Por el Derecho a ciudades justas, dignas, seguras, democráticas y solidarias para todos sus habitantes
Por el Derecho a ciudades justas, dignas, seguras, democráticas y solidarias para todos sus habitantes
Con la exigencia de pleno respeto a los derechos humanos, se realizó el Seminario Internacional Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad, organizado por el gobierno de la Ciudad de México
José Luis CAMACHO LÓPEZ. Ciudad de México, abril de 2015-Frente a un futuro desolador y deshumanizado de las zonas urbanas, profundamente desiguales, con una altísima concentración de la riqueza, el 50 por ciento en manos del 1 por ciento de la población global, urbes dominadas por los especuladores del suelo, de las finanzas y ahora de las telecomunicaciones, el Seminario Internacional Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad concluyó con el compromiso ineludible de construir un mundo urbano incluyente, justo, solidario, democrático y sostenible.
El desafío de llevar a cabo la democratización de las ciudades, un planeta que en los próximos 35 años albergará al 70 por ciento de la población en las ciudades, es formidable, sonaba a utopía durante los tres días de este peculiar Seminario, que convocado por el gobierno del Distrito Federal, reunió a expertos internacionales, alcaldes, funcionarios urbanos y representantes de diversas sociedades y agrupaciones de vecinos de la capital mexicana para discutir sobre ”El Derecho a la Ciudad”.
La zona centro del país, una megalópolis conurbada donde confluyen los territorios de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, habitada por más de 20 millones de personas, fue la sede de esas discusiones sobre el Derecho a la Ciudad, una de las urbes de mayor concentración de habitantes en del mundo.
Durante la Segunda Plenaria “Derecho a la Ciudad en la Nueva Agenda Global” se concibió al Derecho a la Ciudad como el pleno ejercicio de los derechos humanos, la participación de la propia ciudadanía en su construcción, que sea fruto de un plan de acción y de proyectos estratégicos articulados y elaborados con el punto de vista ciudadano y la cooperación pública-privada; de la lucha contra las desigualdades basada en el cumplimiento de todos los derechos de los ciudadanos; de la democracia participativa en cada ciudad y de hacer realidad la letra de las cartas por el Derecho a la Ciudad, cuando se observa un retroceso en materia del derecho a la tierra.
Igualmente, se manifestó que la construcción de espacios de participación ciudadana junto con la aplicación de una política social incluyente, son premisas básicas para garantizar el derecho a la ciudad, así como el disfrute equitativo de los recursos públicos y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, con la intención de asegurar una vida digna para sus habitantes.
Entre esos expertos figuraron en la última ronda de este Seminario, Gustavo Mosquera, secretario de Planificación Estratégica del Municipio de Morón, Argentina; Nelson Saule, de Instituto Polis, Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad; Magali Fricaudet, de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) , e Ives Cabannes, de la Unidad de Planificación del Desarrollo de la Universidad de Londres.
En la sesión de apertura, la doctora Clara Jusidman, del Consejo de Gobierno de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C., señaló los obstáculos para el ejercicio del Derecho a la Ciudad. Advirtió del crecimiento desordenado de la Ciudad de México y su área metropolitana, lo que impide la convivencia armónica y el desarrollo de las personas.
Es una crisis urbana, explicó, que se manifiesta en el desorden de poblamiento en las periferias, consideradas como áreas de agricultura; la liberación de tierras ejidales que funcionaban como barreras para limitar la expansión; y el descontrol del uso de suelo. El Derecho a la Ciudad, dijo, es impedir la expansión horizontal, donde los pobladores de las periferias no resientan la invasión y destrucción de su entorno, que las fuertes inversiones para el desarrollo de la movilidad no se constituyan en barreras para la reconstrucción del tejido social de las colonias.
De su lado, Augusto Barrera, coordinador del Centro de investigación de Políticas Públicas y Territoriales de Ecuador, convocó a pensar en el desarrollo de las personas y la igualdad de oportunidades, en un Derecho a la Ciudad que sea un ejercicio colectivo, de bien común donde sus habitantes tengan acceso a todos sus derechos sociales bajo los conceptos de justicia social y equidad de riqueza y las ciudades no sean consideradas como mercancías.
La constante en este Seminario fue el tema de los derechos humanos y desigualdad social en las urbes. Puvendra Akkiah, del Ayuntamiento de Durban, Sudáfrica, insistió en promover una cultura de los derechos humanos, así como inducir una mayor participación ciudadana en las tareas públicas. En tanto, Hassan Hmani, Teniente Alcalde sobre Democracia Participativa de Nanterre, Francia, advirtió que la desigualdad es el principal reto a vencer en cada una de las metrópolis.
Para Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México , tres principios resultan la base última que fundamentan la existencia y ejercicio de los derechos humanos: la libertad, la igualdad y la dignidad o vida digna”, ya que históricamente, la construcción de nuevos derechos se ha aparejado al cumplimiento de estos principios de conformidad con el contexto que envuelve a las sociedades, siempre cambiantes y dinámicas.
Vivienda, gobernabilidad, planeación, transporte público eficiente, espacios públicos dignos, planes económicos incluyentes, planeación de las ciudades, fueron los temas abordados en las mesas de trabajo de esta reunión de expertos, representantes de otras ciudades del mundo y vecinos de la ciudad de México.
Alrededor de cuatro mil 500 asistentes a este Seminario efectuado en el salón de un céntrico hotel capitalino, escucharon atentos las deliberaciones y puntos de vista de expertos de México, Argentina, Corea del Sur, Colombia, Ecuador, de Bélgica, Inglaterra, Francia, Brasil, Perú, Senegal, Sudáfrica, de las Naciones Unidas.
Ciudades tan lejanas como Gwangju,de Corea del Sur; Ixelles, de Bélgica; de Londres, Inglaterra; Plaine Commune y Naterre, de Francia; de Dakar y Pikine, Senegal; de Durban, Sudafrica; de Bogotá, Colombia; de Buenos Aires, Morón y Quilmes, Argentina; de Canaos, Guarilhos y Sao Paolo, Brasil; de Quito, Ecuador; y de Lima, Perú, estuvieron representadas en este evento.
Los representantes de estas ciudades compartieron experiencias con un abigarrado y nutrido auditorio de entusiasmados capitalinos, que a pesar del sofocante calor, escucharon atentos las experiencias de otras ciudades sobre un Derecho a vivir en urbes donde se respete plenamente la vida individual y colectiva, sin exclusiones, discriminaciones, donde sean plenos los derechos humanos, participativas, transparentes, de ciudadanos, con un respeto irrestricto a los entornos rurales.
Los vecinos llegaron de todos los rumbos de la capital, de Los Pedregales de Coyoacán, de los barrios originarios de Azcapotzalco, de las colonias Obrera, Morelos, Coapa, de Tepito, de los barrios y colonias de todas las delegaciones de la ciudad de México, de Xochimilco, Tlalpan, Contreras, Cuajimalpa, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac, Álvaro Obregón, todos con la viva esperanza de avanzar en el Derecho de una vida urbana de seguridad ciudadana, solidaria, democrática, justa y sostenible.
El subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Juan José García Ochoa, aseguró que los programas sociales forman parte del eje principal del derecho a la ciudad. Los planes de desarrollo urbano de la capital del país, dijo, se someten a consulta, en donde participan ciudadanos y representantes de organizaciones sociales y civiles, como parte de un proceso de planeación incluyente.
La Carta por el derecho el derecho a la ciudad, en la capital mexicana, nació en 2010 a iniciativa de organizaciones sociales. En esta Carta se manifestó la necesidad de contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable, además de impulsar procesos de organización social y fortalecer el tejido social.
En la Declaratoria final por el Derecho a la Ciudad de este Seminario, leída por la secretaria de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal, Rosa Isela Rodríguez, se dejó asentado la aspiración de construir un mundo urbano incluyente, justo, solidario, democrático y sostenible, considerando que el derecho a la ciudad es un derecho individual y colectivo de todas y todos los habitantes.
Este derecho, destaca el documento, implica ciudades donde se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos; sean democráticas, transparentes y participativas, basadas en el empoderamiento ciudadano; y sean sostenibles, que mantengan una relación equilibrada y respetuosa con el entorno rural.
El Derecho a la ciudad se concreta en una economía que vea por el bienestar de sus habitantes; ciudades multiculturales y acogedoras; donde el espacio público sea un sitio de libertad de expresión y de usos múltiples, subraya la Carta de conclusiones del Seminario Internacional de gobiernos locales por el Derecho a la Ciudad.
Este Seminario, a un año y medio de la Cumbre Hábitat III de las Naciones Unidas, se propuso demandar el reconocimiento en la nueva agenda urbana, el derecho a la ciudad frente alternativa de un discurso urbano predominante basado en el auge de grandes ciudades en competencia de una con otras.
El Derecho a la Ciudad en la capital mexicana tiene su antecedente en 2010, cuando se firmó una declaración con los objetivos de construir una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable, en la cual se impulsen procesos de organización social, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de una ciudadanía activa y responsable, con una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento de los sectores populares.
Este Derecho se establece como un Derecho colectivo de todas y todos los habitantes, donde se considera el territorio de las metrópolis y su entorno como espacios de ejercicio y para el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades.
El Derecho a la Ciudad se ha propuesto como una alternativa posible y concreta frente a un modelo de desarrollo urbano neoliberal, altamente especulativo de la tierra, expoliador de recursos naturales y deshumanizado.
Durante la lectura de la Carta Declaratoria estuvieron presentes Raúl Bautista González, coordinador del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial; Gyonggu Shin, director de World Human Rights City Forum, de la ciudad de Gwangju, Corea del Sur; Bachir Kanoute, y de la Organización Internacional de la Democracia Participativa África, Senegal.
Finalmente se reiteró el llamado a la convergencia de esfuerzos entre estados, gobiernos locales, sectores académicos, movimientos populares urbanos y ciudadanos, para lograr los objetivos propuestos en esta Declaración final del Seminario Internacional de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad.
El Seminario Internacional de Gobiernos Locales por el Derecho a la Ciudad se realizó del 20 al 22 de abril, además de la presencia de las más de cuatro mil 500 personas, entre vecinos, integrantes de comités ciudadanos interesados en el futuro de la Ciudad de México, de la Red del Foro de Autoridades Locales de Periferias por Metrópolis Solidarias, integrantes de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, académicos de universidades e instituciones educativas internacionales.