El crimen anunciado de Miriam Rodríguez Martínez

• Tenían  conocimiento de las amenazas de muerte tanto el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca,  las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos y  el gobierno federal.
• Ninguna instancia de gobierno ni de derechos humanos se ocupó de garantizar la vida de la activista de derechos humanos en Tamaulipas

Susana Sánchez.-Ni el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ni las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos, ni el gobierno federal intentaron evitar el asesinato anunciado de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada  la noche del Día de la Madres del 10 de mayo pasado.

Esa noche del 10 de mayo, aproximadamente a las 22:30 horas, hombres armados se introdujeron al domicilio de  Miriam Rodríguez  en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Le dispararon en múltiples ocasiones a la activista de derechos humanos, quien falleció durante su traslado al hospital.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst,  ha estado advirtiendo al gobirno mexicano  que “la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México”.

Las periodistas Denise Maerker y Sanjuana Martínez han dado detalles de las advertencias que hizo Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez de las amenazas que estaban sobre su vida.  Merker difundió un video en su último  noticiario en Televisa donde Miriam denunciaba que su vida estaba en peligro, mientras Sanjuana Martínez en un despacho periodístico narra  que Miria “sentía la sombra de la muerte acechándola día y noche.

“Mi vida peligra, necesito protección. ¡Me van a matar!”, le dijo el 11 de octubre del año pasado al recién electo gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la única ocasión que ha recibido a los familiares de desaparecidos desde que llegó al poder, de acuerdo con la versión periodística de San Juana Martínez.

“El gobernador escuchó las amenazas de muerte que Miriam estaba recibiendo y sólo sonrió. Ni contestó. Pensó que era una exageración. No le hizo caso”, recuerda Guillermo Gutiérrez Riestra, el esposo de Miriam y testigo del peligro de muerte que afrontaba.

Desde hace siete meses Miriam solicitó al gobernador García Cabeza de Vaca, que protegiera su vida. Miriam era  representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, en Tamaulipas. El gobernador ni siquiera se inmutó.

Para la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el asesinato de la defensora de derechos humanos Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, evidencia la ausencia de un Estado que tiene la obligación de proteger la vida de sus gobernados, en particular quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos.

Miriam, como otras mujeres y madres en este país, se dedicó a la búsqueda de su hija Karen Alejandra (desaparecida en 2014), ante la falta de investigación y resultados de las autoridades para dar con su paradero. Llevó a cabo sus propias investigaciones, ubicando los restos de su hija e identificando a los responsables.

El aprendizaje obtenido en este proceso Miriam lo compartió con otras personas que se encontraban en la búsqueda de sus familiares desaparecidos en el Valle de San Fernando y los acompañó en sus búsquedas.

Derivado de todo ello, Miriam Rodríguez se convirtió en una defensora de derechos humanos, trascendiendo su caso particular para acompañar y defender la causa de otras y otros. Por eso, este lamentable ataque no sólo es contra ella, sino contra su labor colectiva y lo que ésta representaba para San Fernando, para Tamaulipas y para el país en general.

Por ello, el asesinato de Miriam Rodríguez, a juicio de la CDHDF,  implica un atentado contra la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos que afecta a la sociedad entera, en franco retroceso en la agenda de protección a los derechos humanos y a las personas que los promueven, que se esfuerzan por hacerlos vigentes y que los defienden, constituyéndose en pilares de un Estado democrático.

El pasado mes de enero, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en su visita al país señaló que frente al elevado número de violaciones a derechos humanos hay una tasa ínfima de investigaciones exitosas que provoca una sensación de impunidad generalizada, lo que envía un peligroso mensaje y un entorno propicio para la repetición de crímenes en contra de personas defensoras.

Por ello, Michel Forst señaló  que “la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México”.

En coincidencia con los señalamientos del Relator, esa Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana  se pronunció por la investigación y sanción a los responsables de el crimen de Miriam, así como  la adopción de medidas de no repetición y la generación de las condiciones necesarias para que las y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad.

La CDHDF demandó  la implementación de las medidas necesarias para asegurar la protección  de las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, así como de integrar la perspectiva de género en sus iniciativas para crear un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos, especialmente para las mujeres defensoras, quienes además se enfrentan a la discriminación y violencia sistemática a las que se enfrentan las mujeres en general por su condición de género.

Ante la gravedad de los hechos, la CDHDF se sumó al llamado que hiciera el Relator, así como al que hacen hoy las organizaciones, colectivos, defensoras y defensores que han exigido la investigación exhaustiva del asesinato de Miriam Rodríguez, la atención a las causas que generan y reproducen los crímenes y amenazas contra las personas defensoras, en particular contra las mujeres defensoras, con especial énfasis en la impunidad, para garantizar la justicia, la paz, la libertad y el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.