Insiste la CNDH en que México ratifique el Convenio 189 de la OIT

• Las normas para la protección de las trabajadoras y los trabajadores domésticos no han sido suficientes para garantizar sus derechos ni resolver la situación de vulnerabilidad que enfrentan.
• Aún falta mucho por hacer en materia de justicia laboral, especialmente desde la perspectiva de género, dijo el presidente de la CNDH.

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Luis Raúl Gónzález Pérez, insistió en que el Estado mexicano ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, “ya que si bien hay normas para la protección de ese sector poblacional no han sido suficientes para garantizar sus derechos ni resolver la situación de vulnerabilidad que enfrentan”.

Sin seguro social, ni vacaciones pagadas, aguinaldos, horarios fijos, ni acceso a créditos, ni  sitios adecuados para dormir, sin indemnización y prácticamente en condiciones de explotación semejantes a la esclavitud,  laboran 2 millones 306 mil 898 trabajadoras y trabajadores del hogar en el país, 250  mil de ellas y ellos, en la Ciudad de México. Parte de esta población trabajadora es de personas mayores, sin garantías de pensión o jubilación.

Una remuneración justa es un tema de dignidad humana y, por lo tanto, un tema de derechos humanos, dijo Ombudsman nacional González Pérez al señalar que  la CNDH observa que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha venido en aumento. Sin embargo, añadió, las condiciones siguen siendo inequitativas en relación con lo que perciben los hombres.

Evitar la discriminación, dijo el presidente de la CNDH,  fomentar la igualdad de oportunidades y bienestar del personal laboral y sus familias, mediante programas que promuevan el acceso al trabajo en condiciones de equidad, son los retos inmediatos que enfrenta el país, en los sectores público y privado, sin dejar de lado la falta de acceso a la justicia laboral, perspectiva de género, desigualdad en remuneraciones, insuficiencia del salario mínimo y trabajo de menores de edad.

Tras mencionar que aún falta mucho por hacer en materia de justicia laboral, especialmente desde la perspectiva de género, González Pérez subrayó que el cumplimiento cabal de los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia permitirá dar certeza jurídica a quienes acudan ante la STPS y la JFCA para demandar la protección de sus derechos humanos laborales, y consideró indispensable aplicar los principios de igualdad y no discriminación en las convocatorias para los puestos de trabajo.

González Pérez refirió que la desigualdad salarial alcanza un importante número de mujeres empleadas, ya que una tercera parte de ellas provee el principal ingreso de sus hogares, y destacó que la protección del derecho a una remuneración digna es crucial, ya que el salario mínimo es insuficiente para satisfacer la canasta básica, lo que provoca vulneración de derechos como salud, alimentación o vivienda, además de que genera segregación en la población y es factor detonante de la pobreza.

El Presidente de la CNDH enfatizó la importancia de erradicar el trabajo infantil y fortalecer las políticas públicas en ese sentido, especialmente en ranchos agrícolas, ante lo cual la justicia laboral, que abarca también a la protección no jurisdiccional, se erige como camino para hacer realidad tangible un importante sector de los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano.

González Pérez firmó el convenio de colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con Roberto Rafael Campa Cifrián, Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS); José Francisco Maciel Amaya, Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), y Alejandra Negrete Morayta, Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), para reafirmar el compromiso institucional con la salvaguarda de los derechos humanos y fortalecer la justicia laboral en favor de las y los trabajadores.

Mediante este convenio, la STPS, por conducto de la JFCA y la PROFEDET, garantizará, en todo momento, el cumplimiento, protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, sobre todo en el periodo de transición al nuevo sistema de justicia laboral, para impartir y administrar justicia oportuna, imparcial y de calidad a las personas usuarias, además de que atenderá las solicitudes de información de la CNDH como consecuencia de las quejas interpuestas en materia laboral

Por su parte, el Secretario Campa Cifrián señaló que “El derecho al trabajo digno, socialmente útil y económicamente remunerado, representa un reto enorme. Nos demanda revisar los mecanismos de colaboración entre las instancias que tenemos como responsabilidad última velar por los derechos laborales e impartir justicia en este rubro”.

“La defensa, promoción, respeto y garantía de los derechos laborales, son tareas complejas y demandantes, pues precisan de la participación conjunta y articulada de quienes tenemos estas responsabilidades”, dijo Campa.