El caso de Ligia, un bebé robado en España en 1968 y traído a México

Amnistía Internacional presenta el caso de una mujer mexicana que hace unos años descubrió que había sido separada de sus padres biológicos en España y entregada a una familia mexicana  

Amnistía Internacional presentó el caso de la mexicana  Ligia Ceballos Franco, quien   descubrió que había nacido en España durante la etapa de la dictadura franquista,  con una identidad distinta y entregada a quienes hasta hace poco consideraba sus padre y madre mexicanos  biológicos.

“Mis padres fueron buenas personas, me criaron, me quisieron y me dieron todo lo que pudieron. Esto no es en contra de ellos sino a favor de la justicia de otras historias como la mía, esto es por las personas a quienes el franquismo les arrebató su vida” afirmó Ligia Ceballos.

Tania Reneaum, Directora de Amnistía Internacional México, explicó el caso:

“Tenemos varios motivos para presentar la denuncia en México. Primero, la búsqueda del derecho a la verdad y el derecho a la identidad. Sabemos que si se logra judicializar estos derechos podría constituir un importante precedente para otros casos.

Segundo, España no está arrojando resultados concretos porque muchos de estos delitos siguen en el olvido. Por ello, el caso encuentra anclaje en el derecho penal mexicano.

Tercero, Ligia es una ciudadana mexicana y tenemos la responsabilidad de mostrar públicamente que se hace justicia en su país”.

La Directora de Amnistía Internacional México dijo que este es un caso enmarcado en el entramado de bebés robados desde los primeros años del franquismo hasta los primeros años de la democracia.

La organización, dijo Reneaum,  ha documentado numerosos indicios que indican que Ligia Ceballos, registrada el 29 de mayo de 1968 como María Diana Ortiz Ramírez, pudo haber sido sustraída a su familia biológica  con el consentimiento de las autoridades españolas, a través de la intermediación de la Diputación de Madrid y con la asistencia del Arzobispado.

Algunos de los casos de bebés robados podrían ser hechos constitutivos de desaparición forzada, pero las investigaciones realizadas en España por estos casos no han fructificado, ni  tampoco han contemplado su posible encuadre como crímenes de derecho internacional.

En este contexto, las víctimas se ven obligadas a recurrir a buscar justicia en otros países. Por ello, Amnistía Internacional presentó en México esta denuncia.

Informó la dirigente de Amnistía Internacional que ha pedido a la Procuraduría General de la República (PGR) en México que inicie, sin dilación, una investigación exhaustiva sobre este caso para aclarar si se trata de un caso de desaparición forzada, ayude a Lily a buscar a su familia, restablecer su identidad biológica y el vínculo familiar.

Se le pidió también al Estado español  que colabore plenamente con las solicitudes de cooperación que emitan los tribunales mexicanos cuando decidan investigar sobre el caso.

Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional /España, este caso reviste las notas características de una desaparición forzada como crimen de derecho internacional. “Además, en el caso de Lily concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores, como son, por ejemplo, el registro de la niña con información falsa o la falsificación de documentos como su partida de nacimiento”.

Amnistía Internacional explicó que la denominación de bebés robados se empezó a utilizar en el contexto español para referirse a los niños y niñas que fueron objeto de secuestro, tráfico de menores y adopciones ilegales durante la Guerra Civil y la postguerra.

En 2008 se destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30 mil casos “en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”.

En el auto se señalaba que el objetivo era separar a estos menores de sus familias a las que no consideraban idóneas. De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, tras hacerse eco de miles de denuncias interpuestas en España sobre este tipo de casos, señaló, en 2014, que las investigaciones judiciales debían contemplar, ante la existencia de suficientes indicios, las posibles conexiones entre múltiples casos de alegadas sustracciones ilegales de niños y niñas.

Este mismo organismo indicó, en su Observación General del año 2013, que el robo de niños y niñas con el conocimiento del Estado puede ser considerado, en determinadas circunstancias, como casos de desapariciones forzadas.