La peor amenaza para la reforma del sistema penal, gobernadores centralistas y policías municipales: AMG

Acusa el presidente de México SOS, Asociación Civil, Alejandro Martí García ante el presidente Peña Nieto a los mandatarios estatales que están traicionando los intereses de todos los ciudadanos al no establecer el nuevo sistema penal acusatorio

Prioridad nacional para el Gobierno de la República la instrumentación de la Reforma Penal.

A siete años de haberse iniciado el Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, uno de sus principales organizadores, el presidente de México SOS,  Alejandro Martí García, advirtió que la peor amenaza para la reforma del sistema de justicia penal acusatorio, que tiene como plazo junio del próximo año para instaurarse en todo el país,  son los gobernadores centralistas, como el de Sonora – Guillermo Padrés Elías-  y la situación de los policías, especialmente los municipales, una fuerza de seguridad pública integrada por alrededor de 166 mil elementos en los dos mil 439 ayuntamientos en los 31 estados del país.

“En el nuevo sistema de justicia, la policía es un actor fundamental para el proceso penal y, seamos francos; vamos muy atrasados, especialmente en lo que toca a las policías municipales”, dijo Martí García, frente al presidente Enrique Peña Nieto, quien inauguró el Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia en la Unidad de Congresos del Seguro Social.

Por su parte, Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM),  destacó la urgencia de contar con policías totalmente certificados y profesionales.

Igualmente Carbonell Sánchez describió lo que el país requiere para la reforma penal:   “ministerios Públicos que sepan investigar y no solamente enviar oficios de una oficina a otra; jueces cercanos a la realidad sobre la que deben emitir un veredicto y que no se pierdan entre puras formalidades; defensores públicos y privados que se conduzcan con eficacia en el nuevo sistema de audiencias orales; cárceles que estén limpias en el sentido más amplio del término”.

Martí García advirtió   que para el gran reto que significa instaurar el nuevo sistema de justicia penal, es fundamental la voluntad política de quienes toman las decisiones.

El presidente Peña nieto secundó a Martí García y señaló que la implementación del nuevo modelo de justicia en el país “no sólo depende de la voluntad del Gobierno de la República”, depende también del esfuerzo propio que haga cada una de las entidades.

“Cada estado y su sociedad podrán evaluar y ponderar realmente en dónde ha habido un compromiso serio de todos los Poderes de cada entidad por asumir la responsabilidad plena frente a este reto que todos tenemos”, manifestó el presidente Peña Nieto.

El presidente  destacó que las leyes por sí mismas no aseguran su debida aplicación frente a este cambio paradigmático en la justicia mexicana. Afirmó que “llevar este modelo a su debida instrumentación no sólo significa haber hecho los cambios legales necesarios para ello”, y señaló que son    “las instituciones del Estado mexicano, en los Poderes y en los órdenes de Gobierno, en donde debe materializarse debidamente”.

Martí García, por su parte,  tras afirmar que era necesario señalar “una gran verdad”, dijo que la reforma no arrancó pareja a nivel nacional, “porque algunos Gobernadores no han hecho lo que están obligados a hacer”  y advirtió que “quien no implementa la reforma, el gobernador que no insiste en hacer, está traicionando los intereses de todos los ciudadanos”.

En la inauguración de este Foro que reunió a Procuradores de los estados y de la ciudad de México, presidentes de los Tribunales de Justicia, abogados, estudiantes de Derecho, académicos de universidades, Martí García  dijo que la justicia no admite términos medios, “se imparte justicia con probidad o simplemente no hay justicia”.

Asimismo, advirtió que era necesario un cambio de mentalidad en todo el sistema judicial del país mentalidad  para que exista un cambio real para  mediados  de  2016, plazo  previsto que el nuevo sistema opere en las 32 entidades de la República.

“La reforma no se alcanza con las leyes, no concluye con un listado de procesos y sistemas, o la construcción de salas y juzgados”, dijo y agregó: “Se trata de un cambio de cultura en donde se deben de romper paradigmas de todos los que operan y administran la justicia y, obviamente, de quienes somos sujetos y beneficiarios de ella”.

Martí García  criticó  a los gobernadores que se sienten “adalides del federalismo” que  a la hora de luchar por la seguridad y la justicia se vuelven centralistas, y me choca dar ejemplos, pero la verdad, el gran ejemplo lo tenemos en Sonora. Qué vergüenza, a 13 meses no se ha iniciado nada. Es una verdadera lástima”.

Sin embargo, Martí reconoció, sin decir más nombres, mencionó que algunos gobernadores desarrollaron buenas prácticas” de entidades que requieren mayor ayuda y pueden valerse de estos modelos de éxito. “El hecho es que la reforma sí funciona”.

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “el Gobierno de la República ha hecho de la instrumentación de la Reforma Penal una prioridad nacional”, en la que no se ha escatimado esfuerzos para respaldar a los gobiernos estatales en esta importante transición.

El 18 de junio de 2016 es la fecha, dijo Peña Nieto,  “en la que el Estado mexicano tiene la obligación de que el nuevo modelo de justicia exista, y sea el que prevalezca y tenga plena vigencia en todo el territorio nacional”.

El Gobierno de la República “es un entusiasta participante, debidamente comprometido, para llevar a muy buen término la conclusión de la instrumentación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio para todos los mexicanos”, agregó.

Peña Nieto confió en que en 2016 el Sistema Procesal Penal Acusatorio, deberá estar operando en cada una de las 32 entidades del país y a nivel Federal. “El Gobierno de la República ha acompañado este esfuerzo, y para ello-citó- hemos llevado a cabo las siguientes acciones”:

• Asignamos un presupuesto histórico de casi 10 mil millones de pesos, para la implementación del Sistema en las entidades federativas.
• Establecimos un plan de aceleración para acompañar a las entidades federativas en su instrumentación.
• Realizamos un esfuerzo de capacitación para garantizar que todos los operadores cuenten con los conocimientos necesarios.
• Junto con los Congresos locales avanzamos en un 90 por ciento en la armonización de la legislación estatal con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y estamos desarrollando las herramientas e infraestructura para garantizar una investigación científica de los delitos, elemento clave para el éxito del sistema.
• A nivel estatal, el sistema procesal penal acusatorio opera ya de forma total o parcial en 30 entidades federativas, mientras que el Código Nacional de Procedimientos Penales funciona en 23 de ellas.
• En el ámbito Federal, tanto el nuevo sistema procesal, como el Código Nacional, se proyecta que operen a finales de este año en 14 entidades, y para junio del próximo año, 2016, estarán funcionando en toda la geografía nacional.

Explicó que las dependencias del Gobierno de la República trabajan en el cumplimiento de las indicaciones que les ha dado:

“Mantener el respaldo institucional a las entidades para cumplir el plazo constitucional que está fijado”.

 “Agilizar y ampliar los procesos de capacitación de policías, Ministerios Públicos, defensores de oficio, peritos y otros servidores públicos federales, fomentando entre ellos una estrecha colaboración institucional”.

“Fortalecer el diálogo con el Congreso para concretar las leyes pendientes”.

En este punto, el Primer Mandatario asumió el compromiso de “ser voz que insista ante el Congreso de la Unión para que todos estos ordenamientos pendientes de ser aprobados puedan materializarse en el plazo más breve”.

“Mantener las respetuosas y constructivas reuniones de trabajo de alto nivel con el Poder Judicial de la Federación, a partir de las bases de colaboración que hemos convenido”.

“Intensificar las campañas de  difusión para que más mexicanos conozcan el nuevo Sistema de Justicia Penal y los beneficios que trae consigo”.

El jurista Miguel Carbonell Sánchez, por su parte, dijo que la reforma al sistema de justicia penal es “la transformación más ambiciosa del sistema penal mexicano en los últimos 100 años y, también, la reforma de más largo alcance en toda América Latina”.

Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionó “con más de 112 millones de habitantes y con una extensión territorial de casi dos millones de kilómetros cuadrados, la Reforma Penal mexicana, que no le quepa duda a nadie, está escribiendo una página completamente nueva en la historia jurídica de América Latina”, apuntó.

De su lado, la magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Consejera de la Judicatura Federal y representante del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confió que para noviembre de 2015 entre en vigor el sistema en Nayarit, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila y probablemente en Aguascalientes, Colima e Hidalgo. Para enero de 2016 la implementación del sistema en el Distrito Federal, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y, tal vez, Campeche, Michoacán y Sinaloa.

Afirmó que el Poder Judicial de la Federación está cabalmente preparado para dar cumplimiento a la reforma, a fin de que a más tardar a mediados del año próximo México cuente con el nuevo Sistema de Justicia Penal.

La implementación del sistema penal acusatorio a nivel Federal, dijo, ha sido gradualmente dividida en diferentes etapas. El 24 de noviembre de 2014, informó,  iniciaron funciones los Centros de Justicia Penal Federal con sede en San Andrés Cholula, en Puebla, y Durango, Durango. En tanto, el 16 de marzo de 2015 se pusieron en marcha los de Mérida, Yucatán, y de Zacatecas, Zacatecas.

Finalmente manifestó que el Poder Judicial de la Federación, consciente de su responsabilidad dentro de la reforma, ha establecido objetivos específicos tendientes a dar continuidad y a contribuir en la instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que se continúan desarrollando actividades conforme a los tres ejes fundamentales de la reforma constitucional: el eje de cambio organizacional, el de cambio cultural y el de la coordinación institucional.