González Pérez:

La impunidad, el mayor flagelo que azota al país

• Los casos de Iguala y Tlatlaya no fueron advertidos oportunamente

Especial para TE, el diario de la Tercera Edad.-Con el reconocimiento de que  los derechos humanos están en crisis en algunas regiones de nuestro país y de que México no pude permitir el debilitamiento de su Estado de derecho, el abogado presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, en la ceremonia de entrega del Premio de los derechos Humanos 2014, efectuada en Los Pinos,  advirtió del imperativo de atender el tema de la impunidad, “el mayor flagelo que debemos erradicar”.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto y los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos de las 32 entidades del país, el presidente de la CNDH, dijo que la “impunidad alienta a los transgresores de la ley, mina la confianza en las instituciones, atropella el ordenamiento jurídico vigente y humilla a las víctimas”.

“No podemos mantenernos indiferentes o aceptar la impunidad. La impunidad es el preludio de la barbarie”, manifestó el abogado González Pérez en el acto donde fue premiado el ingeniero Juan Manuel Estrada Juárez por su labor en favor de los niños desaparecidos, sustraídos o separados de sus padres.

González Pérez manifestó todo el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al ejercicio de expresión y de la protesta pacífica dentro del marco de la ley, y la aplicación estricta de la misma a quien ejerza violencia afectando derechos e intereses de terceros.

El abogado defensor de los derechos humanos en el país dijo que es obligación de la autoridad “dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades expresadas y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente”, pero también lo “es la oportuna y debida aplicación de ley, la cual lleva implícito el respeto a los derechos humanos”.

A 66 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, González Pérez subrayó que la conquista y reconocimiento de estos derechos aún enfrentan desafíos múltiples y en México atraviesan una etapa muy compleja. “Casos tan condenables como los de Iguala y Tlatlaya han sacudido nuestra consciencia. Calles y plazas se llenan de personas que protestan, dando visibilidad a exigencias que hasta hace poco estaban dispersas”.

González Pérez preguntó: ¿dónde estaban las instituciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y amenazas a la seguridad interior y al orden público? ¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos niveles de Gobierno, cuando acontecían esos deleznables episodios? ¿Cómo pudimos llegar a tal grado de deterioro social e institucional en esas regiones del país?

 Reconoció que el malestar social muy difundido,  “no necesariamente tiene su origen y se limita a estos casos, los cuales más bien han catalizado un largo proceso de frustración de expectativas iniciado años atrás, pero que no fue advertido con oportunidad en sus diferentes vertientes económicas, sociales y culturales”.

“Los oprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya, no son productos de una generación espontánea. Las condiciones que los propiciaron se gestaron paulatinamente desde hace tiempo”, agregó.

“La violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad  han provocado, además de dolor e indignación, un sentimiento de desconfianza hacia nuestras instituciones, de malestar, de fractura en nuestro Estado de Derecho, así como una percepción de lejanía e indiferencia de las autoridades ante los reclamos de la sociedad”.

González Pérez indicó que “las manifestaciones son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre algunas autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente”.

Advirtió que “no hay manera de recuperar la engañosa normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlataya, porque era anómala, estaba sentada en parte en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas”.

Sugirió revisar “autocríticamente el camino andado e intentemos reorientar nuestras acciones; entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental, obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata de rediseñar el país, sino de establecer prioridades”.

Manifestó la urgencia de ubicar en el centro de toda la Administración Pública la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas por ser  un requisito indispensable para todo acto de gobierno.

Por su parte, el ingeniero Juan Manuel Estrada Juárez, quien recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, quien estaba herido del pie, por lo que pronunció su discurso sentado, dijo que  el caso de Iguala nos indigna y nos agravia. “Nadie puede resignarse, ni mantenerse indiferente ante estos hechos. Hoy la sociedad demanda conocer la verdad, así como lograr que se haga justicia”.

Estrada Juárez señaló que “la desaparición de los 43 normalistas no fue un suceso fortuito, fue un acto determinantemente público, donde un alcalde, un alcalde de Guerrero, utilizó el poder de su gobierno con propósitos indudablemente personales”.

“Ayotzinapa fue un acto de violaciones a los más elementales derechos de las personas y por ende, es un problema de la sociedad. Todos somos responsables de lo que pasó en Ayotzinapa y también, todos somos responsables para que esto no vuelva a suceder”, destacó el ingeniero que encabeza la agrupación Fundación Find, asociación civil, dedicada desde 1999 a la localización de menores de edad robados y desaparecidos.