En la puerta, una crisis socioeconómica y humanitaria con altas tasas de pobreza

 

  • La pandemia agudizó la debilidad de los sistemas de seguridad social
  • Los pueblos afrodescendientes e indígenas sufren discriminación y aumentó el número de trabajadores informales

 

Foto: T E

 

Naciones Unidas.- La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que por su debilidad, la pandemia agudizó en toda América a los sistemas de seguridad social.

 

Advirtió además sobre la posible llegada de una importante crisis socioeconómica y humanitaria, con tasas de pobreza que podrían alcanzar más del 37 por ciento durante este año en América Latina y el Caribe.

 

Bachelet afirmó que la pandemia agudizó además las desigualdades estructurales y la discriminación. Especialmente citó las discriminaciones que sufren los pueblos afrodescendientes e indígenas, la escasa diversificación de las economías y el elevado número de trabajadores informales.

 

Los efectos de la COVID-19, dijo Bachelet, están ahondando la crisis socioeconómica y humanitaria en la región, debido a las desigualdades estructurales que ya existían.

 

“En varios países, la respuesta a las manifestaciones ha sido el uso excesivo de la fuerza. El desarrollo de la crisis socioeconómica y humanitaria de la pandemia corre el riesgo de agravar aún más este descontento y podría desencadenar una nueva ola de disturbios sociales”, advirtió Bachelet.

 

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Al demandar de todos los Estados medidas para evitar que se produzca un mayor deterioro de la situación les pidió que protejan el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica.

 

Durante un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos donde repasó la situación humanitaria a nivel global. Bachelet recordó que durante los últimos años ya habían crecido los movimientos de protesta social en naciones como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México o Perú.

 

Pese a las peculiaridades de cada protesta, explicó, todos se centran generalmente en el acceso inadecuado a los derechos económicos y sociales, la discriminación, la impunidad y las acusaciones de corrupción.

 

Bachelet también denunció que el establecimiento de más controles fronterizos en la región y el uso de las fuerzas de seguridad para frenar a los migrantes aumenta los riesgos que corren estas personas.

 

Es “particularmente preocupante”, señaló, la militarización de las fronteras de Ecuador, Perú y Chile en el contexto de “un movimiento continuado sin precedentes de venezolanos” y las expulsiones sin que se evalúe si necesitan protección.

 

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La Alta Comisionada también destacó que la menor aplicación de las leyes medioambientales durante la pandemia ha causado un aumento de la minería y la tala ilegales en Brasil y otros países de la región del Amazonas, con un impacto especialmente perjudicial para los pueblos indígenas.

 

Señaló la necesidad de dotar de mejor protección a estos territorios frente a las industrias extractivas y los monocultivos.

 

Del mismo modo, expresó su preocupación por los continuos ataques contra activistas medioambientales, defensores de los derechos humanos y periodistas, así como el uso indebido de las leyes penales para silenciar las voces críticas.

 

Alertó sobre el incremento de riesgos para las personas desplazadas debido a unos controles fronterizos cada vez más estrictos y el uso de las fuerzas de seguridad para detener a los migrantes en varios Estados.

 

A modo de ejemplo recordó el hallazgo de los cuerpos carbonizados de 19 personas, al menos 14 de ellas migrantes guatemaltecos, junto con sus presuntos traficantes, cerca de la frontera de México con Estados Unidos.

 

La Alta Comisionada instó al Estado a redoblar esfuerzos para proteger a la población, estableciendo una presencia estatal integral en los territorios más afectados y aplaudió los “avances significativos” en materia de justicia transicional.

 

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La pandemia ha causado estragos en los pueblos indígenas y las mujeres en Guatemala, dijo Bachelet.

 

El país centroamericano continúa enfrentándose “a retos sistémicos y estructurales” como la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la impunidad e la inseguridad, destacó Bachelet.

 

La Alta Comisionada también aludió al impacto socioeconómico de la pandemia del coronavirus para los pueblos indígenas, las mujeres y las personas con discapacidad que a su parecer fue “desproporcionado”.

 

Recordó que la nación centroamericana sigue enfrentándose a desafíos en la garantía de los derechos humanos con “altos niveles de violencia, impunidad, discriminación y falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales”.

 

Además, la pandemia de la COVID-19 y el impacto causado por los huracanes ETA y IOTA han agudizado los obstáculos previos a los que se enfrentan las personas más vulnerables, manifestó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

 

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