El gobierno de México deja en el limbo la Convención de la OEA

El gobierno de México se niega a firmar y ratificar  la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobada desde 2015. Ya es de conocimiento de los candidatos a la presidencia.

A pesar de que existen voces en el gobierno  y en   las instituciones dedicadas a los derechos humanos y a la atención de las personas mayores en México, públicas y privadas, para que nuestro país incorpore a su Constitución el cumplimiento de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 2015, a pocos meses del cambio de gobierno, esa adhesión se encuentra en el limbo.

Dicha Convención ya se encuentra en el escritorio del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgeray, sin embargo no ha prosperado esa firma y ratificación de una Convención que obligaría a los gobiernos del país, de los tres niveles, federal, estatales y municipales, a establecer una política pública que garantice el pleno respeto de los derechos humanos de una población mayor de 60 años,  que permanece sin garantías efectivas de una vida con mínimos estándares de dignidad.

En México más de un 70 por ciento de la población mayor de 60 años carece de algún tipo de pensión y llega a depender de políticas públicas clientelares sin enfoques prospectivos sobre el aumento de esperanza de vida, que no tocan el fondo de una aguda y compleja problemática de la población de personas mayores.

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Graciela Casas Torres, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, junto con titulares e integrantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, hicieron un frente para exigir al Gobierno Federal firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La Comisión de los Derechos Humanos de la capital del país  consideró  sumarse al llamado para que el Estado mexicano se adhiera a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y con ello integrar al bloque constitucional de derechos humanos de nuestro país, los estándares más amplios de reconocimiento y garantía de derechos humanos para todas las personas mayores actuales y futuras de nuestro país.

Para Casas Torres este mecanismo internacional resulta importante, pues implica garantizar a las personas mayores en México un marco legal más amplio, que les permita ejercer plenamente sus derechos. Así, citó, cuando un procedimiento legal no alcanza a ser resuelto en instancias nacionales se acude a las internacionales para que puedan hacer recomendaciones a las autoridades y se resuelva.

En la búsqueda de la aprobación de la Convención, con el CETSGe colabora el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Su titular, Rocío Culebro, argumentó que dicho instrumento legal resguardaría a este sector de la población de abusos, a veces “imperceptibles” o “sutiles”, por parte de la sociedad, de algunos gobiernos y de su propia familia, que los abandona o los ignora.

“La petición de firma ya fue entregada a tres de los cuatro aspirantes a la Presidencia, con argumentos respaldados desde la academia, pues es una problemática demográfica que en 2050 tendrá su pico, con más de dos mil millones de personas mayores en el mundo”, subrayó Culebro.

En su oportunidad, Patricia Rebolledo, presidenta de la Red de Adultos Mayores de la Alianza de Organizaciones para Personas Mayores AC, comentó que la importancia de signar la Convención es porque se trata de un documento vinculante, que establecerá obligaciones en pro del trato adecuado a este sector poblacional, y lo reforzará como sujeto de derecho.

Casas Torres, con más de tres décadas dedicada al tema, indicó que el CETSGe, con dos años de funcionamiento, se aboca a fortalecer de manera interna y externa los procesos de formación y de ejercicio social vinculados con la docencia, investigación, extensión y atención a las personas mayores.

Informó esta experta universitaria que se realizan proyectos conjuntos con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Hospital General de México, para el diagnóstico y prevención de la fragilidad de las personas mayores, a través del uso de tecnología.

Asimismo, dijo finalmente que se labora con el Instituto Nacional de Geriatría, en donde el CETSGe es parte del comité técnico, para la formación de profesionales especializados en la problemática de las personas mayores.