Raúl González Pérez:

Difundir  e impulsar los Derechos Humanos

 

  • Firman convenio  CNDH, SEGOB Y ANUIES

  • Urge participación y compromiso de toda la sociedad

  • Significativas las diez acciones anunciadas por EPN  

Raúl González Pérez, Ombudsman Nacional

Raúl González Pérez, Ombudsman Nacional

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), firmaron hoy un Convenio de Concertación de Acciones para Difundir e Impulsar la Aplicación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.

En el marco de la XLVI Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, que se llevó a cabo en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, González Pérez subrayó que nuestras circunstancias nos imponen obligaciones. “Ya no se requieren más ideas, necesitamos acciones. La suscripción de este convenio es un paso en ese camino”.

En este acto, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la efectiva aplicación de la ley, la justicia y la convivencia pacífica nos sitúan en la ruta rumbo a la prosperidad de nuestra gran nación, en tanto que la violencia, la intolerancia y la polarización, nos debilitan y alejan de ese propósito.

González Pérez enfatizó que la aplicación de la ley es la mejor vacuna contra la impunidad y un supuesto básico para alcanzar un entorno más igualitario,  ello, dijo, debe evitar que se repitan la barbarie, como la sucedida en Iguala, hecho que nos avergüenza, y también las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones, México no se lo merece”.

 Ante la maestra Lía Limón García, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; el maestro José Aguirre Vázquez, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, con quienes signó el Convenio, así como el doctor José Narro Robles, Rector  de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien lo suscribió como testigo de honor, el Presidente de la CNDH destacó que las tareas de formación y educación en derechos humanos implican construcción y servicio.

Reconoció que a tres años de concretada la reforma Constitucional, estamos comprendiendo y asimilando su magnitud real, alcances y consecuencias. Habló de lo mucho que se tiene que debatir y reflexionar, y los muy diversos campos y ámbitos en los que su aplicación tiene más interrogantes que respuestas, y que el gran reto es la implementación de la citada reforma.

Destacó que su aplicación plena no es, ni puede ser, una tarea exclusiva de las autoridades, porque requiere de la participación y compromiso de toda la sociedad. Para alcanzarla, indicó, un paso necesario e ineludible es que tanto las autoridades como los ciudadanos estén en posibilidad de adquirir un bagaje de conocimientos básicos e indispensables en materia de derechos humanos, y contar con herramientas de apoyo y consulta que coadyuven para tal fin.

Frente a  rectores y titulares de más de un centenar de universidades del país, planteó que la educación surge como el medio para transformar y mejorar a la sociedad, en particular una enfocada hacia los derechos humanos. Apuntó que un Estado en el que impere realmente la justicia requiere de reformas legales o estructurales, pero también necesita que se produzca un cambio de paradigma cultural dentro de todos los miembros de su sociedad, con base en el respeto, protección y reconocimiento de la dignidad humana.

Al respecto, indicó que la educación vinculada a los derechos humanos es la llave que nos debe conducir, como Nación, a alcanzar esa condición plena, en donde las personas exijan y demanden que sus derechos se respeten, pero también asuman sus obligaciones y tengan como premisa de actuación el bien común y la prosperidad general.

Ante los asistentes a este acto, el Gobernador Miguel Márquez Márquez; el Maestro José Aguirre Vázquez, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES; el Doctor José Manuel Cabrera Sixto, Rector General de la Universidad de Guanajuato y Presidente en turno de  la Asamblea  General de esa Asociación, y el Doctor Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Instituto Politécnico Nacional, Raúl González Pérez afirmó que las universidades e instituciones de educación superior han sido y están llamadas a consolidarse como la base y fuente que genere la transformación cultural en materia de derechos humanos que nuestra nación reclama.

Por ello, el Ombudsman Nacional anunció que en el marco la próxima reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, propondrá que en cada entidad federativa se suscriban instrumentos similares al firmado este día, con el propósito de vincular a los organismos locales con las universidades e instituciones de educación superior de cada estado, para trabajar en la formación por y para los derechos humanos.

Asistentes a la firma del Convenio de Concertación de Acciones para Difundir e Impulsar la Aplicación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humano

Asistentes a la firma del Convenio de Concertación de Acciones para Difundir e Impulsar la Aplicación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humano

Sentenció que el propósito debe ser lograr un Estado humanista que mejore no sólo nuestras condiciones actuales de vida, sino que también propicie que las generaciones futuras reciban un mejor país. “La educación forma y previene; la mejor inversión que se puede hacer para resolver las problemáticas actuales que afectan a México es la que se haga en educación, así como en la atención de las causas que generan las profundas desigualdades existentes”, expresó.

González Pérez  reconoció que el reto es enorme y complejo, pero  que sus dimensiones y dificultades crecerán si no se emprenden acciones inmediatas: Por esa razón saludó y reconoció la iniciativa de suscribir este convenio, el cual unificará y potenciará esfuerzos como el emprendido por el Rector de la UNAM, para involucrar y comprometer a la educación superior con el respeto, promoción y defensa de la dignidad humana.

Entrevistado al término de este acto sobre las diez acciones anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer al Estado de Derecho, González Pérez expresó que son significativas, como el hecho de legislar en materia de desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones, así como la necesidad de aplicar protocolos de actuación por parte de los cuerpos de seguridad pública.

También, generar indicadores en materia de derechos humanos, que serán trabajados junto con la CNDH, los cuales permitirán medir cómo se materializan las propuestas. Todo ello, dijo, adquiere importancia siempre y cuando se trabaje de la mano con la ciudadanía. Hoy, cualquier acción de gobierno no puede estar alejada de la sociedad civil organizada, aseguró.

Tenemos buenas leyes, buenas reformas; hemos ensanchado el reconocimiento de derechos, pero el reto es superar la realidad que se presenta distinta a las hipótesis normativas, finalizó