Hacia una sociedad del cuidado de las personas adultas mayores, inclusiva y resiliente

 

• La Carta de Santiago de la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe

 

 

Los y las representantes de los países reunidos en la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, celebrada en Santiago de Chile los pasados días del 13 al 15 de diciembre de 2022, dieron a conocer la Carta de Santiago, que por su interés público publicamos en sus partes medulares, en la cual manifiestan lo siguiente:

 

Reafirman el compromiso de los Gobiernos de la región respecto de la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, sin ningún tipo de discriminación y violencia, a la vez que ratificamos la responsabilidad de los Estados de proveer las medidas y acciones necesarias para garantizar un envejecimiento saludable, con dignidad y derechos, con el máximo nivel de calidad de vida posible y el pleno disfrute de los derechos.

 

Resaltamos las diversas y fundamentales contribuciones que las personas mayores realizan para el funcionamiento de nuestras sociedades y exhortamos a adoptar medidas eficaces contra la discriminación por edad, y a eliminar las dificultades y obstáculos que aún persisten en la región y que menoscaban la participación de las personas mayores en la vida política, social, económica y cultural y sus derechos humanos.

 

Reafirmamos nuestro compromiso de que, en el marco de la recuperación de la pandemia de COVID-19, que afectó con inusitados impactos económicos y sociales y de salud física y mental a las personas mayores, y que puso de manifiesto, entre otras cosas, la brecha digital que las afecta, las respuestas de política pública estén basadas en la promoción y el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las 3 personas mayores, incorporando la visión y los compromisos que emanan de múltiples instrumentos y acuerdos internacionales y regionales, así como los aportes de las personas mayores, promoviendo la participación social, la inclusión de sus voces y conociendo sus necesidades y perspectivas.

 

 

Ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo de sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, que viabilicen el acceso garantizado, sin discriminación, a una salud de calidad, vivienda y servicios básicos, incluido, en particular, el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las políticas y sistemas integrales de cuidado con perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad, que respeten, protejan y cumplan los derechos de quienes reciben y proveen cuidados de forma remunerada y no remunerada, considerando las cadenas globales de cuidado, y que aseguren la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, las familias, las comunidades y las personas, indispensables para una recuperación transformadora en la región.

 

Llamamos a los Gobiernos a seguir impulsando acciones afirmativas para el logro de la igualdad sustantiva, que promuevan sistemas integrales de cuidado, el trabajo decente, la educación y la salud integral a lo largo del curso de vida y la plena y efectiva participación de las personas mayores, en particular de las mujeres, en las políticas y acciones tendientes a una recuperación transformadora, con igualdad de género e interculturalidad, orientada a la sostenibilidad de la vida, y para transitar hacia una sociedad del cuidado.

 

Instamos a la implementación de políticas y programas para la prevención, el cuidado, los cuidados preventivos, los cuidados curativos, paliativos y especializados, y el tratamiento y el manejo de enfermedades, con especial atención a las no transmisibles, incluidas todas las formas de demencia, así como la promoción de un envejecimiento saludable para mejorar la calidad de vida y aligerar la carga de enfermedades no transmisibles en la población, la economía y los servicios y sistemas de salud, incluida la salud sexual y reproductiva de las personas mayores.

 

 

Resaltamos los esfuerzos de los Gobiernos y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de personas mayores y el sector privado, para promover e incrementar la cooperación y la integración, así como la sensibilización acerca de las cuestiones relativas al envejecimiento y los derechos humanos de las personas mayores, y reconocemos que persisten todavía —y más aún después de la pandemia de COVID-19— enormes retos para lograr el empoderamiento de las personas mayores y el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos.

 

Destacamos que la vejez es un momento del curso de vida que implica una experiencia plena en la dimensión biopsicosocial y que debe ser sustentada desde un enfoque de derechos, de género, interseccional e intercultural, por lo que resulta necesario garantizar la creación de entornos saludables, accesibles y propicios para que las personas envejezcan en un lugar adecuado en el que puedan realizar sus actividades y desarrollar sus capacidades, sin dejar a nadie atrás.

 

Instamos a los Gobiernos a tomar medidas específicas, y a intensificar las existentes, para combatir la discriminación, el maltrato, el aislamiento, el abandono y las múltiples formas de violencia hacia las personas mayores, prestando especial atención a las que enfrentan situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad social y violencia por razón de género, dependencia, discapacidad, identidad o de otra índole, así como a brindar servicios de salud integral, cuidados, protección social y acceso a alimentación, vivienda, empleo y justicia, entre otros derechos humanos.

 

Destacamos la importancia de las acciones en favor de las personas mayores que coadyuven al cumplimiento del objetivo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, según corresponda, y señalamos que sus Estados Partes reafirman el compromiso de profundizar su divulgación, así como de avanzar en los procedimientos de ratificación o adhesión que permitan constituir los mecanismos de seguimiento.