En México, el abandono de las personas adultas mayores lo convierten en delito penal

 

  • Alrededor de dos millones y medio de personas de más de 60 años sufren abandono y maltrato
  • Penas de un mes a cuatro años de prisión
  • El ingreso promedio de las personas mayores de 60 años en nuestro país es de 5 mil 245 pesos

 

Foto: T E

 

Susana SÁNCHEZ.-Con el propósito de sancionar penalmente a hijos e hijas o a quienes tengan la tutela, que abandonen a sus padres como personas mayores, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal con penas de un mes a cuatro años de prisión.

 

Los legisladores mexicanos penalizaron el abandono de las personas mayores y sancionarlos con penas de prisión de un mes a cinco años de prisión, o de 180 a 360 días multa; privación de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

 

El Código Civil de la Ciudad de México, en la materia dedicada a la proporción de alimentos, únicamente ordenaba que “por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia.

 

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En la reforma al Código Penal federal se señala que el delito de abandono de adulto mayor se perseguirá a petición de la parte agraviada, lo que puede ser un impedimento en el caso de personas discapacitadas o que por edad se vean imposibilitadas de hacerlo.

 

Los cambios sancionan penalmente a quien esté obligado a cuidarlo y que sin motivo justificado, lo abandone y lo deje sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia.

 

Durante el debate de estas reformas se reconoció, de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que el 16 por ciento de las personas mayores de todo el país, alrededor de dos millones y medio de más de 60 años, sufre abandono y maltrato por sus propios familiares.

 

El maltrato y la discriminación hacia las personas adultas mayores se ha generalizado en el ámbito familiar, afirmó la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (Encuentro Social) al fundamentar el dictamen.

 

Al fundamentar el dictamen, la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (Encuentro Social) señaló que los adultos mayores viven en una constante lucha por integrase a la sociedad para ver garantizados sus derechos humanos;

 

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En México, agregó, la población de 60 años o más es un sector social y económicamente vulnerable, pues se estima que cerca de 47 por ciento vive en situación de pobreza y entre 20 y 30 por ciento padece violencia física, psicológica y económica, entre otras, o se encuentran en abandono.

 

El ingreso promedio de las personas mayores de 60 años en nuestro país es de 5 mil 245 pesos mensuales, dijo el diputado Alan Jesús Falomir Saenz, de Movimiento Ciudadano, (MC) al citar datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

 

Es una cantidad que resulta insuficiente para la manutención de una persona, manifestó el legislador al destacar que en muchos casos las personas mayores tienen derecho a recibir alimentos por parte de sus ascendientes.

 

En tanto, el diputado Felipe Rafael Arvizu De la Luz, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) comentó que el objetivo de la reforma es proteger la integridad física de los más necesitados.

 

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Precisó que los cambios tienen la principal finalidad de establecer expresamente el delito por abandono de toda persona mayor que sea incapaz de cuidarse por sí sola, que esté enferma o no cuente con los recursos necesarios para su subsistencia.

 

Las reformas se limitaron a sancionar entre un mes a cuatro años de prisión a quien abandone a un adulto mayor, teniendo obligación de cuidarlo y hacerse cargo de su manutención.

 

El abandono es uno de los más frecuentes delitos que sufren las personas mayores, sobre todo cuando sufren de alguna discapacidad o por edad, los abandonan en precarios asilos que no están regulados por las autoridades de las alcaldías ni las autoridades sanitarias.

 

En sesión semipresencial, por causa de la pandemia, diputadas y diputados de todos los partidos políticos aprobaron las modificaciones a los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal y remitieron la iniciativa al Senado de la República para culminar el proceso legislativo.

 

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