Normalización de las violencias contra las personas mayores

 

• Sin cobrar conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
• Se carece de una política pública de consenso
• Sin lograrse el objetivo de garantizar el ejercicio de protección de los derechos de las personas de edad y de sus cuidados
• En los medios de información prevalecen los estereotipos discriminatorios y estigmatizantes

 

 

Susana SANCHEZ -A más de una década de que el 19 de diciembre de 2011,cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió  el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una fecha prácticamente simbólica,  aún no logra su objetivo como dicta la propia resolución 66/127 de “garantizar el ejercicio de los derechos de las personas de edad”, “proporcionar cuidados y protección a las personas a medida que envejecen” y formular por consenso efectivas políticas públicas de desarrollo social que mejoren las condiciones de vida de las personas mayores de más de 60 años en nuestro país, que prácticamente viven una normalización de diversas formas de violencia intrafamiliar, institucionales y mediáticas.

 

El maltrato a las personas mayores asume otros rasgos de violencias múltiples que trascienden a los ámbitos intrafamiliares o vecinales; se desarrollan en espacios de movilidad en vías públicas y transportes; instituciones gubernamentales y sus servicios públicos y alcanzan a los medios informativos, impresos, digitales o audiovisuales. Estas violencias llegan a normalizarse en una sociedad donde no se cobra conciencia de los abusos y maltratos a las personas mayores, sobre todo de las personas de más edades y más aún cuando les afecta alguna forma de discapacidad.

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas había recomendado ese diciembre de 2011, a todos sus Estados Miembros, contar con datos, estadísticas e información cualitativa “con el fin de poder evaluar mejor la situación de las personas de edad y establecer mecanismos de supervisión adecuados para los programas y políticas orientados a proteger el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas de edad”.

 

En México los datos son escasos sobre las condiciones de vida de las personas mayores, como ahora se designa a la población de edad conforme a la Convención Interamericana de Protección a los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La dimensión de los abusos y maltratos a las personas mayores en México se desconocen, particularmente de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, o padecen Alzheimer o están recluidas en asilos públicos o privados.

 

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de septiembre de 2022, la población mexicana de más de 60 años, hasta 2022, es de 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más, 14 por ciento de la población total del país. Más de la mitad (56 por ciento) tiene entre 60 y 69 años. De estas cifras se desprende que en el rango de edades 30 por ciento corresponde al rango de 70 a 79 años y 14 por ciento a las personas de 80 años y más.

 

Sin una estrategia integral ante la velocidad del envejecimiento de la población mexicana que del año 2000 al 2022 ha crecido por encima de las estimaciones oficiales del 7.2 al 14 por ciento, la política pública del Estado mexicano se ha constreñido hasta ahora a crear la pensión universal para personas mayores de 65 años que al 10 de junio de 2023 beneficia a 11 millones 400 mil derechohabientes con una pensión de cuatro mil 800 pesos bimestrales, que en 2024 será de seis mil pesos. Si bien esta política de las pensiones universales representa una sensible mejora a las condiciones de vida de la población carente de pensiones contributivas y de sus familias, se queda corta ante la dimensión de un conflicto poblacional que, en materia de salud, protección jurídica efectiva, empleo, refleja su compleja carencia de ver hacia un futuro de mayores y extraordinarios desafíos. Ningún pronóstico demográfico anterior apuntó con una mínima precisión, a los radicales cambios de la pirámide poblacional de las últimas décadas.

 

 

Un organismo ejemplo de esa ausencia, creado durante el gobierno de Acción Nacional de 2000-2006, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), se ha convertido en una entelequia desde hace tiempo y aún en este gobierno federal. Supuestamente creado como organismo rector del envejecimiento en ningún momento cumplió con su cometido. Su mayor dedicación es la expedición de credenciales de identificación mayormente utilizadas por las personas de más de 60 años para transportarse gratuitamente en el transporte público (Metro, Trolebuses) y ocasionalmente con descuentos en el transporte foráneo y alguna que otra prestación, pero sin impacto en el acelerado proceso de envejecimiento de la población.

 

El Estado mexicano carente aún de una política pública de mayores alcances cuenta ya con un instrumento base de esa ausente política: la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que el Senado mexicano aprobó en diciembre de 2022, publicada en enero de este año en el Diario Oficial y que compromete al gobierno actual a ratificar en la sede de origen de esa Convención de 2015, la Organización de Estados Americanos (OEA), un organismo con la cual han pesado más las diferencias políticas de nuestro gobierno que el interés social de esta Convención para la población de más de 60 años.

 

Esta Convención identifica varios tipos de “Maltrato” y no solamente toda “acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza” con familiares, vecinos o en instancias públicas o privadas.

 

 

Otras formas señaladas en esa Convención:

 

“Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido, omisión, desamparo e indefensión que le causa un daño o sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público como privado, cuando no se hayan tomado las precauciones normales necesarias de conformidad con las circunstancias.

 

“Abandono”: La falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.

 

“Discriminación”: Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.

 

 

“Discriminación múltiple”: Cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación.

 

“Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.

 

Las violencias hacia las personas mayores no solamente ocurren en los ámbitos intrafamiliares donde se centra el mayor número de casos de violencias psicológicas o físicas, también provienen de las propias instancias del Estado y de los medios de información, que cuando se llegan a enterar de casos como el de la señora Lorenza, de 95 años, violentada por su hijo de 62 años, en la Ciudad de México en febrero de 2021 es convertido en un espectáculo mediático, un caso documentado por Diario T E.

 

Los maltratos institucionales que padecen las personas mayores se visibilizan en la ausencia de una estrategia de salud pública para la atención específica de sus padecimientos y enfermedades en las instituciones dedicadas a proporcionar servicios en los tres niveles de atención de salud pública. Las personas mayores son indistintamente atendidas desde el primer nivel sin una atención especializada geriátrica dada la ausencia de expertos; solamente existen unos 600 en todo el país de este tipo de expertos, a pesar de los esfuerzos de investigación llevados a cabo por el Instituto Nacional de Geriatría fundada por uno de los mayores científicos sobre la vejez, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo.

 

La política pública sobre el envejecimiento de la población y sus efectos en todos los ámbitos de la vida social se dispersa en la cantidad de organismos oficiales federales, estatales y municipales sin un rumbo fijo, sin una planeación y conciencia de la dimensión de un complejo problema que repercute en todos los sectores de la población mexicana de sus 32 entidades.

 

La Declaración de Toronto del 17 de noviembre de 2002, formulada por el gobierno de esa ciudad de Canadá, es uno de los antecedentes y esfuerzos para visibilizar un conflicto que escala conforme avanzan los envejecimientos de la población. Desde entonces ya se reconocía en esa Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores su contribución a una toma de conciencia sobre los abusos y maltratos a esta población. Se pensaba en una “Respuesta Global al Maltrato de los Adultos Mayores”, la publicación “Voces Ausentes”, una visión de las Personas Mayores sobre el Maltrato de las personas mayores” y “una acción práctica a nivel nacional, regional y local”.

 

 

Se tomó en cuenta que antes de 2002, “hace veinte o treinta años, las sociedades alrededor del mundo negaban la existencia de violencia contra la mujer y el maltrato infantil”, y se advertía que “la prevención del maltrato de las personas mayores requiere “de la participación de múltiples sectores de la sociedad y a través de los medios de comunicación “combatir el estigma, abordar los tabúes y ayudar a eliminar los estereotipos negativos sobre la vejez”.

 

La Vejez en las noticias y sus estereotipos

 

En los medios informativos mexicanos es común leer el maltrato escrito y verbal a las personas mayores con los estereotipos de “viejito”, “anciano”, “ancianito”, “decrépito”, “ruco”, “decrépitos”, “abuelos”. Son discursos periodísticos e incluso imágenes, que caen en el terreno de la discriminación y la estigmatización difundidos en medios que carecen de protocolos y códigos de ética para el trato informativo de las noticias sobre el envejecimiento y la vejez. Representan estos estereotipos un “conjunto de creencias, prejuicios y estereotipos que discriminan a las personas mayores”, como han señalado en Argentina en “No al viejismo”, publicada por “Pami”, Defensoría Pública, en una campaña que incluye una serie de recomendaciones para el tratamiento de la información sobre personas mayores, la vejez y envejecimiento con un enfoque de derechos humanos.

 

A esos estereotipos se suma el edadismo, identificado por el Instituto Nacional de Geriatría (Boletín Número 11 del 6 de junio de 2023) “también conocido como discriminación por edad o prejuicio generacional, un concepto que describe la discriminación o el trato injusto basado en la edad de una persona “ y “consiste en prejuzgar, estereotipar o marginar a alguien debido a su edad cronológica, ya sea considerándolo demasiado joven o demasiado viejo para ciertas actividades, roles u oportunidades en la sociedad”.

 

Javier Darío Restrepo, un periodista español, junto con 70 periodistas cubanos, chilenos, y colombianos, asumieron hace seis años (experiencias publicadas en 2017 en La Vejez en las noticias) como reto de estudio el cómo cubrir las informaciones relacionadas con la vejez. Este grupo de periodistas tomó en cuenta “los cambios demográficos, consecuencia de avances científicos y tecnológicos y la falta políticas públicas coherentes con los mismos y con el bienestar de todas las personas, a los que habría de agregar problemas de comunicación y de información”.

 

En efecto, reconocían esos periodistas, “que las políticas sociales sobre la vejez están influidas por la información pública que da una visión del fenómeno demográfico, poblada de temores o de inexactitudes en la interpretación que, finalmente, no aclara cuál es el papel de las personas viejas en la vida de la sociedad”.

 

Entre las conclusiones de este grupo de periodistas latinoamericanos están las siguientes:

 

*Solo un periodismo de calidad logra comunicar la realidad individual y social de las personas viejas.

 

 

Hace daño el periodismo sobre la vejez que se limita a compadecer a las personas viejas, o a convertirlas en espectáculo, o que las trata como niños, como incapaces o como ignorantes.

 

*Es positivo el periodismo que promueve el diálogo intergeneracional; que parte de la convicción de que cada generación puede aportarle a las otras, sin excepción. El periodista que informa así, construye puentes, acerca y contribuye a la preservación y crecimiento de los valores de cada generación.

 

*La información sobre la vejez y las personas viejas se propone, por tanto, darles voz, incluirlas como parte viva del mundo e integrarlas a las otras generaciones con sus aportes propios e irreemplazables.

 

*Hay estereotipos sobre la vejez y las personas viejas que operan en la política lo mismo que en el trato que reciben. Uno de esos estereotipos está inspirado en una compasión mala, es la que le niega posibilidades a las personas viejas y las ve sujetas a debilidades irremediables. Este estereotipo solo las deja ver como un problema que debe ser resuelto con políticas asistenciales. En cambio, la compasión sana es la que descubre, en quienes viven la vejez, posibilidades que deben ser activadas para beneficio de la sociedad. En vez de excluir a las personas viejas, las integra a la vida social, como capaces de ofrecer aportes irreemplazables.

 

Para Javier Darío Restrepo, hacer un periodismo adecuado, justo con la vejez, es necesario reconocer a las personas viejas no solo con su pasado, sino con su presente y con su futuro, teniendo en cuenta su gran diversidad, porque constituyen el grupo etario más heterogéneo que existe. “Informaremos bien sobre la vejez el día en que, contrariando los cánones de la cultura de hoy, entendamos que un periodismo de calidad debe cambiar su mirada sobre la vejez”.

 

Sin embargo, aún en el periodismo mexicano prevalecen una serie de prejuicios y ausencia de criterios para un trato de dignidad hacia las personas mayores. Son vicios informativos que contribuyen a una generalización del maltrato en los espacios mediáticos y a la vez se replican en los ámbitos familiares, sociales, gubernamentales y de tipo político.