Elogian a Mancera por “no abandonar el barco”

 

• Anuncian la reconstrucción de un edificio afectado por el sismo en la capital que era habitado por familias otomíes y mazahuas
• Les darán un crédito emergente por más de cinco millones de pesos
• Lo pagarán de acuerdo a su capacidad de pago

 

 

En un acto donde a diez familias otomíes y mazahuas originarias del Estado de México, se les anunció que tendrán viviendas dignas tras los sismos de septiembre del año pasado, su líder, Lorena García Alonso, agradeció al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, “no abandonar el barco” y mantenerse como “capitán” al frente de la alcaldía de la capital mexicana.

 

“Gracias doctor por no abandonar el barco y seguir como capitán”, le dijo García Alonso en referencia a las versiones de que Mancera Espinosa dejará el cargo de Jefe de Gobierno para aceptar una postulación como senador en un año en que se celebran elecciones presidenciales en México y de la misma jefatura de gobierno de la capital del país. Sin embargo, Mancera mantuvo su reserva ante el imprevisto discurso.

 

Lorena habló durante un acto celebrado en uno de los patios del antiguo palacio del ayuntamiento de la Ciudad de México, donde se hizo este anuncio por parte del Instituto de Vivienda (INVI), de rehabilitar un viejo edificio en la colonia Roma, bajo el catálogo del Instituto Nacional de Bellas Artes como inmueble protegido, que era habitado por las familias de indígenas en la calle de Durango 119.

 

 

Animadas por Lorena, este grupo de familias indígenas lo elogiaba. La líder le decía que era un “líder con temple y amor a la ciudadanía”. Mancera Espinoza sonreía complacido por las lisonjas de la líder de este grupo de familias indígenas originarias del vecino Estado de México, quienes llegaron a capital obligadas por la miseria de sus pueblos.

 

Una de esas jefas de familia, María Juana López, de 54 años, de origen mazahua, llegó con sus cuatro hijos a la capital del país hace veinte años. Sobrevive aún de la venta de dulces en un puesto semifijo, ha sido perseguida por empleados de la delegación Cuauhtémoc, quienes le arrebatan su mercancía.

 

Junto con las familias otomíes, María Juana habita en una casa en el municipio de Los Reyes, en el Estado de México, donde pagan 18 mil pesos mensuales, dado que el inmueble de Durango 119 fue declarado inhabitable. Esta cantidad la reciben como apoyo de renta este grupo de familias, sin saber si con el cambio de gobierno se les mantendrá esa cantidad.

 

 

Asentadas desde hace más de diez años en ese viejo inmueble, que fue expropiado, este grupo de familias indígenas que viven del comercio ambulante y semifijo obtuvieron un crédito emergente por cinco millones 180 mil pesos, para un edificio que serán un modelo de ecotecnología por el ahorro previsto en energía eléctrica, gas y agua potable.

 

La obra de rehabilitación del inmueble tardará entre tres y cuatro años. La promesa gubernamental es que serán propietarias de 10 departamentos en la colonia Roma norte de la Ciudad de México, en una de las zonas más castigadas por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

 

Mancera Espinosa les prometió, cuando ya no sea Jefe de Gobierno, que el crédito lo pagarán una vez que obtengan su vivienda y “será acorde a la capacidad de pago de cada familia beneficiada” al destacar que esta obra es un tema de la igualdad que ejerce su administración con la población capitalina, sin distinción de su condición social, étnica o económica.

 

 

El servidor público capitalino, quien no dijo si o no a mantenerse como “capitán” del barco de la Ciudad de México, elogió la acción del Instituto de Vivienda de la capital que cada semana entrega créditos a familias damnificadas por el sismo último delo 19 de septiembre de 2017.

 

Para Mancera Espinosa esta acción de gobierno de dar vivienda a este grupo de familias otomíes y mazahuas, se coloca en el reconocimiento que ha hecho su administración de los derechos de las comunidades indígenas a través de la Constitución capitalina, apenas aprobada hace un año por una asamblea constituyente y que entrará en vigor en septiembre próximo, “único instrumento jurídico en el mundo que ha planteado la protección de los pueblos y comunidades indígenas” de acuerdo con las Naciones Unidas.