Discriminación por edad sufren 150 millones de adultos mayores en AL

Convocan a México y otros países de la región a firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores aprobada por la OEA en junio 

La Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo celebrada en Ciudad de México, que reunió a alrededor de mil representantes de los países de América Latina y el Caribe, concluyó con una convocatoria  a  los países de la región a firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada el pasado 15 de junio, en el cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Amalia Ayala Montoya, manifestó que únicamente cinco países del continente habían ratificado esa Convención, y que faltaban otros cinco para que se conformara un mecanismo de seguimiento, tras poner de manifiesto la discriminación por motivos de edad y la discriminación múltiple que sufren las personas adultas mayores en la región de más de 60 años, que a la fecha son más de 150 millones.

Al poner en evidencia la ausencia de ratificación de esa Convención por parte de los países de América Latina y del Caribe, entre ellos México, la funcionaria de la OPS clamó por la aprobación de la Convención dentro de una sesión especial de esta Segunda Conferencia organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  y el gobierno mexicano dedicada al envejecimiento de la población en esta región del mundo.

La discriminación, dijo la doctora Ayala, coloca a las personas adultas mayores en una particular posición de desigualdad respecto a otras personas y con relación a sus derechos humanos. “El creciente número de personas adultas mayores en las sociedades requieren urgentemente de promover y proteger su autonomía y garantizar todos sus derechos humanos”.

La representante de la OPS destacó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas  Mayores “es un instrumento útil” para, como dice la Convención,  “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

Durante su participación la representante de la OPS hizo referencia al contenido de esa Convención referente a los tipos de discriminación, la cual señala “cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada”.

Asimismo, a la discriminación múltiple como  “cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación” y a la discriminación por edad en la vejez, sea por  “cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada”.

La doctora Ayala se refirió además a garantizar un envejecimiento activo y saludable y a la protección de los derechos civiles y políticos  de las personas adultas mayores; al derecho a la salud, a tener información relacionada con sus tratamientos; en contra del abuso y  a los cuidados paliativos que también menciona la Convención de la OEA del 15 de junio de 2015.

La Convención también establece, dijo Ayala, que los Estados parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas adultas mayores sin discriminación de ningún tipo y a que los Estados parte adoptaran  medidas para sancionar, prevenir y erradicar prácticas como el aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, negación de la nutrición y tratamientos médicos inadecuados, entre otros.

Los Estados parte, añadió, deben tomar medidas para que las instituciones públicas  y privadas ofrezcan a las personas mayores un acceso no discriminatorio a  cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos para evitar el aislamiento y manejar apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor y que eviten el sufrimiento innecesario.

Insistió en que las personas mayores tienen el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud y que los Estados parte deben diseñar medidas  para que las personas mayores puedan gozar  de su derecho en un sistema integral de cuidados que provean protección y promoción a la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional.

Las personas mayores tienen derecho a vivir sin ningún tipo de violencia y maltrato, dijo la funcionaria de la OPS al señalar que la Convención de la OEA sobre los Derechos Humanos de los Adultos Mayores será un instrumento esencial para implementar estrategias, metas, acciones de indicadores para un envejecimiento saludable y activo a nivel internacional, regional, nacional y local.

“Como resultado de este hito, la OPS y la CEPAL- manifestó- hacen un llamado a los gobiernos y a las agencias interamericanas , a las Naciones Unidas, los órganos de derechos humanos, a los redactores especiales y a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a las organizaciones que trabajan con las personas mayores para que intensifiquen su cooperación técnica promoviendo y protegiendo los derechos humanos y el bienestar de las de 150 millones de personas  de 60 años y más que viven en  la región de las Américas”.

Insistió en que la OPS, la OEA y la CEPAL que trabajan por un envejecimiento activo y saludable,  consideran que la Convención Interamericana  sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores es un marco unificador, conceptual y legal  para desarrollar e implementar estrategias universales, regionales, nacionales y locales  sobre el envejecimiento activo y saludable.

Una vez implementado este instrumento, la doctora Ayala manifestó que esta Convención  proporcionará mecanismos para evaluar el progreso y aclarar la rendición de cuentas y las responsabilidades de los distintos interesados involucrados y ayudará a que en nuestra región superen  mucho de los retos que continúa enfrentando el área de envejecimiento activo y saludable.

La representante de la OPS  hizo un llamado para que se emprendan cinco acciones con miras a facilitar la implementación de la Convención:

Diseminar la Convención a nivel internacional, nacional y local a través de mecanismos de concientización y educación pública y acciones innovadoras que contribuyan a promocionar el conocimiento sobre sus normas y a la firma y ratificación del instrumento por los gobiernos.

Apoyar a los gobiernos a realizar consultas amplias participativas sobre la Convención para contribuir la formulación  y revisión de políticas, planes y legislaciones  basadas en los derechos humanos de las personas mayores.

Fortalecer la inclusión de los temas vinculados a las personas adultas mayores en el trabajo de las agendas del sistema interamericano de las Naciones Unidas dentro del contexto de la Convención, recomendando que sus programas y políticas sean inclusivos  en relación a los derechos humanos de las personas mayores y colaborando para fortalecer  el conocimiento y respeto de los principios establecidos con dicha Convención.

Facilitar en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de personas mayores, órganos de derechos humanos, internacionales, regionales y nacionales, agencias especiales, iniciativas de capacitación  para autoridades gubernamentales, incluyendo a trabajadores  atención primaria de la salud y aquellos que laboran en cuidados de largo plazo, de los poderes judiciales y legislativos, defensorías de los derechos humanos, organizaciones y no gubernamentales, sobre el marco normativo que establece la Convención.

Alentar a la comunidad internacional para que apoyen iniciativas nacionales basadas en la Convención, las cuales fortalezcan la colaboración con la sociedad civil, incluidas a las organizaciones de personas mayores, a fin de construir capacidades sobre asuntos relacionados al envejecimiento y facilitar el apoyo que las personas mayores requieran para recibir toda información  de la Convención.

Por otra parte, al dar por terminados sus trabajos en México de esta Conferencia la CEPAL anunció  la organización de la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe en 2017, que tendrá lugar en Paraguay.

Además, llamó al Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010, a que, a partir de su séptimo periodo de sesiones, se aboque a la tarea de elaborar una propuesta que contenga, entre otros, los principales elementos de un instrumento jurídico internacional para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas de edad.

La reunión, desarrollada del 6 al 9 de octubre con la asistencia de representantes de gobiernos, de organismos internacionales y de la sociedad civil, fue organizada por el Gobierno de México y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).