Al pensionarse, el destino de la clase trabajadora mexicana es la pobreza

 

• La razón, los bajos salarios de la población
• Se prevé que pocos trabajadores del nuevo régimen de AFORES cumplan con los requisitos para retirarse a los 65 años
• A los aumentos a pensiones y jubilaciones deben aplicarse los aumentos al salario mínimo

 

 

José Luis Camacho López.-En el auditorio Narciso Bassols o también conocido como “Ho Chi Min” de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria, un grupo de personas mayores planteaba el sábado 22 de febrero, en una Mesa de argumentos la defensa de pensiones, uno de los temas vinculados y más delicados dentro del proceso de envejecimiento de la población mexicana y su consecuente empobrecimiento y prácticamente condiciones de miseria.

 

Pero también otro tema tan inquietante como uno y otro al cambiarse el sistema de pensiones en México hace poco más de 20 años, durante el gobierno del presidente priista, el economista Ernesto Zedillo Ponce de León, quien demolió el sistema de pensiones definidas y se las entregó, como cuentas individuales, a las instituciones financieras privadas.

 

El que no ahorra, bajo este régimen privado de pensiones, no gozará de ninguna pensión y el que ahorra solamente percibirá el 30 por ciento de su último ingreso.

 

El último informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre las cuentas de 2918 prevé que pocos trabajadores del nuevo régimen de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) cumplan con los requisitos para retirarse a los 65 años. De igual forma, debido a la baja densidad de cotización, la mayoría de los trabajadores se retirará con la pensión mínima garantizada, en razón de los bajos salarios de la población.

 

 

Pero también surgió el otro gran tema, el de las AFORES (Administradoras de Fondos para el Retiro) organizaciones privadas que administran el ahorro de los trabajadores para jubilarse. El próximo año se gradúa la primera generación de pensionados por esta vía que para este grupo de personas mayores representa ahondar la miseria, ya que recibirán el 30 por ciento de su último salario.

 

Un columnista financiero, Enrique Quintana, calcula que en “el curso del próximo año se estima que alrededor de 12 mil personas habrán logrado cotizar las mil 250 semanas que se requieren para tener derecho a la pensión”.

 

El problema- dice Quintana- “es que solo podrían aspirar a una pensión equivalente a algo así como el 30 por ciento de su último sueldo. En los años que siguen, el volumen de retirados bajo el esquema de las AFORE aumentará y llegarán a cientos de miles de jubilados que perciban como pensión menos de la tercera parte de su último salario”.

 

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población, en 2023 los adultos de 60 años o más representarán el 12.3% de la población, y para 2050 el porcentaje llegará a 21.5%, una de cada cinco personas, lo que incrementará el número de pensionados, cita el último informe de la Auditoria Superior de la Federación.

 

 

El tema de fondo en esa reunión en el auditorio de la Facultad de Economía era que la llamada Unidad de Medida y Actualización bajo las siglas UMA empobrece a pensionados y jubilados y su demanda más sentida es que los aumentos a pensiones y jubilaciones se rijan por los aumentos al salario mínimo.

 

Uno de los puntos de su propuesta era que los pensionados pueden ampararse para la recuperación de los incrementos regateados y que los subsecuentes pagos de pensiones sean con base en los aumentos a los salarios mínimos.

 

En ese grupo de personas mayores que forman parte de una organización denominada Consejeros Nacionales de Adultos AC. se señala que las empresas privadas registran a sus trabajadores con un salario mínimo independientemente de los ingresos que reciban, uno de los casos de evasión que realizan empresas al Instituto del Seguro Social.

 

Las AFORES, advirtió Francisco Muñoz Apreza, dirigente de Consejeros Nacionales de Adultos AC, garantizan el empobrecimiento de los futuros pensionados. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de recuperar su administración, decía su orden del día de esta organización de personas mayores.

 

“La unidad de medida y actualización (UMA) empobrece a los pensionados y es anticonstitucional su aplicación. En consecuencia, las pensiones deben ser incrementadas con base en los aumentos al salario mínimo”.

 

Las AFORES que administran fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y de los servidores públicos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado se crearon en la época cumbre del neoliberalismo económico en México durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997.

 

 

En el último informe de la Auditoría Superior de la Federación en su Tercera Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior la Cuenta Pública 2018, en su parte dedicada a las pensiones se advierte que a pesar de que los esquemas pensionarios del IMSS, ISSSTE, Pemex y la CFE han sido reformados, el costo fiscal vinculado con los planes abrogados aún no ha alcanzado su máximo.

 

Lo anterior, dice el documento dado a conocer hace unos días, es muestra de la importancia de la fiscalización de la política pública de pensiones y jubilaciones, la cual involucra una asignación importante de recursos públicos para garantizar a los trabajadores su derecho de contar con un ingreso al final de su vida laboral.

 

En nuestro país actualmente, como cita ese informa, coexisten dos regímenes generales de pensiones: de beneficio definido y de cuentas individuales, contribución definida.

 

Sin embargo, para la Auditoria Superior de la Federación, la ausencia de una ley general en la materia ha propiciado que las regulaciones específicas no sean homogéneas en cuanto a los criterios para la determinación de los porcentajes de contribución, edad de retiro, tiempo de cotización, o beneficios adicionales, entre otros elementos.

 

México, cita el documento, es uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que reformó su sistema de pensiones obligatorio, al cambiar del antiguo sistema de reparto o beneficio definido, a uno nuevo de contribución definida o cuentas individuales —en 1997 para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en 2007 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

 

Ofrece López Obrador buscará una salida

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la sesión del décimo Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), se comprometió a

 

Enfrentar junto con empresarios y con los dirigentes de los sindicatos, con el sector laboral, el problema grave de las pensiones.

 

Las reformas, dijo, que se llevaron a cabo durante el periodo neoliberal van a afectar a jubilados que después de trabajar años van a recibir apenas el 30, 40 por ciento de sus salarios, es decir, de lo que ahorraron, porque no se pensó en el futuro de los trabajadores.

 

“Aunque en el gobierno que represento- les dijo- no vamos a tener todavía esta situación, porque esta reforma se llevó a cabo en 1997, de todas maneras vamos a buscar una salida con empresarios y con los sindicatos para que los trabajadores reciban lo que por justicia les corresponde en cuanto a sus pensiones”.

 

Esa es también otra tarea, otro compromiso de mi gobierno”, les dijo a los trabajadores de esa organización hace unos días.