El Estado mexicano sin plan para atender a las víctimas de tortura

• De 2006 a 2014, más de 5 mil denuncias por tortura en el país y 4 mil 500 quejas ante Comisiones de Derechos Humanos 
• Rebasados los centros de Derechos Humanos por la cantidad de víctimas de tortura que demandan auxilio
• Urgente  necesidad de tomar en cuenta a las víctimas de tortura para  su rehabilitación
• Es una acción que predominantemente se realiza a partir de la autoridad

Tras mencionar la recopilación de cifras que hablan de 10 mil 400 denuncias por casos de tortura en México, 27 mil 600 personas desaparecidas en dos sexenios, Javier Enríquez Sam, médico del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI, A.C.), aseguro que los centros de derechos humanos del país se encuentran rebasados por la cantidad de solicitudes de apoyo y atención a víctimas de tortura; mientras que el Estado mexicano no cuenta con un plan de salud integral que atraiga los casos.

En el marco de El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura para conmemorar  la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos que entró en vigor en 1987, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI, A.C.) organizaron un Foro para tratar los casos registrado en México.

Desde la experiencia de la Sociedad Civil, Valeria Moscoso, Directora del Área Psicosocial de la CMDPDH, lamentó que de 2006 a 2014 existan más de 5 mil denuncias por tortura ante diversas procuradurías de justicia en el país y 4 mil 500 quejas ante Comisiones de Derechos Humanos por la misma práctica.

Pero más grave, añadió Moscoso,  resulta que –de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura, elaborado por la CEAV y la Universidad Nacional Autónoma de México en marzo de este año−, alrededor de un 50 por ciento  de la población entrevistada apoya la tortura contra personas acusadas de delitos como secuestro.

 Moscoso hizo un llamado a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a continuar realizando su labor de acompañamiento a las víctimas, pero con una perspectiva psicosocial, para conocer su entorno, el de sus familias y su comunidad, pues la rehabilitación es un proceso colectivo, que implica una transformación social.

El especialista en Derecho Penal, Juan Luis Gómez Jardón, dijo que el problema en México no es de leyes, pues  “ya tenemos muchas”, sino de su operatividad. “Es imposible que exista justicia sin derechos humanos”, señaló Gómez Jardón, quien a partir de su experiencia en el debido proceso y en el contexto de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, estableció que como prioridad y foco de atención se garantice la procuración de justicia como un mecanismo irrestricto e innegociable de respeto a los derechos humanos.

 Gómez Jardón abordó en su intervención los retos del Sistema de Justicia Penal Oral ante el delito de tortura y el de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que coordinadamente deberán prevenir, investigar, juzgar y sancionar las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

 En coincidencia, Gabriela Carreón Lee, del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh, A.C.), dijo que una Ley General en la materia no resolverá el problema, pero reconoció la incidencia de la Sociedad Civil en el diseño y contenido del ordenamiento bajo los estándares internacionales mínimos de la iniciativa aprobada por el Senado de la República y que actualmente se encuentra bajo el análisis de la Cámara de Diputados.

 En ese sentido, Carreón Lee exhortó a que las y los legisladores mantengan los estándares y que incluso pudieran hacer una ley más proteccionista, en por lo menos cinco temas, tales como la tipificación adecuada de la tortura, así como de las penas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, por la finalidad que persiguen y por la similitud de los daños que genera en la víctima y en sus familiares.

 Edith Escareño Granados, del CCTI, habló de la rehabilitación de las personas sobrevivientes de tortura  y expuso que en este proceso se deben aplicar varios y diferentes enfoques terapéuticos, dependiendo de las necesidades individuales de las víctimas, de su entorno cultural, social y político.

 Escareño Granados advirtió que la rehabilitación debe considerar las secuelas en los familiares de la víctima: “el restablecimiento de la vida de aquél cuya dignidad ha sido quebrantada es un proceso que requiere tiempo, por lo que necesita apoyo material, psicológico y social de larga duración”.

La Coordinadora Jurídica del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Diana Morales, coincidió con Verónica Cervera, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en que existe una urgente necesidad de tomar en cuenta la voz de las víctimas como primer paso para una rehabilitación real, así como de la instrumentación de un marco jurídico y mecanismos que garanticen la recuperación de las personas que han sido torturadas, quienes tienen que recuperar su proyecto de vida en la sociedad.

 Para que el trabajo de rehabilitación sea integral y multidisciplinario, Natalia Pérez Cordero, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), señaló las características a tomar en cuenta: investigación de hechos, restitución de derechos, bienes y libertades, rehabilitación física, psicológica y social; que se garantice la no repetición; además de acciones que beneficien a sus familias y la reparación económica del daño.

 Por su parte, las psicólogas Isabel Mariana Acuña y Mariana Castilla, de la Subdirección de Atención a Poblaciones en Vulnerabilidad de la CDHDF, explicaron la aplicación del Protocolo de Estambul en esta Comisión para detectar casos de tortura, como ocurrió con la Recomendación 19/2009.

Gloria Angélica Careaga Pérez, coordinadora del Área de Estudios en Sexualidades del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, en otro ámbito dijo que la tortura es una de las acciones más denigrantes dentro de una sociedad: lesiona la dignidad y personalidad de las víctimas y nadie tendría derecho a ejercerla.

Ésta es una acción que predominantemente se realiza a partir de la autoridad. “Son las fuerzas de seguridad, precisamente las encargadas de la protección de los derechos y de proveer justicia a la población, quienes muchas veces la ejercen, lo que provoca que los juicios se empantanen o desechen por un procedimiento que va en contra de los derechos humanos”, sostuvo universitaria Careaga Pérez.

 Por su lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado sobre la importancia de prevenir el flagelo de la tortura hasta lograr su erradicación total. La tortura es una práctica lacerante que deja graves y profundas huellas, por ello, refrenda su apoyo y solidaridad a quienes la han padecido, ya que representa un retroceso en el Estado de Derecho.

 Asimismo, consideró que el Estado debe cumplir con las recomendaciones hechas al gobierno mexicano por los organismos internacionales, las cuales tienen que ser atendidas en su totalidad, así como las propias realizadas por  el sistema de protección de derechos humanos nacional, en torno a la promoción del respeto a la dignidad humana y la cultura de la legalidad.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes considera por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación; cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia o degradantes.