Es el momento de crear una Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas Mayores

 

• Se han ignorado y negado los derechos de las personas mayores en muchas de las medidas para hacer frente a la pandemia
• Una nueva Convención fomentaría la participación de las personas mayores en la sociedad y en la toma de decisiones políticas
• Reconocería que todos tenemos derecho a un futuro en el que podamos envejecer con dignidad, ante cualquier situación y en cualquier lugar del mundo

 

 

Madrid.-La pandemia de COVID-19 ha demostrado la necesidad de proteger los derechos en la vejez, pone de manifiesto HelpAge desde la capital española al dar a conocer la iniciativa elaborado por un grupo de expertos, de una nueva “Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas mayores”. Igualdad y no discriminación

 

Esta nueva Convención plantea como temas: Autonomía; Cuidado, apoyo y vida independiente: Violencia, abuso y abandono; Salud y Protección social y seguridad social.

 

La iniciativa responde al llamamiento del Presidente del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento de Naciones Unidas (OEWG por sus siglas en inglés) en el que invitaba a las partes interesadas a aportar ideas y propuestas sobre los posibles elementos de un nuevo instrumento internacional.

 

Este documento titulado “Es el momento de crear una nueva Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas mayores”, destaca “cómo la pandemia de COVID19 ha demostrado la necesidad de proteger nuestros derechos en la vejez”.

 

En este documento se analiza cómo se han ignorado y negado los derechos de las personas mayores en muchas de las medidas que se han implementado o que aún se están implementando para hacer frente a la pandemia y cómo una Convención sobre los derechos de las personas mayores ayudaría a construir sociedades más justas e inclusivas para todas las personas, en todas las etapas de la vida y ante cualquier situación de crisis.

 

 

Además, una nueva Convención fomentaría la participación de las personas mayores en la sociedad y en la toma de decisiones políticas.

 

En concreto, el grupo de expertos analiza, con perspectiva de edad, una serie de derechos fundamentales en relación con la pandemia y las implicaciones negativas que las distintas medidas adoptadas han tenido y continúan teniendo sobre la calidad de vida y los derechos de las personas mayores.

 

Aunque reconocen que aún es pronto para conocer el impacto total de estas medidas, concluyen que si queremos vivir en un mundo justo, donde no perdamos nuestra humanidad a medida que envejecemos, debemos actuar ya y proponen respuestas alternativas sobre la base de una futura Convención.

 

Una Convención reconocería que todos tenemos derecho a un futuro en el que podamos envejecer con dignidad, ante cualquier situación y en cualquier lugar del mundo.

 

A continuación, realizamos un breve resumen de su contenido.

 

Las áreas de derechos que los expertos analizan en el documento son las siguientes:

 

Igualdad y no discriminación

 

 

El derecho internacional de los derechos humanos permite limitaciones de derechos ante situaciones de emergencia, pero estas limitaciones no deben ser discriminatorias.

 

Si bien las personas mayores son más susceptibles de tener problemas de salud graves ante un contagio de covid-19, las medidas basadas en la edad no tienen en consideración la diversidad que existe entre las personas mayores y tampoco han ido siendo actualizadas en base a las evidencias científicas.

 

Además, no se ha tenido en cuenta el impacto negativo y desproporcionado que tienen los largos períodos de aislamiento en el bienestar físico, mental y cognitivo de las personas mayores.

 

A esta situación habría que añadir que no se ha dado el mismo valor social a la vida de las personas mayores que a la de las personas más jóvenes. La pandemia ha demostrado que, en general, la discriminación por razón de edad no se trata con la misma gravedad que otras formas de discriminación.

 

Una Convención haría que este tipo de discriminación fuese reconocida y tratada como una violación grave de los derechos humanos y en el futuro, cualquier medida basada en la edad que se implementase sería sometida al mismo escrutinio que otras medidas consideradas discriminatorias por estar basadas en el género, la discapacidad o el origen de las personas.

 

Autonomía

 

 

Las medidas basadas en la edad también restringen de manera desproporcionada la autonomía, la libertad y la libertad de opinar y decidir de las personas mayores en comparación con el resto de la población porque, como se ha mencionado anteriormente, las capacidades y el estado de salud de las personas mayores son muy heterogéneas y difieren mucho de una persona a otra.

 

Se ha negado el derecho de las personas mayores a recibir información y a tomar sus propias decisiones sobre los tratamientos médicos y se han establecido límites superiores de edad para excluir a estas personas del acceso a recursos médicos escasos, como los respiradores, en los protocolos de triaje.

 

Estos procedimientos, que no son una práctica nueva pero que se han hecho visibles durante la pandemia, no solo niegan su derecho a la autonomía, sino que también viola sus derechos a la vida y la salud.

 

Una Convención reconocería y apoyaría la toma de decisiones de las personas mayores y como consecuencia existiría un mayor respeto por su derecho a la autonomía, contribuyendo a eliminar actitudes edadistas y paternalistas. Fomentaría el respeto de los deseos, los valores, la voluntad y las preferencias de las personas mayores en todos los aspectos de su vida, incluidos los tratamientos médicos.

 

Apoyo, cuidado y vida independiente

 

La pandemia de covid-19 ha puesto de manifiesto la falta de protección de los derechos de las personas mayores en relación con los servicios de atención y apoyo, ya que al suspender estos servicios o no proporcionar equipos de protección suficientes (EPI), estas personas no han podido recibir la atención y el apoyo que necesitan en sus propios hogares o en la comunidad.

 

En general, se ha fracasado a la hora de prevenir las muertes en las residencias de mayores y han existido, de forma reiterada, errores en los datos recopilados y proporcionados sobre el número de fallecimientos ocurridos en estos centros, incluso en las estadísticas oficiales.

 

Una Convención conseguiría que los sistemas de atención y apoyo promuevan la independencia de las personas y se adapten a las situaciones de crisis para satisfacer las necesidades específicas de todas las personas, en todas las etapas de la vida. Formar y mejorar las condiciones de trabajo y la situación de los cuidadores, así como disponer de servicios de cuidados y apoyo de calidad que se proporcionen directamente en el propio hogar y en el entorno más cercano apoyarían el derecho de las personas mayores a elegir dónde y con quién vivir, fomentarían la independencia y su participación social, evitando los riesgos asociados con la institucionalización.

 

Violencia, abuso y abandono

 

 

Las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia han puesto a las personas mayores en mayor riesgo de sufrir violencia, abuso y abandono y ha incrementado la discriminación por razón edad. En este sentido, las mujeres mayores corren un riesgo específico cuando la discriminación por razón de edad se suma a las desigualdades de género.

 

Una Convención reconocería el derecho de las personas mayores a no sufrir violencia, abuso y abandono, tanto en entornos públicos como privados. Se desarrollarían servicios para monitorear, prevenir, responder y remediar esta violencia, con legislación y políticas específicas adoptadas para asegurar que todas estas situaciones sean identificadas, investigadas y castigadas.

 

Salud

 

Durante la pandemia, se ha denegado el derecho a la salud de las personas mayores de distintas maneras, entre ellas, se les ha negado el acceso tratamientos, a centros de salud, a hospitales y a pruebas médicas o se les ha negado información sobre su estado de salud y los tratamientos que iban a recibir.

 

Los largos períodos de aislamiento han tenido impactos negativos y a menudo devastadores en las personas con afecciones de salud subyacentes, muchas de las cuales son mayores y entre las que se encuentran personas que necesitan cuidados paliativos.

 

Una convención reconocería que todos tenemos el mismo derecho al más alto nivel posible de salud sea cual sea nuestra edad. Fomentaría servicios de salud que respondan a las necesidades específicas de las personas mayores, sin discriminación y en cualquier situación, e incluiría a estas personas en los ensayos clínicos que se desarrollen. En definitiva, no se negaría a las personas mayores el acceso a los servicios sanitarios ni a la atención médica por razón de su edad o del lugar donde viven.

 

Protección social y seguridad social

 

 

La interrupción en las prestaciones y servicios de la seguridad social y la protección social han dejado a muchas personas mayores sin acceso a ingresos, alimentos y otros bienes y servicios que necesitan para vivir. La paralización o el cierre de otros establecimientos, como los bancos, agravaron la situación de muchas de estas personas al no poder cobrar las pensiones o no disponer de una tarjeta de crédito. Además, sin un enfoque basado en la edad puede resultar complicado que las personas mayores puedan acceder en igualdad de condiciones que las demás personas a los programas de ayudas económicas porque o bien desconocen su existencia o no tienen acceso a la tecnología que se requiere para registrarse, por ejemplo.

 

Una Convención conseguiría sistemas integrales de protección social para las personas mayores que aseguraran un nivel de vida adecuado, garantizaría su acceso sin discriminación. Además, las propias personas mayores podrían participar en el diseño y la gestión de aquellos planes y medidas dirigidas a ellas.