Editorial

 

México: aún sin una Política Pública Integral sobre el envejecimiento de su población

 

• La pandemia ha revelado las pésimas condiciones de vida de las personas mayores, uno de los sectores más agraviado y violentado en sus derechos humanos, en su identidad, dignidad, ciudadanía y autonomía

 

 

Editorial de Diario T E.-A un año del primer caso de COVID19 en México, de la descomunal tragedia humanitaria que ha provocado en México los más de dos millones de personas contagiadas y más de 185 mil decesos, se han revelado las pésimas condiciones de vida de las personas mayores, uno de los sectores de la población más agraviado y violentado en sus derechos humanos, en su identidad, dignidad, ciudadanía y autonomía.

 

De ahí la decisión del gobierno mexicano de colocar a las personas mayores en el segundo grupo prioritario en la estrategia de vacunación, después de la clase trabajadora sanitaria porque más del 60 por ciento de la mortalidad por causa de la pandemia, tiene como sus víctimas más propicias a las personas de más de 60 años, por su vulnerabilidad etaria, las enfermedades crónicas que les afectan, hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad en distintos grados, insuficiencias renales, padecimientos cardiacos y distintos tipos de cánceres.

 

La sola vacunación de las personas mayores sabemos que no resuelve las condiciones de vida en su confinamiento. En gran parte porque una gran mayoría de esta población, entre 72 y 74 por ciento, carece de una pensión contributiva y depende de las ayudas gubernamentales como la pensión universal no contributiva que atiende a poco más de ocho millones de personas de más de 68 años.

 

Gran parte de la población que carece de una pensión contributiva o que su pensión no es lo suficiente para una vida digna, se ve obligada a exponerse al virus al salir a las calles, al comercio informal, o como antes de la pandemia a servir de empacadores en las tiendas de autoservicio sin una retribución legal a la que debería obligar a sus empleadores la Ley Federal del Trabajo, y no depender simplemente de las propinas de las personas consumidoras.

 

 

La vida de las personas mayores en México es cada vez más azarosa. Llega a condiciones de crueldad, sobre todo para las mujeres de más de 80 años que sufren violencias. No existen datos claros y transparentes sobre la vida de las personas mayores en México, apenas atisbos de las diferentes formas de carencia y maltrato en que desarrollan sus vidas al interior de sus familias y peor cuando viven en soledad.

 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de su última encuesta mencionan la vulnerabilidad de esta población: más de 1 millón 700 mil personas mayores viven solas y un 69.4 por ciento presentan algún tipo de discapacidad.

 

El Instituto Nacional Electoral ha publicado en su última lista nominal del 19 de febrero de 2021, la existencia de 16 millones 401 mil 215 personas mayores de más de 60 años, mientras el (INEGI), cita 15 millones 400 mil personas de más de 60 años. Son datos contradictorios que deben ser precisados por ambas instituciones.

 

El Censo de 2020 de ese organismo subrayó el pasado mes de enero que “en el país se ha venido observando un gradual proceso de envejecimiento” reflejado en la edad mediana, que pasó de 26 a 29 años en la última década” cuando en 2020, la mitad de la población tiene 29 años o menos.

 

 

Para el INEGI el proceso de envejecimiento queda en evidencia cuando en la pirámide poblacional, “la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido y se ha incrementado la proporción de adultos y adultos mayores”.

 

Una muestra de este proceso de envejecimiento de la población mexicana la destaca el Censo de 2020: “la población de 60 años y más pasó de 9.1 por ciento en 2010 a 12.0 por ciento en 2020, mientras que la población de 0 a 17 años disminuye de 35.4 por ciento en 2010 a 30.4 por ciento en 2020”.

 

Este proceso, desde nuestra opinión, representa, por un lado, la advertencia de pronóstico demográfico inevitable dado el aumento de la esperanza de vida que en estos momentos, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), es de más de 75 años y en 2030 de más de 76 años.

 

Por otro lado la pandemia nos señala una oportunidad para que el Estado Mexicano asuma una política pública demográfica de eminente contenido social, orientada desde edades tempranas de nuestra población, a mejorar las condiciones de alimentación aprovechando la educación pública con el propósito de que en las próximas décadas a las generaciones de personas mayores venideras, sus vidas sean de un real envejecimiento saludable como propone la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para esta década.

 

 

En nuestra opinión se requieren cambios constitucionales encaminados a visualizar este cambio demográfico de gran envergadura para nuestro país. Por ejemplo: ¿en qué condiciones laborales se desarrollará el trabajo de las personas mayores, cuando la mayoría de esta población se vea obligada, como hasta ahora, a continuar tareas de subsistencia en fuentes informales laborales, en pésimas condiciones y sujetos a tratos indecibles?

 

Desde que se inició en el siglo pasado hubo intentos de atención al envejecimiento de la población, las instituciones creadas se dirigieron muy parcialmente a la atención de este fenómeno: el Instituto de la Senectud (INSEN) creado en 1979; el Instituto Nacional en Plenitud (INAPLEN) de corta vida al decretarse en 2002 sustituirlo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

 

Han sido organismos públicos sin la capacidad de atender las insondables, diversas y complejas problemáticas de este proceso de envejecimiento en México. Al INAPAM se lo conoce más por la expedición de credenciales para ingresar gratuitamente a los servicios de transporte público oficial, obtener descuentos en líneas de autotransporte foráneos o por colocar a personas mayores pensionadas, sin salarios, como empacadores en las tiendas de autoservicio, dependiendo de ese favor de las propinas de las clientelas consumidoras.

 

El 25 de junio de 2002, tras su aprobación en el Congreso, se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y por consiguiente la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de ser el organismo rector y coordinador “en asuntos de vejez y envejecimiento”.

 

Sin embargo, con ninguna de estas alternativas cumplieron con su rectoría, apenas son atisbos en el país de una política pública de mayor largo alcance, para los desafíos que entraña el envejecimiento de la población nacional y el cambio de la pirámide demográfico. Las políticas sociales han sido hasta ahora dirigidas a disminuir las carencias económicas de la población de personas mayores con la pensión no contributiva, universal en el actual gobierno de la República, pero sin ir al fondo como rectoras de este proceso.

 

 

Encontramos una ausencia de política pública, organizada e integral, cuando se ha dejado pendiente hasta ahora la incorporación de México a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2015, que desde el sexenio anterior el gobierno priista se negó a firmar y ratificar. Más lejano estaría que México apoyara una Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

Observamos hasta ahora un buen indicio en el Congreso local y en el gobierno de la Ciudad de México de una política pública organizada sobre el proceso de envejecimiento con la expedición en el mes de enero pasado, de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores con un Sistema Integral para su atención en la capital mexicana, una legislación que coincide con la Convención de la OEA, cuya formulación y promoción corresponde más a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

 

Es una buena señal para el resto de las entidades de la República, que en la Ciudad de México se proponga realizar una política pública con propósitos integrales para tratar uno de los temas de mayor relevancia y sensibilidad social en el siglo XXI, antes de que el destino de las personas de más de 60, 7 y 80 años y más sea de mayores agravios en sus derechos humanos para los siguientes años y décadas.

 

Es una Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores que desde nuestro punto de vista debe empatarse a otras legislaciones, como las de la Infancia, las Mujeres y de la Juventud, de la Salud, de la Educación, del Trabajo para formar parte de un conjunto legislativo más integral sobre los derechos humanos de la población a una vejez de calidad en salud y mayor certidumbre de vida para enfrentar los desafíos de la trágica dimensión global como los que ha planteado el COVID19.