Llaman a mejorar políticas de empleo ante envejecimiento demográfico en España

Llaman a mejorar políticas de empleo ante envejecimiento demográfico en España

Promover la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores de más edad, eliminar la discriminación en el acceso a los servicios de orientación profesional y de colocación, que se tenga en cuenta las aptitudes profesionales, experiencia y calificaciones, mejorar el acceso a la formación continua y potenciar la seguridad en el empleo de las personas de más edad, demandas a la OIT

En Europa la tendencia demográfica puede provocar nuevas reformas del sistema de pensiones

España es el segundo país de la UE con la esperanza de vida más elevada (84 años).
España es el segundo país de la UE con la esperanza de vida más elevada (84 años).

Alberto VAQUERO GARCÍA, Diario  Regional de Ourense  

En la actualidad una de las cuestiones que más interés suscita sobre el mercado laboral es el impacto del proceso de envejecimiento de la población. Desde hace más de dos décadas, tanto la Comisión Europea como la OCDE vienen recomendando actuaciones para mejorar las expectativas laborales de las personas de más edad.

El actual proceso de envejecimiento demográfico está afectando considerablemente al mercado de trabajo, no sólo por su efecto sobre el sistema de pensiones, sino por las implicaciones sobre la oferta laboral y por la pérdida de capital humano que se produce por la jubilación de los trabajadores en un momento donde además, ha aumentado considerablemente la esperanza de vida.

El reconocimiento del derecho a una pensión resulta algo natural e innato. Este fue el planteamiento con el que surgió el sistema de pensiones. Sin embargo, su funcionamiento se encuentra con un problema a medio y largo plazo. Así, en España, un trabajador tras haber cotizado durante 35 años, que era hasta hace poco el período mínimo para alcanzar una pensión completa, tenía derecho, como media, a una pensión que duraba 18 años, período que irá aumentando en los próximos años. En las tres últimas décadas el ratio de años cotizados en relación al tiempo con derecho a la prestación ha pasado a ser la mitad, cuando hace menos de 15 años era la tercera parte.

OURENSE 09.07.2014. A SEARA. MANUEL CACHEIRO, EN SU CASA, DONDE SUFRIÓ UN ASALTO. FOTO: MIGUEL ANGEL

Además, no debemos olvidar que España es el segundo país de la UE con la esperanza de vida más elevada (84 años).Esta preocupación por los efectos económicos del envejecimiento ha provocado que en numerosos países (entre ellos España) se haya reformado el sistema de pensiones de cara a evitar dificultades financieras. Sin embargo, de seguir con esta tendencia demográfica y laboral, será necesario introducir nuevas modificaciones.

Perspectivas a corto y largo plazo

Además, la situación demográfica no va a cambiar a corto plazo, ya que las estimaciones apuntan a un empeoramiento de las condiciones para el sostenimiento económico de las prestaciones por jubilación, ya que el crecimiento del colectivo de personas mayores será mayor en los próximos años. Esto se debe a la reducida baja tasa de fecundidad que se observa en España desde hace casi tres décadas. Las pirámides de población ya no poseen esa amplia base de hace 70 años, sino todo lo contrario, ya que anualmente el peso de la población mayor sobre el total de habitantes aumenta, generando mayores tasas de dependencia.

La solución pasaría por un incremento de la población activa y, especialmente, de la ocupada y un aumento de la fecundidad. Sin embargo, de producirse, este efecto no sería inmediato, ya que es imprescindible entre 25 y 30 años, al ser este el tiempo que tarda una nueva cohorte en entrar al mercado de trabajo.

El fenómeno del envejecimiento demográfico es algo habitual en aquellas sociedades que han alcanzado cierto nivel de bienestar. Esto no sólo se traduce en el aumento del grupo de personas de más edad, sino también al hecho de que la población trabajadora decide finalizar antes su vida activa, por medio de las jubilaciones anticipadas. Esta situación parece responder, en parte a una decisión personal, en parte profesional, ya que la penalización por una jubilación anticipada no parece disuadir a los trabajadores, situación que se ha podido comprobar en España. Además, este instrumento ha sido una opción muy utilizada por las empresas, que solían ver en él una salida inmediata al exceso de personal y una solución para abaratar el coste de la mano de obra.

Así, durante los últimos años se ha acudido a las jubilaciones anticipadas involuntarias (sobre todo por medio de expedientes de regulación de empleo) y voluntarias (a través de bajas incentivadas) con el objetivo de intentar mejorar la situación de los jóvenes en el mercado laboral. Sin embargo, este tipo de actuaciones no fueron en el sentido correcto ya que lo que debe conseguirse es aumentar la tasa de actividad y de ocupación de todos los grupos de población, pero no desplazar los problemas de empleo de un grupo a otro.

La Organización Internacional del Trabajo viene señalando la necesidad de adoptar medidas para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores de más edad, eliminar la discriminación en el acceso a los servicios de orientación profesional y de colocación, que se tenga en cuenta las aptitudes profesionales, experiencia y calificaciones, mejorar el acceso a la formación continua y potenciar la seguridad en el empleo de las personas de más edad.

Sea cual sea la razón que justifica esta terminación temprana de la vida laboral, lo que está claro es que se está perdiendo un importante capital humano acumulado que será difícil recuperar. Los gobiernos y algunas grandes empresas se han pronunciado en numerosas ocasiones advirtiendo de los peligros de mantener esta tendencia. Si a lo anterior añadimos el hecho de que la población se incorpora más tarde al mercado de trabajo, principalmente por la necesidad de seguir formándose más tiempo y/o por las peores condiciones de acceso al primer empleo, cada vez se trabaja menos tiempo.

En España el período medio de tiempo trabajado ha pasado de los 45 años (hace tres décadas) a los 35 años en 2014, lo que supone una importante reducción de las cotizaciones sociales que puede desestabilizar el actual sistema de pensiones, además de las profundas repercusiones sobre el mercado de trabajo.

Desde hace unos pocos años se comprueba como las generaciones del baby boom comienzan a llegar al límite de la edad  de jubilación. Esto unido a la baja fertilidad y al aumento de la esperanza de vida, complica los ratios demográfícos.

Debido a este proceso se observan reducciones en las tasas de actividad y ocupación. Se producen menores ingresos por la vía de los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social. Se genera un aumento de los gastos sociales, en especial pensiones de jubilación, invalidez y servicios sociales. Todo lo anterior se traduce en importantes problemas financieros para el Estado de Bienestar.

Si bien en prácticamente todos los países de la UE25 se encuentran en pleno proceso de envejecimiento, la intensidad del mismo varía por países.

El fenómeno del envejecimiento demográfico es algo habitual en aquellas sociedades que han alcanzado cierto nivel de bienestar.
El fenómeno del envejecimiento demográfico es algo habitual en aquellas sociedades que han alcanzado cierto nivel de bienestar.

Aún con todo, el grupo de personas entre 15 y 64 años se va poco a poco reduciendo, por lo que es de esperar que en 20-30 años, la distribución demográfica muestre una proporción menor de personas laboralmente activas. Por lo tanto, el descenso de la población de menos edad y el incremento de la población en los tramos de más edad es uno de los principales retos a afrontar en los próximos años.

Esta situación presente en toda España, tiene una especial importancia en la Comunidad Autónoma de Galicia y, especialmente en Ourense, la provincia más envejecida en España y la única que perdió población en las dos últimas décadas.

Retos de sostenibilidad en el caso Ourensano

¿Qué se ha hecho hasta ahora? Desde la óptica pública más bien poco y por lo que se ha apostado no ha funcionado. Se habla mucho de mejorar los indicadores demográficos, pero la provincia de Ourense no solo está estancada demográficamente, sino que desde el punto de vista poblacional, parece que está inmersa en un proceso de “caída libre”. La población de más edad gana peso, tanto en número absoluto como relativo. Nuestros jóvenes, al no encontrar trabajo, se ven abocados a la emigración y, debido a la situación económica provincial, entre otros motivos, las familias tienen cada vez menos hijos, haciendo muy complicado el relevo generacional.

Así, frente al tradicional pesimismo en el que parece sumida la provincia ourensana hay que encontrar soluciones a esta situación. Es imprescindible aprovechar el importante capital humano de las personas de más edad (nivel de estudios, formación, conocimientos, experiencia, etc.) y tratar de generar oportunidades para este colectivo. Detrás de todo esto está el concepto de envejecimiento activo, que deber ser el centro de todas las estrategias futuras de sostenibilidad laboral.

Para ello es necesaria la implicación efectiva de todos los agentes afectados para alcanzar, con éxito, una actuación ajustada a este proceso de envejecimiento sin precedentes. Las personas mayores no suponen ni una carga ni son improductivas. Por lo tanto, se deben encontrar los mecanismos para seguir aprovechando su potencial.

Así, es necesario que las empresas y las diferentes administraciones públicas creen mecanismos para promover una sociedad en donde cada vez más la población de más edad debe convivir junto con un sector de jóvenes, cada vez menos representado en la pirámide de población, especialmente en el caso de la provincia ourensana.

Reforma global y alcance de las medidas

La prolongación de la vida activa, unida a otro conjunto de medidas resulta imprescindible para poder hacer frente al envejecimiento demográfico. Como se trata de un problema global, la respuesta no puede suponer únicamente modificaciones en el sistema de pensiones. Resulta necesario desarrollar una reforma global e integrada en el mercado de mercado del trabajo, políticas de formación, lucha contra la discriminación laboral, mejoras en el campo de la salud en el trabajo, etc.

Las actuaciones deben tener una visión a medio y largo plazo y no ser coyunturales, apostando por un modelo de ciclo vital, donde se tenga en cuenta todos los posibles escenarios en los que se puede encontrar un trabajador a lo largo de su vida.

Hace unos años esto podría no ser posible, ya que el trabajo dependía de la capacidad física de los trabajadores, que iba mermando con la edad. Hoy en día, cuando la mayor parte de los trabajos requiere habilidades no físicas, esta depreciación del capital humano se mitiga, e incluso aumenta con la edad, al menos para ciertas profesiones.

La heterogeneidad laboral es la principal característica de la población de más edad, ya que suelen llegar a esta situación con diferentes profesiones, niveles educativos, franjas de edad, salud, situación familiar y remuneración. Todo esto deberá tenerse en cuenta al diseñar las actuaciones públicas, ya que al mismo tiempo que se incentiva al trabajo, se deberán establecer vías de salida de la población activa, de acorde a las características anteriores.

Si lo que se busca es el mantenimiento del empleo y la contratación de personas de más de 50 años, es imprescindible la participación de las empresas. De ahí que las previsibles actuaciones deberán también consensuarse con los empleadores. Así, resulta necesario seguir apostando por las medidas de políticas activas de empleo, de formación continua y reciclaje de los trabajadores de más edad, para mantener adecuadamente la flexibilidad laboral en un momento de grandes cambios derivados y donde el trabajo ha dejado de ser algo para toda la vida.

Precisamente por ello es necesario tomar una serie de medidas, entre las que destacan: identificar las causas que provocan el abandono prematuro de la vida laboral; fomentar la prolongación de la participación de los trabajadores en el mercado laboral; tener en cuenta las habilidades y potencialidad de los trabajadores y no la edad; adecuar la empresa a las necesidades de los trabajadores que van envejeciendo, favoreciendo la transmisión de conocimiento y profesionalidad desde los trabajadores de más edad a los más jóvenes; aplicar una legislación efectiva para luchar contra la discriminación por razón de edad; promover transiciones flexibles desde el trabajo a la jubilación y reconocer el importante papel que supone la educación y la formación a lo largo de toda la vida (lifelong training).

Este amplio conjunto de medidas permitirá crear las condiciones necesarias para que los trabajadores de más edad sigan en el mercado de trabajo. En este sentido, la gestión y planificación de los recursos humanos deberá ser fundamental dentro de la actividad empresarial, especialmente en una economía como la ourensana. Por lo tanto se hace necesario un trabajo por parte de todos los agentes involucrados (Administración, trabajadores y empleadores) para mejorar la situación laboral de los trabajadores de más edad. Eso sí, menos promesas y más realidades.

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