El Ombudsman: contrapeso necesario frente al ejercicio del poder público

El Ombudsman: contrapeso necesario frente al ejercicio del poder público

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, publicamos el texto íntegro del discurso pronunciado  por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, en ocasión del 25 aniversario de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la ceremonia efectuada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

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Es para mí un honor darles a todas y a todos, la bienvenida a este acto conmemorativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Quiero agradecer, en primer término, y reconocer ampliamente que nos acompañe el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

También, saludo al Senador Miguel Barbosa Huerta; al Diputado Julio César Moreno Rivera; al Ministro Luis María Aguilar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al licenciado Mariano González Zarur, Gobernador Constitucional del estado de Tlaxcala y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al licenciado Rubén Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del estado de Coahuila y Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO.

Al doctor José Narro Robles; a las distinguidas Secretarias y Secretarios de Estado y demás miembros del Gabinete del Poder Ejecutivo Federal; a los distinguidos legisladores y legisladoras aquí, presentes.

A los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH; a los titulares de los organismos locales de protección y defensa de los derechos humanos, pares en esta función que realizamos; a los representantes de las organizaciones no gubernamentales.

A la doctora Mireille Roccatti Velázquez; al licenciado Jorge Madrazo Cuéllar; al doctor José Luis Soberanes, y al doctor Raúl Plascencia.

Y a ustedes, representantes de los medios de comunicación.

Señoras y señores:

Desde su creación, este organismo nacional no había afrontado un contexto tan complejo y demandante como el actual.  México no es el mismo hoy, que aquel que vio hace 25 años el surgimiento de la que entonces se denominó Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En sí, el reconocimiento y jerarquía de los derechos fundamentales dentro de nuestro sistema jurídico tampoco es el mismo. El catálogo de derechos se ha ampliado; los mecanismos para hacerlos valer se han fortalecido, pero, en contraparte, los riesgos y agresiones en contra de la dignidad humana también han adquirido nuevas formas.

Si bien el estado que guarda el respeto a los derechos humanos en algunas partes de México no nos da ningún motivo de celebración, hoy, que conmemoramos los primeros 25 años de este organismo nacional, considero que es una ocasión oportuna para reflexionar respecto de su trascendencia, objetivos, retos y desafíos que, como institución, enfrenta de cara al futuro.

El Ombudsman ha sido, desde su mismo origen, un contrapeso necesario frente al ejercicio del poder público. Es un elemento indispensable para equilibrar la interacción entre autoridades y gobernados, tomando como parámetro el respeto a la dignidad humana y la aplicación de la ley.

La existencia de la CNDH le ha dado al Estado y a la sociedad mexicana, la oportunidad de comprender y hacer vigentes muchos valores.

En 1990, al ser los derechos humanos una cuestión lejana y para muchos desconocida, buena parte de la sociedad aceptaba con fatalismo irreflexivo que el abuso del poder era inherente a su ejercicio.

Frente a ellos, hubo grupos que pugnaron por el respeto a la dignidad humana bajo cualquier circunstancia; postura, esta última, que abrió camino, ganó fortaleza y ha prevalecido.

Muchos pensarían que actualmente se violan los derechos humanos más que antes. Me parece difícil saberlo.

Sin embargo, sí es posible entender que el aumento en el número de las quejas entre 1990 y 2015, obedece, entre otras cosas, a que hoy día las personas conocen y son más conscientes de sus derechos.  Hay dónde y quién atienda las violaciones a los mismos, además de brindar apoyo a las víctimas.

Las opciones que tienen las personas para hacer valer sus derechos son cada vez más amplias, así como su conocimiento público, lo cual se complementa con la existencia de una sociedad civil activa, organizada y comprometida con la causa de la dignidad humana.

El fortalecimiento de esta noción básica sobre los derechos humanos, ha propiciado que la existencia misma de esta Comisión Nacional se constituya como algo benéfico, al generarse en la sociedad la convicción de que hay una institución atenta a la protección de su dignidad, y que actúa en su favor cuando la misma sea violentada.

Ese hecho por sí mismo, contribuye a inhibir conductas contrarias a los derechos fundamentales.

La CNDH ha colaborado en la consolidación de la vida democrática en nuestro país, al incidir en la construcción de una nueva forma de relacionar a los ciudadanos con el poder.

La mejor expresión de esta evolución democrática está contenida en la Reforma Constitucional de 2011, en materia de Derechos Humanos, por medio de la cual el Estado ya no otorga ni concede los mismos, sino se obliga a reconocerlos y a respetarlos.

Esta Comisión Nacional es parte de un movimiento social reformador y regenerador que se planteó modernizar al país y fortalecer sus instituciones.

No deja de ser relevante que México, con sus características e historia, con frecuentes episodios autoritarios, haya podido generar en 1990 una institución que al mismo tiempo es freno y conciencia, así como promotora de cambios sociales.

No podemos llevar a cabo esta conmemoración sin hacer un ejercicio autocrítico y reconocer que durante estos 25 años, la Comisión Nacional ha tenido ausencias, omisiones, trabas burocráticas, y también ha enfrentado la tentación de ceder a las presiones políticas.

En contraste, la CNDH ha contribuido a generar una conciencia en la sociedad, y en las autoridades sobre la importancia y necesidad de que se respeten los derechos de las personas, visibilizando múltiples abusos, logrando que, de algún modo, los mismos no queden impunes, y propiciando que los derechos fundamentales se tomen en cuenta en las políticas públicas.

Como institución, la CNDH se ha ido adaptando a las nuevas visiones y lógicas que han imperado en materia de derechos humanos, cuya principal incidencia ha sido el reconocimiento gradual de un catálogo cada vez más amplio de derechos fundamentales.

La idea de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos, repercuten decididamente en la manera de proteger y promover los mismos.

En 1990, los derechos que ocupaban a este organismo nacional eran los que, en ese entonces, se llamaban de primera y segunda generación mayormente; tales como la libertad, la vida, el debido proceso, el derecho a la salud y la libertad de expresión.

A 25 años de distancia, la distinción entre generaciones de derechos se ha eliminado. La atención de los escritos de queja, ahora implica ponderar un conjunto amplio de derechos humanos relacionados entre sí, y que pueden ser vulnerados por factores de muy diversa índole.

De manera adicional, prácticas y conductas de las que conoció este organismo en 1990, desafortunadamente hoy se siguen presentando, como son la tortura, la desaparición forzada y los problemas relativos a las personas en condición de migrantes; agravados, hay que señalarlo, por la presencia de las organizaciones criminales.

Esto nos impone la necesidad de revisar si los derechos humanos, efectivamente se han puesto como eje de toda decisión de Gobierno, y si los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro de actuación.

El Ombudsman no puede resolver todos los problemas sociales, ni remediar muchas de las inconformidades que tiene la sociedad respecto de la administración pública.

Sin embargo, en los asuntos de su competencia, México y los mexicanos debemos tener certeza plena que se maximizarán los recursos y se sacará fuerza de las debilidades para que la verdad prevalezca, y la atención y el auxilio lleguen a quien ha sido víctima de algún agravio.

Un Ombudsman fuerte, independiente, conviene a todos, y fortalece a México. Menoscabar su autonomía o pretender politizar su función, implica un daño grave a la vida democrática de nuestro país.

El conocimiento y respeto de los derechos humanos cuenta hoy con un entorno más propicio que hace 25 años, pero si no se logra la vigencia plena de los mismos, se pone en riesgo la gobernabilidad y el sistema democrático.

La Comisión Nacional no ha logrado evitar casos tales como los de Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Chalchihuapan o Tlatlaya. Pero sí ha logrado visibilizarlos, evitar que se olviden y procurar que no queden impunes.

En ese mismo sentido, se conocen hechos como los sucedidos en Iguala, en Apatzingán, y más recientemente en Tanhuato, donde la demanda y necesidad de que se conozca la verdad, imponen la realización e investigaciones exhaustivas, imparciales, diligentes y objetivas.

Por qué a 25 años de distancia, las violaciones a derechos humanos siguen siendo un tema frecuente en la vida pública de nuestro país.

La respuesta trasciende al ámbito exclusivo de las autoridades, llega hasta cada uno de nosotros, y tiene como punto central nuestra cultura de la legalidad, el respeto que le damos al Estado de Derecho, la forma en que vemos que la ley se aplica y los niveles de impunidad que imperan.

La autoridad tiene la obligación de sujetar sus actos a lo previsto por las normas, de aplicar la ley a quien la incumpla y no permitir forma alguna de impunidad.

La coherencia y ejemplo de la autoridad en el propio actuar es tan importante, como las acciones que emprenda ante quien viole las normas.

Como sociedad, no sólo debemos exigir a las autoridades que cumplan y respeten la ley. Debemos empezar, también, por nosotros mismos; quienes observemos las normas, respetemos a nuestros semejantes y trabajemos día a día, por la grandeza de nuestra nación.

De nada o de  muy poco servirán los cambios institucionales y normativos que se emprendan si no somos capaces de generar un cambio cultural en cada miembro de nuestra sociedad, en la conciencia ética de cada mexicana y mexicano, a efecto de que asumamos la necesidad y conveniencia de cumplir la ley y sujetar sus actos a la misma, lo cual lleva implícito el respeto a los derechos fundamentales.

Comprender que el hecho de incumplir la ley buscando un beneficio personal en el corto plazo, ocasiona en el largo plazo un daño que supera al individuo, llega a la comunidad y acaba afectando a toda la sociedad.

La violencia registrada en algunas zonas del país ha puesto en riesgo la vigencia de los derechos humanos y generado una alerta para quienes vemos por su protección y defensa. Su incremento y el de la descomposición social, ponen a prueba a las instituciones, incluida a la CNDH, y evidencian las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuesta por parte de las autoridades desde hace muchos años, así como la debilidad del Estado de Derecho en esas regiones.

La respuesta que como Estado se dé a esta violencia, debe ir más allá de las acciones meramente reactivas. Hay que entender y remediar los factores que la generan.

Una prospectiva basada sólo en la reacción, lleva implícito el grave riesgo de que se avalen acciones autoritarias o alejadas de lo previsto por las normas, lo cual no podemos permitir ni como sociedad ni como país.

No hay lugar para la indiferencia ni la insensibilidad. Los grados de violencia que se viven generan una nueva realidad a la que no nos debemos acostumbrar, y que nos demandan acciones responsables y compromisos inmediatos para ser atendida.

La frecuencia e intensidad de hechos violentos que también se han registrado durante el proceso electoral, resulta preocupante  y no puede ser aceptable. No permitamos que la violencia sea la protagonista central de nuestra convivencia en los próximos años, ni que nuestra historia futura se manche de sangre; fortalezcamos la vida y la cultura democrática de las que hoy gozamos, las cuales constituyen uno de nuestros patrimonios más valiosos como sociedad, y son un producto histórico del esfuerzo y sacrificio de muchos mexicanos.

Señoras y señores:

Hace 25 años, el Ombudsman Jorge Carpizo, ya hacía notar que la persecución de los delitos no era incompatible con un régimen sustentado en los derechos humanos. Que no era posible que se pretendiera remediar la injusticia cometiendo nuevas y mayores injusticias, toda vez que una violación a los derechos humanos que no es resarcida, debilita al pacto social y  jurídico sobre el cual se apoya la sociedad mexicana.

La clave, decía, antes como hoy, se encuentra en la vigencia de un Estado de Derecho que garantice el respeto de todos los derechos humanos. Hasta ahí la cita.

Hay que defender a la persona con la ley y sus instituciones. La vigencia de  los derechos humanos sólo es posible cuando hay paz, y para ello, es indispensable la seguridad.

Sin justicia, no hay paz. Sin paz, no existen condiciones para el desarrollo pleno e integral de la persona.

La paz es un objetivo cuya realización incumbe no sólo a las autoridades; es un proceso que no puede concretarse sin el compromiso de todos los mexicanos.

Es convicción de esta Comisión Nacional, el hacer un respetuoso llamado tanto al Ejecutivo Federal como a los Gobernadores de las distintas entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, esto último a través del titular de la CONAGO aquí, presente, para que trabajemos juntos en generar un consenso y un compromiso por la paz en nuestro país, con sustento en la aplicación de la ley, en la justicia, en la igualdad y en la libertades públicas, que involucre a todos los órganos del Estado y la sociedad.

Los riesgos y consecuencias de la violencia son sumamente graves. Aún estamos a tiempo de revertir este proceso. Para ello, es preciso apostar no sólo a la vigencia de la ley, sino a la cultura y a la educación con sustento en los derechos humanos, que sirva para construir la paz.

Los costos inherentes a la prevención de la violencia son altos, pero siempre serán menores que aquellos implícitos en permitir su avance.

La educación en y para los derechos humanos, además de un derecho constitucional, es un elemento indispensable para la prevención de las violaciones a la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente.

Es una prioridad, tanto fáctica como moral, que no debe ser soslayada bajo ningún concepto.

Concluyo con una cita del primer Presidente de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien los mexicanos tanto debemos en la construcción de las instituciones democráticas, así como en la promoción y defensa de la dignidad humana en nuestro país.

Decía: Uno de los valores más queridos para el ser humano, es la realización de la justicia. Ese valor, que es parte indispensable del trabajo del Ombudsman, guíe siempre nuestros actos, que todos juntos, con nuestros esfuerzos y voluntades, hagamos que la justicia; principio y fin del quehacer humano, brille y se fortalezca.

Justicia como meta, y al servicio de las personas.

Justicia que perfeccione el orden jurídico, y haga resplandecer el cumplimiento y la protección real de los derechos humanos.

Muchas gracias por su atención.

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