En peligro la vigencia de los derechos humanos en el país

A seis años de la reforma de 2011, falta armonizar los preceptos constitucionales relacionados con la reforma constitucional y las legislaciones estatales.

El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, alertó sobre el peligro que enfrentan los derechos humanos para hacer efectivos su ejercicio o vigencia, o la inhibición que pueden padecer ante la falta de armonización legislativa entre los preceptos constitucionales relacionados con la reforma de junio de 2011 a nuestra Carta Magna en materia de derechos humanos y las legislaciones estatales.

González Pérez señaló lo anterior, en el marco de la primera reunión de la Mesa Nacional de Armonización Legislativa a la que convocaron conjuntamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión y la Secretaría de Gobernación.

A la fecha, el promedio de armonización del conjunto de los estados de la República es del 87.4%, que comprende desde una entidad que únicamente tiene el 27.3% hasta las que cubren 100% en sus constituciones locales.

En esa reunión  se acordó que la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación brindarán asistencia técnica, a solicitud de los congresos legislativos de las entidades federativas, para llevar a cabo las correspondientes reformas al marco jurídico.

Se tomarán como punto de partida para el análisis de los avances de la armonización los estudios colocados en la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, que se publica permanentemente en la página web de la CNDH.

Asimismo, habrá reuniones periódicas de los integrantes de la Mesa Nacional de Armonización, con el fin de revisar los avances en el tema en las entidades federativas, de acuerdo con los temas que se definan. La próxima reunión se llevará a cabo en el mes de julio y la tercera, en octubre del presente año.

Aunque a nivel nacional se registraron avances en materia de armonización, al pasar de 83.1% en 2016 a 87.4% en 2017, hay entidades que muestran estancamiento, como Sonora, que permaneció con 27.3%; Chihuahua, con 36.4%; Morelos, con 63.6%, Guerrero, con 81.8% y Nayarit, con 87.3%, así como otras que muestran avances sustanciales, siendo los casos de Veracruz, al pasar de 18.2% en 2016 a 90.9% en 2017, Chiapas, de 32.7% a 54.5%, Querétaro, de 63.6% a 90.9%, Estado de México, de 87.3% a 100%, y Nuevo León, de 81.8% a 100%.

Destacan Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, que tienen 100% de armonización legislativa.

Al participar en la inauguración de la Mesa Nacional de Armonización Legislativa sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, el Presidente de la CNDH señaló que la coherencia de las normas que integran un sistema jurídico es uno de los elementos que condicionan, en mayor medida, su operatividad real y efectiva.

“En este sentido –añadió González Pérez—, el lograr que los contenidos normativos no discuerden o sean contradictorios resulta de especial relevancia, sobre todo cuando se realizan cambios con la extensión, integralidad y relevancia, como los de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la cual redefinió las bases del orden jurídico mexicano”.

Ante asistentes en el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, el Ombudsman nacional destacó que para la CNDH la armonización normativa es tema prioritario.

La CNDH, informó,  ha construido la “Plataforma Nacional de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos” como herramienta de análisis que permita a los congresos estatales y a la sociedad conocer el avance en los procesos de actualización del sistema jurídico del país, conforme a lo estipulado en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Ante diputados federales y locales integrantes de las mesas directivas de los congresos legislativos de las entidades federativas y de quienes integran las respectivas comisiones de derechos humanos en las correspondientes legislaturas, y luego de señalar que dicha plataforma está a disposición de la Mesa Nacional de Armonización Legislativa, el Ombudsman nacional destacó que el reconocimiento normativo de los derechos resulta de poca relevancia si los mismos no adquieren vigencia y no se cuenta con las vías o medios para hacerlos efectivos, para reclamar su cumplimiento o resarcirlos si fueron violentados.

Por su parte, Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, destacó el enorme reto que significa la implementación de esa reforma sobre derechos humanos y enfatizó que desde la administración pública se trabaja en tres vertientes: la capacitación de servidoras y servidores públicos, la difusión de los contenidos de la Reforma y la armonización de las normas jurídicas con los principios constitucionales.

Reconoció el valor del trabajo de la CNDH al elaborar la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, que será fundamental para promover la incorporación de los principios y contenidos de la Constitución Federal en las Constituciones locales, y de todas las leyes reglamentarias y ordinarias que sean expedidas a nivel federal y estatal.

La senadora Angélica de la Peña recordó el tiempo y esfuerzo que costó conciliar voluntades de todos los actores políticos para reformar 11artículos constitucionales en junio de 2011. Hizo una relatoría de cómo se ha transitado en la asimilación de cada artículo; señaló que se ha avanzado bastante, pero reconoció que aún falta para lograr una transformación estructural.

En las mesas de trabajo, Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó la necesidad de que las legislaturas locales avancen en la armonización de los derechos humanos en su ámbito de competencia.

Bonifaz Alfonzo puso énfasis en  que todas las personas puedan gozar de su protección, ya que en esa materia el Poder Judicial de la Federación avanza cubriendo los huecos aún no atendidos por la legislación de los estados, a través de los juicios de amparo que al respecto se han estado promoviendo, y agregó que, sin embargo, de esta manera la protección jurídica correspondiente solo beneficia a quienes los impulsan y obtienen fallos favorables.