Compromiso tácito de los Tres Poderes de la Unión: eliminar la corrupción y la impunidad en todo el país

México, entre las naciones más corruptas

Promulga el presidente Peña Nieto una reforma a 14 artículos de la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción

Los particulares que presten servicios a los gobiernos que incurran en actos de corrupción serán sancionados

Los Tres Poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  determinaron en Palacio Nacional atacar el mayor flagelo del país, el binomio corrupción-impunidad, quie dijo el ministro José Fernando Franco González, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nción,  socaba el Estado de Derecho y es una amenaza para la seguridad nacional.

El presidente Peña, antes de firmar el decreto, advirtió que en 2014, “según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de apenas 35, en una escala de 0 a 100. Prácticamente la misma que hace 20 años”.

 En esta escala nuestro país se ubicó en el lugar 103 entre 175 naciones, dijo el presidente al considerar “inaceptable que México tenga una evaluación tan baja. No sólo por la posición en sí misma, sino por la insatisfacción y desconfianza en las autoridades que ello refleja”.

Por eso, destacó Peña Nieto, la lucha contra la corrupción debe ser un desafío que nos convoque y nos comprometa a todos los mexicanos. Para superla, el mandatario afirmó que era necesario una solución estructural, una respuesta institucional amplia y sistémica, permanente y decisiva.

Como Presidente de la República, agregó, estoy firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

La corrupción, dijo Peña Nieto, es un mal que afecta la vida económica, política y social de cualquier Nación. “Es un flagelo, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, que limita el crecimiento a las empresas, que socava la confianza en el servicio público y, sobre todo, que impide al ciudadano ejercer plenamente sus derechos”, añadió.

El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, dijo que ese binomio de corrupción-impunidad se inicia desde que cualquier ciudadano viola normas de tránsito, se pasa un  alto, se estaciona en lugares prohibidos, tira la basura en la vía pública hasta quien ejecuta secuestros.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, dijo que la corrupción le cuesta al país un billón y medio de pesos al año al país, mientras el  secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, aseguró que el Sistema Anticorrupción es un paso trascendente que obliga a los funcionarios de todos los niveles, federales, estatales y municipales, a la rendición de cuentas y mantendrá  abierto durante siete años  los expedientes de los servidores públicos, después de culminar su encargo,  por cualquier tipo de irregularidad que sea denunciada en su contra.

Esta nueva reforma a la Constitución alcanza a los particulares, cuando se vinculen a faltas irregularidades graves, serán sancionados económicamente, inhabilitados para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, así como obligados al resaccimiento de los daños causados al erario público.

Esta reforma tendrá que ser complementada con legislaciones secundarias, que habrán de ser discutidas y aprobadas por el Congreso, para garantizar su vigencia del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual se estima estará totalmente instrumentada para el 2016.

El ministro José Fernando Franco González Salas, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificó  reforma de profundo calado y verdaderamente trascedente para el país  y consideró que consolida el andamiaje normativo para un combate más efectivo de la corrupción.

Este Sistema, añadió el ministro, “es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y actos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos”.

Por su parte,  el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, consideró que esta reforma constitucional  es una nueva ruta “que no se circunscribe al acto meramente normativo”, es “un compromiso que abarca los tres Poderes de la Unión, los ámbitos Federal, estatal y municipal, y los órganos constitucionales autónomos”, así como a la sociedad.

Durante la ceremonia de promulgacióin de esta reforma constitucional, el presidente Peña Nieto detalló los puntos esenciales de la reforma constitucional:

PRIMERO: Se establece y articula todo un Sistema Nacional Anticorrupción. “Se trata de una moderna instancia de coordinación entre las autoridades locales y federales, con atribuciones amplias para prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción”. El nuevo Sistema, añadió, “velará porque el desempeño de los servidores públicos se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

El Sistema Nacional Anticorrupción tendrá un Comité Coordinador integrado por la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción y la Secretaría de la Función Pública. También formarán parte de este comité el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y un representante del Comité de Participación Ciudadana del propio Sistema Nacional Anticorrupción”.

“Con ello, haremos de la lucha contra la corrupción un gran esfuerzo nacional”, subrayó.

SEGUNDO: Se fortalecen y amplían las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. “Con el fin de investigar y sancionar con más eficacia los actos irregulares, esta autoridad podrá realizar auditorías en tiempo real, es decir, aún cuando el ejercicio fiscal esté en curso, y no sólo eso, además podrá efectuar revisiones a periodos fiscales anteriores. También, por primera vez, tendrá atribuciones para vigilar el destino final de las participaciones federales que reciben estados y municipios, así como los recursos federales que se entregan a fideicomisos públicos y privados. Igualmente, podrá supervisar en qué se gasta la deuda pública que contratan los gobiernos locales, cuando ésta sea garantizada por la Federación”.

“De este modo, la Auditoría Superior de la Federación se consolida como el máximo órgano de fiscalización al tener la capacidad de auditar la totalidad del gasto público federal y las participaciones federales que van a las entidades federativas y a los municipios. Además de otorgarle nuevas facultades a esta Auditoría, la reforma eleva a rango constitucional su mandato para promover responsabilidades ante las autoridades competentes, a efecto de que sean sancionados tanto servidores públicos, como particulares”, puntualizó.

TERCERO: Se crea un innovador y moderno esquema de justicia administrativa. “Surge un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, con atribuciones para imponer sanciones a los servidores públicos y a los particulares que cometan faltas administrativas graves. Este órgano jurisdiccional contará con plena autonomía para asegurar la certeza jurídica y para que prevalezca el interés general de los mexicanos por encima de presiones, influencias o consideraciones de cualquier otro tipo”, dijo.

Agregó que, además, “se amplía a nivel constitucional de tres a siete años la prescripción de faltas administrativas graves, dotando a la justicia de un alcance transexenal”.

CUARTO: Se fortalece la corresponsabilidad entre los Poderes Públicos para combatir la corrupción. “A partir de esta reforma, el Senado de la República ratificará el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública. Por su parte, los responsables del control interno de los organismos autónomos deberán ser designados por la Cámara de Diputados, garantizando que cuenten con la imparcialidad necesaria para cumplir sus funciones”, apuntó.

QUINTO: Se establece una hoja de ruta para la legislación secundaria del nuevo marco constitucional. “La reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir en un plazo máximo de un año la Ley  General que establezca las bases de coordinación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. También faculta a los Diputados Federales y Senadores para definir las competencias de cada autoridad en el combate a la corrupción, así como las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de todos los órdenes de Gobierno”.

El presidente Peña Nieto expresó su reconocimiento “a las y los Senadores, a las y los Diputados Federales y locales, así como a los representantes de las principales fuerzas políticas por su trabajo comprometido. Pero sobre todo, también quiero destacar que esta reforma constitucional es fruto de una inédita y constructiva participación de la sociedad civil organizada, de académicos y de expertos en favor de la honestidad y la integridad en el servicio público”.

Aseguró que “hoy México tiene, en las reformas constitucionales en Materia de Transparencia y de Combate a la Corrupción, dos pilares para lograr una gestión pública basada en la integridad y en la rendición de cuentas”.

Con estas reformas, continuó, “se logran dos importantes objetivos: por un lado, obligar a todos los Poderes y órdenes del Estado mexicano a hacer más transparente su diario actuar, y por otro lado, se crean mecanismos que establecen un mayor control sobre el ejercicio del gasto público. Eso es lo que hoy estamos logrando a través de estas dos importantes reformas que, estoy seguro, habrán de calar como deseamos en el ánimo y en el ambiente de nuestra sociedad para ir generando una nueva cultura en favor de la transparencia, de la honestidad y de la legalidad”.

Señaló que en el México de la actualidad “hay elecciones libres, tenemos instituciones electorales fuertes e independientes, y la alternancia en todos los órdenes de Gobierno ya es parte de nuestra normalidad democrática. Esta experiencia de cambio institucional, de cambio de mentalidad, pero sobre todo de cambio cultural, nos demuestra que sí es posible evolucionar, que sí es posible transformar a nuestro país cuando hay voluntad política y un esfuerzo ciudadano que se da de manera sostenida”.