Horrorosa escala de las desapariciones en México: Consuelo morales

• Denuncia Consuelo Morales Elizondo ante Peña Nieto, en el Día de los Derechos Humanos
• Durante 22 años Consuelo Morales ha trabajado en el problema de las personas desaparecidas, sobre todo en Nuevo León
• Ministerio Público y Procuradurías son los nudos de la impunidad en México
• Envía el presidente al Congreso dos iniciativas para sancionar la desaparición de personas y contra cualquier forma de tortura

Después de escuchar las tragedias de casos de personas desaparecidas en México, en voz de la religiosa Consuelo Gloria Morales Elizondo, reconocida con el Premio a los Derechos Humanos 2015, el presidente Enrique  Peña Nieto firmó dos iniciativas de ley enviadas al Congreso: la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas; y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Morales Elizondo  habló  de “la horrorosa escala de las desapariciones” que  han terminado “por ser inocultables” en el país.

Se requieren cambios profundos en la estructura de las Procuradurías. Es en nuestros Ministerios Públicos en donde existen los nudos más gruesos de impunidad, dijo la homenajeada con el Premio a los Derechos Humanos ante el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

González Pérez mencionó la trayectoria y la labor llevada a cabo desde hace más de 22 años por Consuelo Morales en la atención de personas desaparecidas, sobre todo en el Estado de Nuevo León, “así como en el ámbito penitenciario, la cual ha servido de inspiración y ejemplo para muchas personas, y coadyuvado con resultados muy concretos para atender y aliviar el dolor y la desesperanza de muchas mexicanas y mexicanos que han sido víctimas de abusos de poder o para quienes la justicia sólo ha sido una aspiración”.

Morales Elizondo, dirigente de la Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), dijo que   recibía  este Premio “sabiendo que es, en esencia, un reconocimiento a las víctimas de desapariciones. “Urgen medidas extraordinarias para que haya justicia y verdad plena frente a los casos de graves violaciones de derechos humanos”.

La religiosa narró varios casos:

 “Seguimos arrastrando casos como el de la ejecución extrajudicial de Gustavo Acosta, en septiembre de 2011, quien fue asesinado por un disparo en la frente dejándolo sin vida en su propia casa, acusado posteriormente, de manera infundada, como criminal.

“Casos como el de Armando del Bosque, en Anáhuac, quien en 2013, luego de denunciar amenazas recibidas por parte de la delincuencia organizada, fue detenido por Fuerzas Federales y, posteriormente, encontrado sin vida.

“Si bien hay evidencia de la participación de actores del Estado, en ninguno de estos casos, en estos dos casos, ni en muchos más, han llevado a los responsables a la justicia.  Casos de impunidad como éstos que cuentan hoy, se cuentan por miles en el país”.

La religiosa recordó el caso de los mineros enterrados en la  Mina de Pasta de Conchos, cuyos cuerpos no han sido rescatados, “en donde aunque los familiares saben dónde están sus seres queridos, no pueden tenerlos consigo por falta de la diligencia y justicia del Estado”.

 “Existe una urgentísima necesidad de erradicar la impunidad, ya que de lo contrario, nuestros esfuerzos serán en vano”, insistió Morales Elizondo.

En Nuevo León, agregó, hemos logrado impactar en cambios en el diseño institucional de la Procuraduría, lo que nos ha permitido que de mil 327 personas reportadas como desaparecidas, 152 hayan sido localizadas; de éstas, 67 vivas y 85 mediante perfiles genéticos. “Se han consignado a 63 presuntos responsables, de los cuales, 17 han sido sentenciados, y entre ellos, algunos eran policías”.

En la ceremonia, realizada en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, en la que también se conmemoró el Día de los Derechos Humanos, tras narrar la ciudadana Morales Elizondo casos de personas desaparecidas o asesinadas en el norte del país, Peña Nieto le respondió que en su gobierno  “creemos firmemente que combatir frontalmente la desaparición forzada y la tortura es una condición básica para lograr la plena vigencia del Estado de Derecho en nuestro país”,

El mandatario ratificó su compromiso invariable e indeclinable con la dignidad humana y con el fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales en favor de la defensa de los derechos humanos.

 De ser aprobadas por el Congreso, por primera vez se definirán, a nivel nacional con claridad y precisión, las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno en estas materias, dijo el mandatario mexicano.

 “Ello será clave para combatir con eficacia y contundencia estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales. Serán considerados como delitos permanentes, por lo que jamás prescribirán y se perseguirán de oficio”, dijo Peña Nieto.

 El presidente entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 a la ciudadana Consuelo Morales, por su labor en defensa de las víctimas y en la búsqueda de personas desaparecidas. Peña Nieto se reunió con esta defensora de los derechos humanos minutos antes  del evento, a quien elogió por su “incansable labor en defensa de las víctimas y en la búsqueda de personas desaparecidas”.

 Por dos décadas, dijo, la Hermana Consuelo Morales en Nuevo León “ha dado voz a los desprotegidos y los ha acompañado en su exigencia de justicia, y también ha planteado soluciones de fondo”.

 Además, Peña Nieto entregó una mención honorífica a Sandra Jiménez Loza, “por su trabajo comprometido en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de las personas con discapacidad”.

Al término del evento, un grupo de padres y familiares de personas desaparecidas sostuvieron un diálogo de cerca de cinco minutos con el mandatario mexicano.

 El presidente ratificó en su discurso  su compromiso “invariable e indeclinable con la dignidad humana y con el fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales en favor de la defensa de los derechos humanos”.

 Peña Nieto precisó que la propuesta de Ley General en Materia de Desaparición de Personas “permitirá establecer una nueva política pública enfocada en su búsqueda y localización, y para ello plantea la creación de cuatro instrumentos básicos”:

 PRIMERO: “El Sistema Nacional de Búsqueda, que asegure la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición. Su objetivo es garantizar una respuesta institucional amplia, ágil y oportuna en las horas siguientes a la desaparición, las más críticas para encontrar o brindar auxilio a las víctimas de este delito”.

 SEGUNDO: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. “A partir de esta base de datos los familiares podrán dar seguimiento a su denuncia de desaparición. Se trata de un registro con información actualizada proporcionada por hospitales, centros de detención y servicios médicos forenses, tanto federales como locales”.

 TERCERO: “El Registro Nacional Forense, que utilizará los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas”.

 CUARTO: El Consejo Nacional Ciudadano, integrado por defensores de derechos humanos, especialistas y familiares de las víctimas, cuyo objetivo será asesorar y emitir opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.

 Respecto a la propuesta de Ley General contra la Tortura, el presidente explicó   que “tiene un objetivo muy claro: erradicar esta práctica”. A fin de acabar con esta y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante, la iniciativa propone crear las siguientes instancias:

 PRIMERA: Las Unidades Especializadas de Investigación, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, para combatir con mayor eficacia este delito.

 SEGUNDA: El Mecanismo Nacional de Prevención, “conformado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los ombudsman estatales, en los que participan representantes de organizaciones internacionales, sociedad civil, académicos y expertos. Su misión será de la mayor importancia: aplicar en el país las mejores prácticas internacionales para evitar actos de esta naturaleza”.

 TERCERA: El Registro Nacional de los Delitos de Tortura y Otros Tratos Inhumanos y Degradantes, integrado por las bases de datos de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia Locales. “Este Registro pondrá al alcance de la ciudadanía la información pertinente para evaluar los avances en este esfuerzo nacional en contra de la tortura”.

El presidente Peña Nieto destacó que ambos proyectos de ley “son producto de un amplio proceso de consulta en el que participaron legisladores, autoridades, académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de víctimas y la ciudadanía en general”.

 Estas iniciativas, dijo, fueron además “enriquecidas por las valiosas aportaciones de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Comité Internacional de la Cruz Roja”.

 De ser aprobadas, añadió, “por primera vez se definirán a nivel nacional con claridad y precisión las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, y ello será clave para combatir con eficacia y contundencia estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales. Igualmente, serán considerados como delitos permanentes, por lo que jamás prescribirán y se perseguirán de oficio”.

 “Con base en estas nuevas leyes, dichas conductas serán investigadas, perseguidas y sancionadas a partir de un marco jurídico homologado para todo el país”, puntualizó.