Mejorar la justicia cotidiana es renovar nuestro pacto social: EPN
Mejorar la justicia cotidiana es renovar nuestro pacto social: EPN
Recibió los resultados de los Foros de Consulta sobre Justicia Cotidiana, realizados por el CIDE, y en los que participaron más de 400 expertos.
Se trata de que los procesos legales sean sencillos, flexibles y económicos, y que cualquiera que asista con razón a los tribunales obtenga justicia y quede satisfecho, aseguró.
Ningún ejercicio de diagnóstico y de reforma judicial en el México democrático había colocado su mirada en la justicia cotidiana, afirmó
La consulta se realizó a solicitud del Presidente Peña Nieto el 27 de noviembre pasado: Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE.
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió hoy los resultados de los Foros de Consulta sobre Justicia Cotidiana, realizados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que contienen “recomendaciones concretas para fortalecer nuestro Estado de Derecho, hacer efectivos los derechos de las personas, y resolver de forma pacífica y oportuna los conflictos propios de la vida moderna en sociedad”.
“Para que los mexicanos vivan en un verdadero Estado de Derecho, el derecho debe estar al servicio de los mexicanos”, refirió en el evento realizado en el Museo Nacional de Antropología.
El Primer Mandatario subrayó que “el fin último del derecho es la justicia, y una responsabilidad esencial del Estado es garantizar que ésta sea accesible para todos”.
“Mejorar la justicia cotidiana implicará, en el fondo, renovar nuestro pacto social. Un pacto en el que los ciudadanos reafirmen su confianza en la ley y en las instituciones, y en el que las autoridades demuestren su compromiso de servicio con la sociedad”, destacó.
Apuntó que no obstante su vital importancia, la justicia cotidiana hoy está rezagada, y en muchos casos rebasada. “En la práctica, esta justicia suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella o queden insatisfechos con sus resultados”, dijo.
Tras añadir que “éste es un Gobierno que invariablemente escucha la voz, las ideas y las propuestas de la sociedad”, el Presidente Peña Nieto señaló que en el Gobierno de la República “creemos firmemente que ha llegado el momento de cambiar las cosas, y estamos convencidos de que esta situación no puede continuar por más tiempo”.
Expresó su reconocimiento al CIDE por la organización de los Foros de Consulta: siete temáticos, ocho especializados y uno virtual, en los que participaron más de 400 expertos, en un ejercicio abierto y plural.
De manera puntual, manifestó su reconocimiento y agradecimiento a 17 instituciones de gran prestigio que respaldaron la organización de los Foros de Consulta, a las que mencionó en orden alfabético: la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y la Universidad de Guanajuato.
Recordó que el pasado 27 de noviembre presentó a la nación una agenda de diez medidas para mejorar las condiciones de seguridad y de justicia en nuestro país, y una de ellas contemplaba acciones para hacer efectivo el acceso a la justicia. Concretamente, añadió, “me comprometí a enviar al Congreso de la Unión, iniciativas de reforma para mejorar la justicia cotidiana”.
El Primer Mandatario explicó que el Gobierno de la República analizará a profundidad las propuestas que hoy entregó el CIDE, y “habremos de instrumentar las recomendaciones de política pública y las propuestas de reforma que se determinen prioritarias”.
Informó que ha dado indicaciones al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, “a fin de que coordine los trabajos necesarios para hacer realidad las propuestas”. Añadió que por su trascendencia y alcance, en estricto respeto a la división de Poderes, “también habré de compartir los resultados de estos Foro con los otros Poderes de la Unión y los distintos órdenes de Gobierno”, pues la justicia cotidiana requiere el esfuerzo y participación de todos.
Indicó que también asume el compromiso de convocar a la instancia de encuentro y concertación que se recomienda en las conclusiones de los Foros de Consulta.
“Estos ‘Diálogos por la Justicia’ nos permitirán analizar y buscar soluciones a distintos desafíos que hoy enfrenta nuestro marco jurídico con mayor detenimiento y con la participación de los responsables directos”, dijo.
“El objetivo es que la justicia esté verdaderamente al alcance de todos. Se trata de que los procesos legales sean sencillos, flexibles y económicos, y que cualquiera que asista con razón a los tribunales obtenga justicia y quede satisfecho”, resaltó.
LAS RECOMENDACIONES DEL CIDE, BASE DE UN PROGRAMA DE ACCIÓN DE LARGO ALIENTO: SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
Sergio López Ayllón, director del CIDE, destacó que el documento que entregó al Presidente Enrique Peña Nieto contiene 217 recomendaciones que constituyen más un programa de acción de largo aliento que puede servir de base para elaborar una política pública nacional de acceso a la justicia.
Consideró que la construcción de esa política debe responder a una agenda, y por ello, informó que entre las propuestas se identificaron cuatro temas prioritarios: la creación de centros de asistencia jurídica temprana, que podrían evolucionar a constituir una defensoría pública y vigorosa; regular el ejercicio y la responsabilidad profesional de los abogados; revisar la operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y diseñar un nuevo modelo de justicia familiar.
Asimismo, propuso al Presidente Peña Nieto que convoque a una instancia nacional de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe los resultados encaminados a esos objetivos. Afirmó que “ésta es la gran agenda pendiente de nuestra democracia constitucional, y me atrevería a decir, la agenda de la que depende en parte su vigencia. Es la base sin la cual los grandes problemas nacionales no podrían encontrar su solución”.
Precisó que el diseño de esa política nacional no impide iniciar acciones que permitan mejorar las condiciones concretas de acceso a la justicia. “Nuestro planteamiento se complementa con otras ocho acciones precisas, competencia plena del titular del Ejecutivo Federal, y otras seis que implican esfuerzos conjuntos de los gobiernos estatales y la federación”, explicó.
UN MÉXICO PRÓSPERO, INCLUYENTE Y EN PAZ ES NECESARIAMENTE, UN MÉXICO CON JUSTICIA PARA TODOS: ANA LAURA MAGALONI
La Profesora Investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni Kerpel, subrayó que el esfuerzo de consulta en materia de justicia cotidiana, realizado a solicitud del Presidente Peña Nieto el 27 de noviembre del año anterior, es un esfuerzo inédito.
No se trata, dijo, de entender los problemas de justicia desde los grandes indicadores, ni desde las evaluaciones sistémicas del aparato de justicia a nivel nacional; se trata de entender y evaluar la justicia de todos los días, la más próxima, la que se encarga de pacificar y resolver los conflictos que tienen las personas en su interacción cotidiana con otros y con sus autoridades inmediatas.
“Estamos hablando de los conflictos que se encuentran en la base de la pirámide social. Ningún ejercicio de diagnóstico y de reforma judicial en el México democrático había colocado su mirada en la justicia cotidiana. Como bien señaló el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la justicia cotidiana es la justicia olvidada”, aseveró.
Al detallar que en este esfuerzo de consulta se recibieron testimonios de la mayor parte de los estados del país en una ruta itinerante e incluyente, afirmó que la justicia es la plataforma básica para que las familias puedan construir con su trabajo un piso mínimo de seguridad económica. También, es indispensable para construir una sociedad más igualitaria y pareja en derechos. Destacó que la marginalidad jurídica es uno de los lastres más importantes para el crecimiento económico, y para la paz social en el país.
“Un México próspero, incluyente y en paz, como el que se ha propuesto construir la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, es, necesariamente, un México con justicia para todos”, concluyó.
EN LOS HECHOS, LOS DERECHOS SON POLÍTICAS PÚBLICAS: PEDRO SALAZAR UGARTE
El Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Salazar Ugarte, enfatizó que el tema de la justicia cotidiana “es tan complejo, tan presente en los distintos ámbitos de la convivencia social, y tan variado en los diferentes contextos en los que viven los mexicanos, que sólo mediante una política integral será posible superar la situación en la que nos encontramos”.
Por eso, agregó, “debemos entender a las propuestas como un conjunto armónico y no como un abanico de iniciativas aisladas. Lo que México necesita es una verdadera política de Estado, integral, coherente, para sortear una profunda crisis de injusticia social, una crisis que es real, estructural y general”.
Lo que México necesita, continuó, es apuntalar su democracia mediante un verdadero Estado de Derecho. El Estado de Derecho, apuntó, “son acciones concretas como las que hoy se proponen; de hecho es la condición necesaria para lograr la justicia cotidiana, una justicia entre ciudadanos iguales, en la que no cabe la cultura clientelar ni la lógica del privilegio. Por eso, el Estado de Derecho debe traducirse en una sociedad de derechos”.
“Los derechos no pueden seguir siendo promesas ni fórmulas retóricas, y para convertirse en realidad, dependen de decisiones y acciones políticas concretas. Para decirlo sin ambages: En los hechos, los derechos son políticas públicas”, reiteró.