En Hacienda, atorada la ratificación de la Convención de la OEA sobre Personas Mayores

• En 15 años México será un país de adultos mayores”.
• Urgente fortalecer y hacer valer el marco jurídico, así como las políticas públicas que protejan los derechos humanos y mejoren la calidad de vida de este sector de la sociedad.
• El envejecimiento de la población implicará una mayor demanda de servicios de salud y que los padecimientos de las personas en edades avanzadas tienden a concentrarse en males crónicos-degenerativos.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en la Organización de los Estados Americanos en 2015, que debía ser rarificado por el Estado mexicano, encuentra un enorme escollo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de José Antonio Meade, uno de los presidenciables mexicanos para las elecciones de 2018. Ahí,  en  esa dependencia federal  se estancó la ratificación de esa Convención de la OEA que ha sido demandada por diversos sectores sociales y  políticos de la sociedad mexicana y  comisiones de derechos humanos.

Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Chile, se encuentran entre los países de la región que han ratificado esa Convención sobre los derechos humanos de las personas mayores. México es una de las naciones que ha retrasado la ratificación. La La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha  instado a los Estados Miembros de la OEA, como México,  a emplear todos los medios a su alcance para superar los impedimentos que existan para la ratificación e implementación plena de todos los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos.

La Constitución mexicana desde 2011 ya establece su compromiso con los derechos humanos como instrumento fundamental y parte de las garantías individuales de la población del país.

Esa Convención pendiente de ser rarificada por México establece que “el objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

En el conversatorio “Avances y desafíos en la protección de los derechos de las personas adultas mayores” , efectuado en el Senado de la República,  convocado por  la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se tocaron los temas que menciona esa Convención: abandono, cuidados paliativos, discriminación, discriminación múltiple, discriminación por edad, envejecimiento activo y saludable, maltrato y negligencia.

La propia senadora Lisbeth Hernández Lecona advirtió que en 15 años México será un país de adultos mayores”, por lo que consideró  urgente fortalecer y hacer valer el marco jurídico, así como las políticas públicas que protejan los derechos humanos y mejoren la calidad de vida de este sector de la sociedad.

La senadora priista, después de escuchar al director del  Instituto Nacional de Geriatría, Luis Miguel Robledo Gutiérrez, señalar que la Convención estaba atorada en la secretaría de Hacienda, se comprometió a promover esa ratificación pendiente por parte del gobierno mexicano, que tendrá que hacer finalmente  el Senado de la República.

Hernández Lecona destacó que el envejecimiento de la población implicará una mayor demanda de servicios de salud y que los padecimientos de las personas en edades avanzadas tienden a concentrarse en males crónicos-degenerativos.

En el conversatorio “Avances y desafíos en la protección de los derechos de las personas adultas mayores”, la legisladora del PRI mencionó  que otro de los retos es instrumentar medidas y programas preventivos que permitan reducir la tasa de discapacidad para, así, incrementar la esperanza de vida y permitir que un mayor número de individuos disfrute de su vejez en condiciones físicas y mentales aptas.

Hernández Lecona consideró que la intervención de las autoridades, a través de una atención profesional y especializada, debe centrase en la prevención y disminución de las principales formas de discriminación: abandono, maltrato, rechazo, pobreza, discapacidad y violencia.

Por su parte, la Secretaria General del Consejo Nacional de Población, Patricia Chemor Ruiz, precisó que actualmente la población que tiene 60 o más años asciende 12 millones novecientos mil personas y se estimó que aumentará a 32 millones cuatrocientos mil en 2050.

En términos relativos, añadió, la proporción de población envejecida crecerá de 10 a 21.5 por ciento y, en ese año, habrá más adultos mayores que niños de cero a cinco años.

Chemor Ruiz aclaró que, según las estadísticas nacionales, después de rebasar el 10 por ciento con población de 60 o más años, los países comienzan a llamarse países envejecidos; “México, naciones de Latinoamérica, Europa y Asia ya somos países envejecidos”.

Por su lado, Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director general del Instituto Nacional de Geriatría, aseveró que el reto que representa la atención de la salud por este factor en 2050, ya se enfrenta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en Petróleos Mexicanos, que cuentan, respectivamente, con 20 y 30 por ciento de trabajadores adultos mayores.

Dijo que, para enfrentar este fenómeno demográfico, a los mexicanos les preocupa la discriminación, el desempleo y la pobreza, el problema de las enfermedades, la salud y la dependencia.

Silvia García López, del Departamento de Enseñanza, Investigación e Información del Instituto Nacional delas Personas Adultas Mayores (INAPAM), señaló que este sector “está creciendo a un ritmo que se nos va a salir de control en el 2050 y no hay dinero que alcance” para su atención.

La senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, asentó que en el Senado de la República “asumimos la responsabilidad” de integrar políticas públicas, leyes y presupuestos en esta materia.

Su compañera de bancada, la senadora Margarita Flores Sánchez, destacó la importancia de combatir los abusos en contra de los adultos mayores. En la Cámara de Senadores, dijo, “seguiremos trabajando por leyes que permitan que los adultos tengan una mejor calidad de vida”.