Jóvenes y personas mayores forman los ejércitos del trabajo informal

 

• La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha recibido entre enero de 2013 y abril de 2019, 283 por presuntas violaciones a los derechos humanos clasificadas dentro de las temáticas “reubicación o retiro de comerciantes”, “comercio informal” o “persona que trabaja en la calle”

 

 

Sin salario fijo, ni horarios laborales, ni mucho menos garantías sociales ni certezas jurídicas de los espacios que ocupan en la vía pública de la Ciudad de México y en los accesos y vagones del Metro; los acosan y persiguen las policías, jóvenes entre los 15 y 19 años y personas mayores de 50 años son descritos como los ejércitos de toreros o vagoneros de la informalidad laboral.

 

Este tipo de trabajadores informales expenden diferentes productos en puestos semifijos o bien toreando en las calles policías o inspectores de vía pública o vendiendo sus productos en los trenes del Metro conocidos como vagoneros: ropa usada, videos piratas, productos electrónicos, dulces, frutas, verduras y legumbres y otros que ofrecen servicios como los aseadores de calzado. Son los discriminados de los llamados empleos formales.

 

Los trabajadores informales de la Ciudad de México se quejan de los retiros de la vía pública con uso excesivo de la fuerza; la dilación o negativa de la devolución de su mercancía; dilación u obstaculización para otorgar los permisos; discriminación y cobros indebidos comúnmente denominados “mordidas”.

 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2019, la tasa de ocupación en el sector informal en la Ciudad de México y en su zona metropolitana es de 33.5%, mientras que el nivel nacional es de 26.5%.

 

Y esto coloca a esta Ciudad y a esta metrópoli, entre todas las que hay en el país, en el cuarto lugar, sólo después de Tlaxcala, Oaxaca y Acapulco, advirtió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández ante legisladores.

 

Tenemos una alta concentración por arriba de la media nacional en este tipo de trabajo, destacó Ramírez Hernández en el Foro de los Derechos de las Personas Trabajadoras No Asalariadas efectuado en el Congreso de la capital mexicana.

 

La defensora de los derechos humanos de la población de la capital mexicana compartió un dato importante de esta Encuesta: los dos grupos sectarios en donde la proporción de trabajo informal es mucho mayor que la del trabajo formal, es en el grupo de los de 15 a 19 años, y en el grupo de mayores de 50 años.

 

 

Esa Comisión ha recibido entre enero de 2013 y abril de 2019, 283 por presuntas violaciones a los derechos humanos clasificadas dentro de las temáticas “reubicación o retiro de comerciantes”, “comercio informal” o “persona que trabaja en la calle”.

 

De las quejas presentadas el 46% de ellas corresponden al derecho a la seguridad jurídica y un 14% corresponde a violaciones al derecho a la integridad personal consistentes en su mayoría en el uso desproporcionado o indebido de la fuerza, así como a agresiones simples; el 10% corresponde a violaciones al derecho a la libertad y seguridad personales, en especial a detención arbitraria; y un 8% corresponde a la violación al derecho al trabajo.

 

Las alcaldías donde más se presentan abusos citados por Nashieli Ramírez, se encuentran Tlalpan, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

 

Acompañada por la doctora Clara Jusidman, quien fue constituyente de la Carta Magna de la capital del país en 1017, y de la diputada Lizette Clavel Sánchez y del diputado Jorge Gaviño, la presidenta de la CDHCDMX, la presidenta de esa Comisión de Derechos Humanos.

 

Ramírez Hernández se refirió a la legislación en estudio legislativo que regularizará este tipo de trabajo informal en la capital del país para dar certeza jurídica a estos trabajadores denominados no asalariados con una reglamentación que les permita ser reconocidos sus derechos al trabajo sin que sean criminalizados.

 

La defensora de los derechos humanos hizo ver a los legisladores

 

En esa ley secundaria dar cumplimiento al contenido del Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativo al derecho de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

 

Al respecto, recordó, la Observación General 23 del Comité DESC (ONU), aborda precisamente ese derecho y en su lectura armónica con la Observación General 18 del mismo Comité, reconoce que los conceptos de trabajo y trabajador o trabajadora han cambiado desde que se redactó el Pacto y que en la actualidad abarca a trabajadores por cuenta propia, trabajadores del sector informal, trabajadores agrícolas, trabajadores refugiados y trabajadores no remunerados.

 

 

Por lo anterior, dijo, el Artículo 7 PIDESC, al referirse a “toda persona, sin distinción alguna, tiene derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”, incluye a las personas trabajadoras del sector informal.

 

Con respecto a la “remuneración”, citó, el Comité insiste en que ese término trasciende las nociones de “sueldo” o “salario”, pues el primero incorpora las prestaciones complementarias directas o indirectas, en efectivo o en especie. En especial, las remuneraciones pueden formar parte de una política pública orientada a mejorar las condiciones de trabajo de las personas dedicadas al sector informal.

 

Asimismo, mencionó garantizar la prohibición del trabajo forzoso y la explotación social y económica; garantizar la inclusión del catálogo de medidas específicas de protección y un sistema eficaz de inspecciones de trabajo con la participación de interlocutores sociales.

 

Los Estados, dijo Ramírez Hernández, tienen la obligación jurídica concreta de promover la ampliación de los regímenes de protección de los sectores en riesgo, e introducir sistemas que permitan la cobertura de los trabajadores del sector informal junto con medidas para regularizar la economía informal; establecer mecanismos de denuncia de abuso y un levantamiento periódico de un censo de trabajo informal.

 

En 2016, informó que la Comisión de Derechos Humanos publicó un Informe Especial denominado “El trabajo informal en el espacio público de la Ciudad de México”, en el que se da cuenta de los obstáculos a los que se enfrentan las personas que desarrollan esta actividad y de la falta de garantías para contar con un nivel de vida adecuado. En el Informe también se encuentran propuestas para el avance progresivo en el ejercicio de derechos de ese sector.