, políticos, de la administración pública y alcanza los ámbitos académicos.

 

Senadoras de todos los partidos, de izquierda, derecha y centro, se unieron en una sola causa:  aprobar reformas para sancionar la violencia digital y mediática; combatir el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de Internet o redes sociales.

 

Este cuerpo legislativo del país incorporó el concepto de violencia mediática como todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.

 

Para garantizar la integridad de la víctima, el Senado mexicano estableció que la o el Ministerio Público, la Jueza o Juez, ordenarán de manera inmediata, como medidas de protección, a las empresas de plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios, o videos relacionados con la investigación.

 

En el Código Penal Federal tipificó el delito de violación a la intimidad sexual e imponer una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, a quien video grabe, audio grabe, fotografíe, imprima o elabore, divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, aprobación o autorización.

 

Además, el mínimo y el máximo de dicha sanción elevará hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza.

 

Foto: T E

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró que las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, aprobaran por unanimidad la Ley Olimpia, que tipifica y establecer penas de tres a seis años de prisión a quien violente la intimidad sexual de las personas.

 

La violencia en contra de las mujeres constituye un grave problema público que merece una pronta atención, señaló esa Comisión en un comunicado al considerar que esa Ley Olimpia coadyuva en el combate a esta violencia de género.

 

La difusión de imágenes de contenido sexual en medios digitales o análogos, sin el consentimiento de la persona que aparece en él, es una de las diversas conductas que constituyen un agravio hacia las mujeres, atenta contra la libertad, autonomía sexual, la privacidad y la intimidad, puso de relieve esa Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 27 millones de mujeres en México se encuentran en situación de pobreza; 32 millones tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, y 9 millones están en esa situación por carencia en el acceso a los servicios de salud.

 

Seis de cada diez mujeres mexicanas de la población económicamente activa no tienen acceso a trabajos formales; el doméstico y de cuidados no remunerado recae principalmente en ellas y asumen en promedio 39 horas semanales del mismo, lo que significa el triple de horas que los hombres (13 horas a la semana). Durante la pandemia se ha duplicado o incluso triplicado la carga para ellas.

 

Foto: T E

 

En la conferencia “Política de igualdad y atención a la violencia de género en la UNAM”, Tamara Martínez Ruiz, tras citar los datos anteriores, dijo que en la vida cotidiana, política y universitaria de nuestro país hay un movimiento que exige un “ya basta”, un alto a la violencia de género.

 

Martínez Ruiz hizo ver Esta precariedad económica y social las vuelve especialmente vulnerables en una realidad como la que estamos viviendo, dijo la funcionaria universitaria.

 

De igual forma, agregó, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados alcanzó un nivel equivalente a 5.5 billones de pesos en 2018, lo que representó el 23.5 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

 

La desigualdad de ingresos en México se profundiza en el análisis por género. Las mujeres en promedio perciben 60 por ciento menos que los varones, puntualizó la Coordinadora para la Igualdad de Género.

 

Más adelante, recordó que según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, el 43.9 por ciento de ellas ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja, situación se agudiza debido al confinamiento dispuesto por las autoridades sanitarias.

 

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La doctora Martínez Ruiz consideró que en la actual crisis urge a fortalecer la perspectiva de género en México. Sabemos, dijo, que las mujeres que forman parte de la Universidad no son ajenas a esta realidad de desigualdades y violencias, al ofrecer que esta Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM ofreció atención expedita a la comunidad universitaria que requiera ayuda.

 

En un amplio mensaje refirió que en caso de requerir contactar a la Defensoría de los Derechos Universitarios los números son: (55) 5622 6220 o (55) 5622 6221, además de los correos electrónicos: defensoria@unam.mx y notificaciones@defensoria.unam.mx

 

Esta Coordinación, aseguró, está siempre abierta a la comunicación con cualquier integrante de la comunidad universitaria para atender asuntos relacionados con la igualdad de género en la UNAM y para ello durante esta contingencia pone a su disposición el siguiente correo electrónico: igualdadgenero.unam@gmail.com.

 

Otros teléfonos proporcionados por la funcionario universitaria para hacer denuncias son los siguientes: Línea Mujeres Locatel: 5658-11-11; Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CDMX): 5345-55-98; Red Nacional de Refugios: 55 5674-96-95 en la CDMX y 800-822-44-60 a nivel nacional; Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia: 55-5533-55-33; Policía: 066; Vida Sin Violencia: 01 800 911-25-11; InMujeres CDMX: 5512-28-36.

 

 

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