Sancionarán la violencia institucional contra las personas mayores
Sancionarán la violencia institucional contra las personas mayores
- Jueces, Ministerios Públicos, policías, funcionarios de los tres niveles de gobierno, entre los infractores comunes
- Aprueban por mayoría de diputados reformas a la Ley de Derechos de las Personas Mayores
- Exigen garantizar a plenitud los derechos a las personas mayores
- Ser indígena y adulto mayor enfatiza el maltrato institucional
La Cámara de Diputados aprobó con una mayoría de votos, 422 de sus 500 integrantes, reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Mayores para sancionar la violencia institucional que ejercen contra personas mayores diversos servidores públicos, desde policías, ministerios públicos, jueces y autoridades administrativas de los tres órdenes del gobierno federal, autónomos, estatales y municipales.
En dictamen que plantea reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, los diputados señalaron a las autoridades de cualquier nivel de la función pública que ejercen violencia denominada institucional mediante actos, acciones y negligencias que segregan, discriminan, violentan derechos que atentan contra la dignidad e integridad de las personas mayores, que representan más del 14 por ciento de la población nacional, más de 18 millones en las 32 entidades de la República.
Las reformas se plantean con la finalidad de visibilizar y erradicar la violencia institucional y estructural en organismos policiacos, de procuración de justicia, educativos y de salud pública y en los ámbitos familiares en contra de los adultos mayores con cambios y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El dictamen define a la violencia institucional como los actos, acciones o negligencias de los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno que segreguen, discriminen o cuya finalidad sea la de retardar, dificultar o impedir el goce y el libre ejercicio de los derechos de los adultos mayores, así como, su acceso al disfrute de políticas públicas, programas e instrumentos de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios.
La violencia estructural, dice el documento legislativo, será aquella ejercida por la sociedad en su conjunto mediante acciones, situaciones, omisiones y creencias, en las cuales se mantienen estereotipos que normalizan la discriminación en contra de una persona adulta mayor, en razón de las características de su edad, la cual impide la satisfacción de sus necesidades básicas.
El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, también establece que las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas y los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México promoverán la implementación de acciones y políticas interinstitucionales para prevenir, atender y erradicar la violencia institucional y estructural, preservando los derechos de las personas adultas mayores.
Subraya que, al momento de la presentación de la denuncia, las autoridades competentes deberán hacer del conocimiento al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que, en caso de requerirlo, puedan brindar asesoría jurídica a la persona adulta mayor.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y promovente de las reformas, diputada Gabriela Sodi, de Partido de la Revolución Democrática (PRD), expresó que el dictamen busca agregar las definiciones de violencia institucional y estructural, así como la implementación de acciones y políticas para prevenir y erradicar estos tipos de violencia, preservando en todo momento los derechos de las personas adultas mayores.
Indicó que el maltrato o violencia hacia las personas mayores es un problema de relevancia social que puede verse manifestado en el ámbito sociocultural, jurídico o económico, teniendo como consecuencias el aislamiento, disminución de autoestima y emociones de inseguridad, que favorecen los miedos del vivir.
La violencia ejercida hacia los adultos mayores, abundó, supone un problema relevante de salud pública. Una de cada seis personas en el mundo en 2030 tendrá 60 años y en 2050 esa cifra se duplicará. Por ello, dijo, es importante que “dejemos de ver a las personas adultas mayores como una carga y empecemos a garantizar sus derechos”.
También como promovente, la diputada Adriana Bustamante Castellano, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) destacó la importancia de honrar a las y a los adultos mayores del país y aplaudió el incremento del 25 por ciento de la pensión no contributiva para esta población en 2024.
Se busca con estas reformas, agregó, visibilizar cualquier tipo de violencia con la que pueden ser víctimas las personas adultas mayores, como es la estructural o la institucional. “Las autoridades no deben segregar, discriminar ni retardar la atención de las personas adultas mayores”.
El diputado Saúl Hernández Hernández (Morena), como promovente de la iniciativa, consideró que las personas adultas mayores son uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, debido a las condiciones que restringen su autonomía, pues impiden el ejercicio pleno de sus derechos humanos y los coloca en un plano de desigualdad y desventaja frente al resto de la población.
Los adultos mayores de origen indígena o de los pueblos originarios sufren un maltrato mayor, “en donde ser indígenas y adultos mayores enfatiza el maltrato físico y verbal, y lo vemos de manera cotidiana en oficinas gubernamentales, hospitales y en la sociedad en general”, advirtió el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional.
