México aprueba la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las personas mayores

 

• México es el décimo Estado Parte de América Latina y el Caribe que lo ratifica junto con Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Perú y Uruguay
• Para la CEPAL el objeto de la Convención “es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”

 

 

Finalmente, después de estar archivada, tres años en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto sin ninguna explicación y cuatro años en el actual gobierno de Andrés López Obrador por sus ríspidas diferencias con la actual Organización de los Estados Americanos (OEA), el Estado mexicano decidió aprobar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.

 

México es el décimo Estado Parte de América Latina y el Caribe que lo ratifica. Se adhirió junto con Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Perú y Uruguay a un instrumento de protección de los derechos humanos de las personas de más de 60 años. El actual gobierno mexicano y el que lo suceda en el 2024 estará obligado a respetar los términos de esta Convención que ha sido reclamado por múltiples voces de activistas y de organizaciones de derechos humanos del país, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

De acuerdo con la CEPAL el objeto de la Convención “es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

 

 

En la sede de la OEA en Washington, la Convención fue adoptada el 15 de junio de 2015, un instrumento promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un organismo que ha pugnado porque los Estados de la región generen políticas con enfoque de derechos humanos hacia las personas mayores de más de 60 años.

 

En un escueto Decreto, sin citar los principios, objetivos y obligaciones de esa Convención con las personas de más de 60 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial la comunicación enviada por el Senado de la República sobre su aprobación unánime, de todas sus fracciones parlamentarias, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, “adoptada en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015”.

 

Con la aprobación de esta Convención, el Estado mexicano, todos sus organismos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, así como sus 32 entidades, están obligados a respetar y aplicar los contenidos de este instrumento de protección a derechos humanos de uno de los grupos de población más vulnerables del país.

 

 

México se encuentra entre los países latinoamericanos con una de las más altas concentraciones de personas de más de 60 años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó en septiembre pasado una población de 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más que representan el 14 por ciento de la población total del país.

 

Los pronósticos del crecimiento de esta población en México realizadas en el Senado de la República advierten que en 2030 las personas adultas mayores representarán conservadoramente alrededor del 15 por ciento de la población y el 23 por ciento en 2050.

 

En México un 74 por ciento aproximadamente carecen de pensiones contributivas y dependen de la no contributiva establecida por el actual gobierno de López Obrador con un carácter universal. En su último informe el gobierno señala que esta pensión del Bienestar beneficia a once millones 56 mil 534 personas de más de 65 años de las 32 entidades del país, que este mes de enero reciben cuatro mil 800 pesos bimestrales.

 

 

México está inserto en este fenómeno demográfico de un rápido crecimiento de la población de personas adultas mayores. Un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre el envejecimiento poblacional destaca que es uno de los principales fenómenos demográficos en América Latina y el Caribe y del mundo. En 2022, “viven 88 millones 600 mil personas mayores de 60 años en la región, que representan el 13,4 por ciento de la población total, proporción que llegará al 16,5 por ciento en 2030”.

 

Durante las sesiones en diciembre pasado en el Senado de la República se avaló en forma unánime en la Comisión de Relaciones Exteriores el dictamen por lo cual se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

 

Junto con funcionarios de la cancillería mexicana, senadores de los partidos representados en esa colegisladora analizaron el dictamen. Durante esa sesión legislativa se informó que el 11 de noviembre de 2022, el Senado recibió de la Secretaría de Gobernación el oficio número 100-311 y copia certificada de la referida Convención. Seis días después, el 17 de noviembre de 2022, la Mesa Directiva del órgano legislativo la turnó a las comisiones legislativas del Senado de la República para su discusión.

 

 

El senador Héctor Vasconcelos, uno de los principales impulsores de la aprobación de esa Convención, explicó que el mecanismo internacional busca proteger a los adultos mayores, “un grupo desafortunadamente marginado y vulnerado en prácticamente todas las sociedades modernas”. “La adopción de esta Convención -precisó Vasconcelos- será compatible con los múltiples esfuerzos del actual Gobierno federal por dignificar a este sector social y abonará a la red de bienestar que ya ha alcanzado rango constitucional”.

 

Para la senadora Elvia Marcela Mora Arellano con esta Convención se atiende uno de los temas sociales más importantes toda vez que implica al 12 por ciento de una población que en su mayoría viven en una condición de vulnerabilidad.

 

La senadora Nancy de la Sierra, impulsora de la ratificación de esa Convención, celebró que después de siete años se aprobara este instrumento internacional, por las y los integrantes de las mencionadas comisiones unidas del Senado.

 

 

“Es un documento muy valioso, porque reconoce las preocupaciones de la sociedad por la vulnerabilidad en que vive ese sector social que ahora se reconocen y establecen sus derechos en esta Convención”, dijo Nancy de la Sierra, quien destacó que al entrar en funciones este mecanismo se dará un seguimiento de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los derechos de las personas de 60 años y más del país.

 

Por su parte, Salvador Tinajero Esquivel, consultor Jurídico Adjunto B de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que el objetivo de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce de ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de lograr su plena inclusión e integración social.

 

Finalmente, Elvira García Aguayo, asesora en la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, destacó en esa sesión decembrina que esta Convención es el único instrumento interamericano que existe para proteger los derechos de los adultos mayores.

Los Derechos inscritos de las Personas Mayores de la Convención Interamericana.