Sin distinción social las personas adultas mayores cobran la Pensión Universal

 

• En 2024 este gobierno, al concluir el periodo de López Obrador, se propone que la pensión no contributiva será de unos seis mil pesos cien pesos bimestrales para personas de 65 años y más con un presupuesto de 370 mil millones de pesos anuales
• La mayoría de esta población etaria en pobreza y miseria extrema
• Para 2022 esta pensión será de tres mil 850 pesos

 

 

Susana SÁNCHEZ.-En la colonia Atlántida, al sur de la Ciudad de México, en un pequeño espacio de la sucursal del Banco de Bienestar, personas adultas mayores de 65 años de distintas clases sociales, desde el primero de diciembre, acuden a recibir los dos primeros bimestres de pensión universal de tres mil 100 pesos cada uno, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les otorga hasta ahora a nueve millones 311 mil derechohabientes de todo el país a partir de esa edad.

 

Lo mismo hacen una larga fila, personas jubiladas y con pensión contributiva, personas sin ingresos fijos, desempleadas. Esa fila reúne cada mañana lo mismo gente de más de 65 años que desciende de camionetas de lujo con celulares en mano, que obreros, mujeres dedicadas al empleo doméstico, personas dedicadas al comercio informal u hombres que en sus bicicletas se dedican a repartir alimentos.

 

Algunas de estas personas de clase media se muestran recelosas, hacen la misma fila con cierto aire de petulancia, algunas intentan ocultar parte de su rostro con lentes oscuros, evitan pláticas con quienes hacen la misma espera. No hay excepciones para las clases sociales, todas tienen que esperar fuera de la sucursal, algunas hasta dos horas para cumplir con el trámite y recibir seis mil 200 pesos como el monto de sus primeros dos bimestres. Les piden una copia de su credencial del Instituto Nacional Electoral y una copia del frente de su tarjeta del Bienestar.

 

El 21 de marzo de 2021, en Guelatao, Oaxaca, al sur del país, durante la ceremonia de conmemoración del nacimiento del presidente Benito Juárez, quien venció la invasión francesa en el siglo XIX, caracterizo su gobierno por la austeridad y separó los asuntos de la iglesia de los del Estado, López Obrador anunció que la pensión universal beneficiaría a las personas mayores a partir de los 65 años.

 

Su gobierno se ha propuesto alcanzar con ese beneficio universal a una población de 10 millones 300 mil personas mayores de más de 65 años, una población en veloz crecimiento que de acuerdo con cifras del Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral a diciembre de este año, son 16 millones 765 mil 737 de personas de 65 y más.

 

 

López Obrador ha iniciado una política de apoyo a las personas adultas mayores del país, cuya mayoría, entre el 72 y 74 por ciento no cuentan con pensión contributiva y se encuentran entre el 65 por ciento de la población, que desde el gobierno del priista Ernesto Zedillo (1994-2000) se catalogó se encontraba sumergida en la pobreza y en la miseria extrema.

 

Bajo el emblema de la austeridad republicana juarista, del presidente mexicano que promulgó que los funcionarios públicos deben vivir en la “honrosa medianía”, enfrenta férreas resistencias para que los servidores públicos de diversas instituciones del Estado reduzcan sus extremos y robustos salarios en organismos como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Banco de México, municipios, universidades públicas, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus sueldos superan más de los 200 mil pesos mensuales.

 

Mientras tanto, los salarios mínimos para 2022 será 172 pesos 87 centavos para seis millones 300 mil de la clase trabajadora mexicana, que no alcanzará más que para adquirir ocho kilogramos de tortillas, el principal alimento de la población mexicana. Parte de la población de personas adultas mayores con pensión o sin pensión contributiva laboran en distintas actividades de los mercados formales o informales del trabajo, entre los que se encuentran los empacadores de las tiendas de autoservicio solamente por propinas o dádivas de consumidores.

 

López Obrador ha garantizado que los presupuestos destinados para el pago de la pensión universal a las personas mayores del país saldrán de ahorros obtenidos “de la austeridad republicana juarista”. En 2024 este gobierno, al concluir el periodo de López Obrador, se propone que la pensión universal será de unos seis mil pesos cien pesos bimestrales, con un presupuesto de 370 mil millones de pesos anuales. Para 2022 esta pensión será de tres mil 850 pesos.

 

En el artículo cuarto de la Constitución General de la República, el Congreso aprobó en 2020 una reforma la cual dicta que “las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley”, ahora extendida a partir de los 65 años de edad.

 

 

En la alcaldía de Coyoacán desde septiembre se formaban largas filas en donde ya predominaban las personas mayores de 65 años de las clases medias de la demarcación. El sitio de inscripción fue la plaza del Centro Histórico de esa demarcación al anunciar el gobierno en agosto pasado que la pensión universal, que se otorga a las personas de más de 68 años se extendería a quienes cumplan 65 años, un beneficio que solamente se entregaba a esa edad a población indígena y afromexicana en condición de pobreza.

 

Dos meses después, en un jardín de la plaza de la Conchita, llamado Frida Khalo, el gobierno entregó las tarjetas de beneficiarios de más de 65 años que desde el primero de diciembre empezaron a cobrar en bancos del Bienestar del país, como el ubicado en la avenida Miguel Ángel de Quevedo de esa colonia de la Alcaldía de Coyoacán.

 

Desde que inició el gobierno de la llamada IV Transformación de la República en 2019, López Obrador anunció alcanzar una meta de beneficiar a 8 millones 500 mil personas mayores con la tarjeta de pensión universal, que hasta el gobierno del priista Enrique Peña Nieto solamente beneficiaba a unos dos millones 500 mil personas mayores de 68 años, en un periodo salpicado de sospechas de malos manejos y fraudes con los presupuestos destinados a esa pensión.

 

Asimismo, el presidente mexicano hizo el anuncio de que recibirían el doble de la pensión al pasar de mil 60 pesos a dos mil 550 pesos bimestrales . La Pensión de Adultos Mayores inició en la Ciudad de México en el 2001, cuando López Obrador era Jefe de Gobierno de la capital mexicana y solamente se entregaba a personas a partir de los 70 años, que posteriormente se otorgó a partir de los 68 años.

 

En agosto pasado, tanto el gobierno capitalino y como la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México informaron que en ese mes se iniciaba el registro para incorporar a 225 mil 479 mil adultos de 65 a 67 años residentes en la Ciudad de México a la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, quienes recibirán un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos y cuyo monto aumentará 20 por ciento cada año.

 

 

Para el registro de las personas adultas mayores de 65 años y más el Gobierno instaló módulos en las 16 Alcaldías desde el 9 de agosto hasta el 5 de septiembre, como ocurrió en la alcaldía de Coyoacán. En noviembre se empezaron a entregar las tarjetas y las personas beneficiadas a cobrar su primera pensión universal desde el primero de diciembre.

 

Las más de 225 mil personas mayores de 65 años registradas en la Ciudad de México se sumarían a las más de 883 mil personas adultas mayores capitalinas para alcanzar registrar un millón 110 mil personas de más de 65 años que residen en las 16 alcaldías de la capital mexicana, una de las entidades del país con la población más elevada de personas de más de 65 años.