Feminicidios, la forma extrema de violencia contra las mujeres mayores

 

• Cuando las personas mayores, especialmente las mujeres, denuncian una situación de violencia o maltrato, muchas veces ocurre que se pone en duda su credibilidad
• El transfeminicidio es un delito que aún no ha sido tipificado en muchos países de nuestra región
• El maltrato más recurrente es el maltrato psicológico, seguido del maltrato físico, el económico, la desatención y el abuso sexual
• Entrevista con Marissa Vivaldo, experta en el estudio del envejecimiento

 

 

Cuando las personas mayores, especialmente las mujeres, denuncian una situación de violencia o maltrato, muchas veces ocurre que se pone en duda su credibilidad, pues se señala que podrían “no recordar bien”, “haber malentendido” o “tener deterioro cognitivo”, advirtió Marissa Vivaldo-Martínez la experta en los procesos de envejecimiento de la población en una entrevista con Diario T E, al referirse al maltrato institucional durante los procesos de procuración de justicia cuando las personas mayores denuncian alguna forma de maltrato o abuso en las instancias judiciales.

 

Marissa Vivaldo-Martínez es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta con estudios de doctorado en Ciencias en Salud Colectiva y es especialista en Políticas de Cuidado con Perspectiva de Género por CLACSO. Es profesora de asignatura adscrita a la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM. Participa en el Seminario de investigación “Sociología Política de los Cuidados” del Instituto Mora.

 

En ocasión del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez realizamos una serie de entrevistas con expertas en el conocimiento de la compleja situación de las personas mayores y del envejecimiento de la población.

 

 

A continuación, el texto de la primera entrevista:

 

DiarioTE: ¿Qué tipo de maltrato domina en las violencias que afectan a las personas mayores, incluso las de carácter institucional?

 

De acuerdo con estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud que se obtuvieron a partir de una revisión sistemática y metaanálisis de 52 estudios de 28 países del mundo, se estima que alrededor del 15.7% de la población de personas mayores en el mundo ha sufrido maltrato. Esta revisión revela que el maltrato más recurrente es el maltrato psicológico, seguido del maltrato físico, el económico, la desatención y el abuso sexual.

 

El entorno (casa, espacio laboral, instituciones de salud, de cuidado de largo plazo, etc.) tiene una relación directa con el riesgo y tipo de maltrato.

 

Como sabemos, los Días Internacionales tienen la finalidad de permitirnos hacer una pausa y reflexionar sobre las medidas que se han tomado a nivel internacional, regional, nacional y local para combatir y erradicar problemáticas. En el caso de la toma de conciencia sobre el abuso y maltrato en la vejez, desde mi perspectiva, este año 2023, tendríamos que poner sobre la mesa la necesidad de adoptar con todo el compromiso la perspectiva de interseccionalidad en el diseño, análisis y evaluación de programas y acciones públicas.

 

 

No se trata únicamente de pensar el abuso y el maltrato en contra de las personas con 60 años y más como si todas ellas fuesen iguales, tuviesen las mismas situaciones de riesgo o enfrentaran todas, los mismos tipos de maltrato. Más bien, debemos tomar la oportunidad de visibilizar que la intersección entre la edad y las diversas categorías como el género, la identidad sexogenérica, la pertenencia étnica, la condición socioeconómica, el acceso a servicios de salud, la enfermedad física, enfermedad o condición mental, discapacidad, la situación migratoria, el hecho de encontrarse en situación de desplazamiento forzado, de ser persona cuidadora, el lugar en el que se habita (casa o institución), entre tantas otras, pueden profundizar los riesgos de sufrir algún tipo de abuso o maltrato.

 

Ahora bien, aunque es muy importante centrarnos en él y las formas de maltrato con mayor prevalencia, este Día Internacional es una oportunidad tomar conciencia sobre la existencia de formas de maltrato que requieren un inmediato compromiso de las instituciones de gobierno, de procuración de justicia y de la sociedad en su conjunto. Este año mi reflexión se centra en tres:

 

Las formas de violencia extrema contra las mujeres mayores. El Informe de América Latina y el Caribe de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2022) reveló que entre 2019 y 2020 se denunciaron 156 casos de feminicidio de mujeres de 60 años y más. Sin embargo, se reconoce que es difícil hacer una estimación de los casos pues en muchos países, incluido el nuestro, no siempre es recopilado o desagregada la información sobre la edad.

 

El maltrato institucional durante los procesos de procuración de justicia cuando las personas mayores denuncian maltrato o abuso. De acuerdo con el Informe de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Claudia Mahler, cuando las personas mayores, especialmente las mujeres, denuncian una situación de violencia o maltrato, muchas veces ocurre que se pone en duda su credibilidad, pues se señala que podrían “no recordar bien”, “haber malentendido” o “tener deterioro cognitivo” Por eso, muchas veces se ven obligadas a presentar pruebas adicionales o se les solicitan testigos que validen su dicho, lo que representa una nueva situación de maltrato y discriminación.

 

Las formas de abuso y violencia extrema en contra de las personas mayores trans. En este caso, las violencias que este grupo poblacional viven a lo largo de sus trayectorias de vida ocasionan que muy pocas personas trans lleguen a la vejez. De acuerdo con la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, el transfeminicidio es un delito que aún no ha sido tipificado en muchos países de nuestra región y, además de la violencia que representa, es una realidad que cuando se reportan las muertes de personas trans, se les niega el respeto de sus identidades y por lo tanto, es muy difícil conocer la dimensión de esta problemática. Desde mi perspectiva, la población trans vive situaciones de maltrato y abuso en la vida y hasta el momento de su muerte.

 

 

DiarioTE: ¿Existen políticas públicas encaminadas a la proyección jurídica y social de las personas mayores?

 

En México, existe un importante corpus jurídico y medidas para la protección de las personas mayores que se ha ido fortaleciendo con los años. Sin embargo, es una realidad que se requiere además una importante estrategia de difusión y sensibilización dirigida a la sociedad en su conjunto y también a las personas servidoras públicas que tienen como responsabilidad guiar, atender y dar seguimiento a las estrategias de prevención del maltrato y de acceso a la justicia. Esto porque existe un desconocimiento generalizado de los mecanismos jurídicos y de los programas de prevención del maltrato. Por otro lado, una debilidad que se percibe en la legislación es que la responsabilidad casi total del bienestar de las personas mayores se centra en la familia, desdibujando así la relevancia de otros actores como son las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Las familias y las personas cuidadoras son los principales sujetos sanciones debido a que el marco jurídico no considera que es la obligación del Estado proveerles de condiciones necesarias para proporcionar cuidados de calidad. Muchas situaciones de abuso, violencia y maltrato en el hogar o en instituciones están vinculadas a la precariedad del trabajo de cuidados.

 

DiarioTE: ¿Cuál es la dimensión del maltrato de las personas mayores en México?

 

Existen diferentes estadísticas y estimaciones. De acuerdo con un estudio de Liliana Giraldo en 2020, se estima que entre 8,1% y el 18,6% de las personas mayores en México sufren maltrato, pudiendo superar el 30% entre personas que dependen de cuidados de largo plazo.

 

DiarioTE: ¿Los estereotipos en los medios de información favorecen el maltrato de las personas mayores?

 

El viejismo es una de las principales causas de maltrato y violencias contra las vejeces. En medios de comunicación es muy común encontrar actitudes y prácticas viejistas que, aunque sin esa intención, colaboran en la reproducción de prejuicios y estereotipos que utilizan muchas personas para fundamentar sus actitudes, sentimientos y prácticas negativas hacia las personas mayores. En el caso de las personas que trabajan en medios de comunicación, me gustaría señalar que es muy importante que reflexionen en el marco de este Día Internacional: (1) sobre la idea personal que tienen sobre los envejecimientos y las vejeces; (2) sobre la importancia del uso del lenguaje, pues este genera ideas distorsionadas sobre la diversidad de realidades de las vejeces, puede invisibilizar a grupos y reproducir roles obligatorios de género; (3) sobre la necesidad de reaccionar menos a los estereotipos y prejuicios y resaltar más bien la importancia del respeto a la autonomía y la dignidad de las personas mayores.

 

 

DiarioTE: ¿Qué grado de impunidad existe en el maltrato de las personas mayores?

 

Como se ha señalado a partir de diversas fuentes, la impunidad en México es un problema estructural. Sobre las personas mayores no hay suficientes datos para responder la pregunta.

 

DiarioTE: ¿En qué contribuyen al tratamiento de los casos de maltrato de las personas mayores la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México y la Convención Interamericana de Protección a los Derechos Humanos de las Personas Mayores que aprobó el Estado Mexicano y se adhirió a ese instrumento regional recientemente?

 

La CIPDHPM es un instrumento que puede tener un impacto muy positivo en el tratamiento de los casos de maltrato, abuso y violencia. En primer lugar, porque hace visibles una gran cantidad de espacios y situaciones en los que pueden ocurrir estas situaciones a partir del establecimiento de un catálogo de derechos. Recordemos que, para que un derecho se encuentre escrito en un instrumento de Derechos Humanos, muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad han sido violentadas en ese sentido y, sus luchas, nos permiten gozar hoy de esos derechos. En segundo lugar, la CIPDHPM proporciona a las y los tomadores de decisiones una guía para el diseño e implementación de políticas, programas y acciones públicas que en todo momento deberán partir de las perspectivas de derechos humanos, géneros e interseccionalidad. Y, finalmente, este importantísimo instrumento permite a las personas mayores y a sus organizaciones exigir al Estado el cumplimiento de sus responsabilidades en nuestro país y, ante sus omisiones, ahora tenemos la posibilidad de llevar al Estado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

 

DiarioTE: ¿Ante la eventual desaparición del INAPAM se requiere un organismo realmente rector de la política de envejecimiento de la población mexicana?

 

El INAPAM debería ser reestructurado y fortalecido, pero de ninguna manera podemos permitir su desaparición ya que hacerlo, representaría un retroceso en la institucionalidad del envejecimiento en México de 40 años. Es necesario que como sociedad impulsemos que el INAPAM cuente con los recursos económicos y políticos necesarios para regir la política pública de envejecimiento. Con esto me refiero a que las y los tomadores de decisiones de los más altos niveles de los tres poderes de gobierno, deben comprender que el envejecimiento y las vejeces son un tema social prioritario que requiere ser incluido con seriedad en la agenda pública.

 

No es posible reducir las problemáticas de las vejeces a una sola dimensión, como es la económica. Las pensiones no contributivas son importantes, pero se requiere el desarrollo de acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas mayores. Esto es mucho más complejo y debería considerar de manera inicial los siguientes aspectos: el acceso a la educación a lo largo de la vida; al empleo digno (con acceso a seguridad social y salarios adecuados); acceso a servicios salud preventivos, curativos y de rehabilitación en las áreas de la salud física, mental, odontológica; garantizar el derecho al cuidado (decidir cuidar, recibir cuidados y al autocuidado), a través de la provisión de infraestructura para el cuidado, servicios democráticos de cuidados en general, de largo plazo, paliativos y diseño de políticas y modificaciones legislativas para garantizar licencias de cuidado desvinculadas del trabajo formal; protección para las personas mayores que se encuentran en situación de desplazamiento; protección para las vejeces que desempeñan trabajo de cuidados; desarrollo de infraestructura accesible a la funcionalidad diversa; servicios públicos asequibles; protección de las vejeces indígenas y afromexicanas; protección de las vejeces con identidades sexogenéricas diversas, etc. Todo ello, impactaría positivamente en la reducción del maltrato y las violencias.