Reconocen diputados la necesidad de legislar para empoderar a las Personas Adultas Mayores en lo económico y laboral

Coincidieron en evitar la discriminación laboral de este colectivo

Ante el crecimiento numérico de las personas de la Tercera Edad en México y a la vista de las muchas carencias de este colectivo, los representantes populares de diferente signo político reconocen la necesidad de legislar para que los mayores de sesenta años puedan cubrir sus necesidades básicas al tiempo de integrarse de manera más dinámica a la sociedad, al seguir aportando su experiencia y fuerza de trabajo.

Así, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que preside el diputado Gustavo Madero Muñoz (PAN) aprobó tres proyectos de dictamen en materia de derechos de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad.

Los proyectos de decreto buscan que los adultos mayores tengan acceso a capacitación adecuada que los ayude a empoderarse en el ámbito económico y que descubran nuevas habilidades para explotar su autosuficiencia y cubrir sus necesidades.

En el mismo sentido, la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores propuesta por la legisladora Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI), cita que este sector es un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca en situaciones de discriminación.

Por ello, la Comisión acordó añadir una fracción al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

En ella se establece: son objetivos de la política nacional sobre Personas Adultas Mayores los siguientes: “fracción XXI. Promover programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral para las Personas Adultas Mayores”.

La diputada Tiscareño Agoitia comentó que la iniciativa tiene su origen en la existencia de familias en las que todos sus integrantes trabajan y no pueden cuidar a los miembros de mayor edad, por lo que se pensó en crear estancias de día como las guarderías de Sedesol “para así dejar a las personas adultas mayores, sin deshacerse de ellos, y seguir teniendo a la familia unida”, consideró.

Añadió que es obligación impulsar políticas públicas a favor de este sector vulnerable. “Es importante porque el día de mañana, no nos quejemos cuando la edad nos alcance y vivamos en carne propia lo que hoy sufren los adultos mayores”.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez (PRD) propuso modificaciones al artículo 5º de la misma ley para fortalecer las capacidades económicas de los adultos mayores, propiciando su incorporación a los procesos productivos y su capacitación con igual fin.

Sobre esto, la Comisión avaló reformar la fracción V y adicionar un segundo párrafo a dicha fracción del artículo 5º para no sólo garantizar el derecho al trabajo, sino también a las capacidades económicas, y “a ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social”.

Briones Pérez, diputada proponente, agradeció a los legisladores por avalar su iniciativa y dijo que con esto se brindará mayor apoyo a dicho sector para fortalecer sus capacidades económicas.

“La mayoría de los adultos mayores difícilmente tienen acceso al trabajo. Nos hemos encontrado que el principal reclamo es que no se les permite seguir trabajando porque la edad, aunada a la capacidad motriz, física y mental los limita para conseguir un trabajo, por lo que debemos ayudarlos para mejorar sus capacidades económicas”, subrayó.

El documento señala que el número de personas adultas mayores se duplicó en el país en menos de un cuarto de siglo, toda vez que en 1990 este grupo de edad sólo incluía a 5 millones y para los años 2025 y 2050, se estima que la cantidad de adultos mayores en México aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente.

Las diputadas Yolanda de la Torre Valdez (licencia) y Claudia Edith Anaya Mota del PRI, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 37 y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de instaurar mecanismos de monitoreo, queja y sanciones efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad.

En este sentido, la Comisión aprobó reformar el artículo 42 para establecer que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad impulsará mecanismos de evaluación y asesoría, de captación de quejas ciudadanas (en materia de infraestructura física de instalaciones públicas), coadyuvando con las autoridades competentes de acuerdo a la normatividad vigente.